La empresa que está construyendo el Megapuerto de Chancay tiene la costumbre de empapelar a los ciudadanos que la critiquen. Cinco ciudadanos han sido denunciados y querellados por la compañía Cosco Shipping Ports, antes llamada Terminales Portuarios Chancay, y sus directivos.
La empresa de capitales chinos también ha sido beneficiada durante años por los gobiernos de turno con adendas, según documentos a los que accedió EL FOCO. Hay un dato igual de importante: por las filas de la compañía han desfilado ex comandantes generales de la Marina, institución que, a través de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (Dicapi), autorizó el uso del área acuática de Chancay.
A mediados de mayo el Megapuerto de Chancay llamó la atención del país cuando dos casas de la zona de Peralvillo colapsaron a causa de la construcción del túnel subterráneo que pasa por debajo de la ciudad y conectará la zona portuaria con el área logística. Los trabajos de perforación subterránea fueron paralizados, pero las obras en el puerto continúan.
El trabajo en la zona portuaria se centra ahora a la demolición de dos cerros: “La Punta”, que alberga al faro de Chancay, y “Cascajo”, en cuya falda lateral viven cientos de vecinos de la Asociación Vecinal La Puntilla.
A Miriam Arce, vecina de La Puntilla, Terminales Portuarios Chancay la denunció por romper una malla y quisieron hacerla responsable de la pérdida de 27 mil dólares. “Han tratado de todas las formas de incriminarme y como no tiene argumentos para denunciarme por calumnia o difamación, entonces han inventado un tema”, dice Arce.
El conflicto entre Arce y la concesionaria del Puerto de Chancay se remonta a septiembre de 2017, cuando la vecina de La Puntilla fue denunciada ante la Fiscalía Corporativa Penal de Huaral por el delito contra el patrimonio. Lo que hizo Arce solo fue subir al techo de su vivienda para grabar los trabajos que hacía la empresa en el cerro colindante a su vivienda.
Arce es presidenta de la Asociación en Defensa de las Viviendas y Medio Ambiente del Puerto de Chancay y desde 2016 viene grabando la ejecución de la megaobra. “Hay explosiones a menos de 50 metros de distancia donde se están trayendo abajo un cerro completo, y en la que las poblaciones estamos alrededor de este cerro”, detalla Arce.
Lo impresionante del caso es que la empresa denunció a Arce por haber causado un perjuicio de S/500 por la malla rota y USD 27,560 por los trabajos de voladura que presuntamente paralizaron con esta acción. La denuncia fue archivada en julio de 2019. Uno de los argumentos fue que la empresa se contradijo en su versión de que la voladura fue interrumpida por el corte de la malla.
Cosco Shipping ha firmado múltiples acuerdos con agrupaciones vecinales de Chancay que se ven afectadas por explosiones y taladros de la obra. En los acuerdos la empresa ha puesto que, a cambio de una subvención mensual de S/ 600 por familia, los residentes “asumen el compromiso de no iniciar o continuar acciones legales dirigidas a impedir la ejecución”, según indica el documento. Los acuerdos también compromete a los vecinos a no oponerse legalmente al megapuerto.
Judith Apolinar Melendez es comunicadora social de Chancay y fue también querellada por difamación por Cosco Shipping. En la demanda la acusan de atentar “contra la reputación, el honor y al buena conducta” de la empresa. Apolinar conduce un programa en Facebook desde el cual comenta distintos temas de Chancay y ha realizado coberturas de las marchas contra el megapuerto.
Apolinar también ha sido querellada por difamación por dos directivos de la empresa. Se trata de los ex comandantes generales de la Marina, Carlos Tejada Mera y Gonzalo Ríos Polastri, ambos gerentes de Cosco Shipping Ports. Además de Ríos y Tejada, el ex comandante general de la Marina, José Noriega Lores, también ha sido directivo de la empresa. Noriega no forma parte de la empresa desde 2019.
El Segundo Juzgado Unipersonal de Huaral desestimó la denuncia de la empresa contra Apolinar debido a que “todos los reportajes que se han brindado corresponden a la transmisión de situaciones que se han dado en la calle (…) o que simplemente informaba a través de documentos”.
El 15 de junio, día en que un equipo de EL FOCO llegó a Chancay a entrevistarla, Apolinar recibió una nueva carta notarial. Esta vez la carta es de presuntos familiares de los trabajadores del proyecto, según indica Apolinar, quienes la acusaron de difamarlos por decir que juegan en favor de la empresa.
Gina Pérez y Carlos Romero, quienes son dirigentes de la Coordinadora en Defensa de los Intereses de Chancay desde hace 13 años, también ha sido denunciados por Terminales Portuarios Chancay por difamación. El motivo de la denuncia fue afirmar en una entrevista radial que el megapuerto transportaría minerales.
“Pidieron 3 años de cárcel y S/350 mil de reparación civil”, asegura Pérez. La defensa de la dirigente argumentó que la afirmación sobre el transporte de minerales viene de las declaraciones públicas que hicieron expresidentes de la República. Finalmente, la empresa desistió de la demanda.
El miedo de que su ciudad se vuelva una zona de transporte de minerales es real: Volcan, una de las empresas que impulsó el megapuerto, mantiene 231 faltas en los registros del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La composición accionarial actual de Cosco Shipping Ports es: 60% de capitales chinos, de Cosco Shipping, y 40% de Glencore, la firma suiza que es dueña de Volcan.
Las operaciones del Megapuerto de Chancay han sido, por lo menos, sospechosas desde sus inicios. En 2016, el portal “Convoca”, como parte del caso Panama Papers, dio cuenta de la operación secreta que emprendió la minera Volcan para comprar terrenos de la zona del Puerto de Chancay a través de offshores.
A Gregory Paredes Saavedra, capitán de la Marina retirado, lo querellaron por difundir sus cuestionamientos del proyecto en su perfil de Facebook. “Yo lo que cuestioné es que durante todo ese tiempo no han, aparentemente, construido las obras pactadas en el contrato”, indica Paredes.
El 10 de mayo de 2022 Cosco Shipping presentó una querella por difamación contra Paredes. el exmarino tiene desde enero del 2020 una sentencia de 3 años de prisión suspendida y una reparación civil de S/ 100 mil por una demanda interpuesta por Gonzalo Ríos Polastri, ex comandante general de la Marina y actual gerente general adjunto de Cosco Shipping. El caso hoy está en el Décimo Juzgado Constitucional por un pedido de habeas corpus que presentó Paredes.
La ejecución del Megapuerto de Chancay ha tenido múltiples adendas a sus permisos de ejecución de obras. Sus operaciones iniciaron formalmente con la habilitación portuaria en favor de Terminales Portuarios Chancay emitida en octubre del 2014 por la Autoridad Portuaria Nacional. El plazo inicial fue de 2 años.
Luego, en la firma de un contrato con Proinversión en 2016, la empresa se comprometió a ejecutar la obra por USD 447 millones en un plazo extendido de 4 años, hasta el 2018. En febrero de 2019 la gestión de Martín Vizcarra extendió el plazo de ejecución de 4 a 6 años, hasta el 2020.
Actualmente las obras se desarrollan bajo una habilitación portuaria otorgada el 11 de febrero de 2021 por la Autoridad Portuaria Nacional, en el que Cosco Shipping se compromete a una inversión de USD 1213 millones adicionales al proyecto original. El último 23 de junio el Congreso aprobó la conformación de una comisión investigadora para el caso del Megapuerto de Chancay.
EL FOCO buscó los descargos de Cosco Shipping Ports, y la empresa respondió vía una carta firmada por su gerente de Asuntos Públicos, Mario de las Casas Vizquerra. La empresa señaló que las denuncias y cartas notariales “han sido siempre en defensa de su honor o los derechos que tienen como persona jurídica (…) nunca como un mecanismo de coerción o amedrentamiento”.
Sobre el transporte de minerales, la empresa reafirmó que la megaobra no contempla el transporte de concentrados de mineral a granel, y que “existen tanto la obra como los estudios de ingeniería, que forman parte de la inversión, que se han realizado en cumplimiento de los instrumentos formalizados”.
En la carta, Mario de las Casas señala también que la ejecución de la obra es “una inversión privada para uso público” y que “debe cumplir con lo que sus inversionistas esperan, en concordancia con los permisos y las regulaciones del Estado”, refiriéndose a las adendas a la ejecución de las obras.
Fuente: El Foco
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