Casos «mochasueldos»: recomiendan suspender 120 días a Magaly Ruiz y Heidy Juárez

Hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, los congresistas de la comisión de Ética tendrán una gran responsabilidad en su votación de los informes finales de dos congresistas del caso ‘mochasueldos’, Magaly Ruiz y Heidy Juárez, que recomiendan suspenderlas de sus funciones por 120 días por el presunto recorte de los sueldos a sus trabajadores para su beneficio personal.

Es decir, hoy se conocerá si Ruiz y Juárez tienen la misma suerte que los cuatro congresistas del caso ‘Los Niños’, a quienes el pasado 18 de mayo el Pleno salvó de ser acusados constitucionalmente y desaforados de sus curules. Hoy se sabrá si los congresistas nuevamente se protegen entre sí, y si calza sobre ellos, como anillo al dedo, el viejo dicho popular que dice ‘otorongo no come otorongo’.

Las recomendaciones de los dos informes contra las congresistas son contundentes por donde se mire, pues se han encontrado indicios de responsabilidad gracias a los testimonios de los denunciantes. Los presuntos delitos penales cometidos son concusión, y los informes recomiendan además que los casos pasen a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El 5 de marzo último, la denuncia contra la congresista Magaly Ruiz se hizo pública en un programa dominical. Sin embargo, un mes antes, el 10 de febrero, el trabajador del despacho de la legisladora, Carlos Marina, envió una carta a la Oficialía Mayor en la que contó con detalles su denuncia.

Según el testimonio del extrabajador, dijo que abonaba una suma de S/1,500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la legisladora.

Señaló además que un asesor de la legisladora era el responsable de cobrar los supuestos cupos, argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos de la campaña electoral de 2021.

Según diversos chats a los que accedió el programa dominical, la congresista estaba al tanto de la situación. Un día después de la emisión del informe, el 6 de marzo, la denuncia ingresó de oficio a la comisión de Ética, y ella fue retirada de dicha comisión, por su bancada APP.

La denuncia contra la congresista Heidy Juárez también se dio en marzo, pero en la segunda semana, después de la de Ruiz.

Una semana después, en un semanario local, fue publicada una denuncia contra la legisladora Heidy Juárez, también por el presunto recorte de sueldo. Cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que Juárez, presidenta de ese grupo de trabajo, exigía presuntos pagos a través del asesor de su despacho Miguel Chafloque.

Las personas afectadas señalaron que les exigían pagos mensuales que podían ser entre S/200, S/300 y hasta S/1.000, y que provenían de sus sueldos como trabajadores al interior de la comisión especial.

ALERTAN BLINDAJE

Los analistas políticos y constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina alertaron que “es muy probable” que en la votación de hoy, en la comisión de Ética, pueda darse un nuevo blindaje de protección entre los legisladores.

Rospigliosi señaló que en caso haya blindaje se estaría ante “un proceso de desintegración de la institución democrática del Congreso”.

“Blindar a los ‘mochasueldos’ —explicó— es un proceso de desintegración moral de la institución, ya es el borde del abismo. Sería un suicidio político”.

Dijo que en caso Juárez y Ruiz sean salvadas en la comisión de Ética, lo único que podría esperarse es que pueda recomendarse su suspensión en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde también son investigadas. No obstante, Rospigliosi señaló que allí los procesos podrían demorar “hasta tres meses”.

Para Urbina, en caso se consume el blindaje, dijo que lo que estarían haciendo quienes voten a favor de esa protección sería hacer “un abuso de su poder”, y un próximo Parlamento podría acusarlos constitucionalmente a ellos y a las legisladoras que reciben esa protección.

No obstante, Urbina dijo que también se corre el riesgo que en caso no prospere el “blindaje” y se apruebe los informes de suspensión, se podrían librar del desafuero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde también se ven sus denuncias, y harían todo lo posible para que quejarse de que “no podrían ser sancionadas dos veces por el mismo hecho”.

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