El congresista Alejandro Muñante, exmiembro del partido Renovación Popular, ha promovido el Proyecto de Ley N° 5073/2022-CR. Esta iniciativa, apoyada por el Grupo Parlamentario Renovación Popular, busca establecer medidas para regular la prestación de servicios educativos de gestión privada. Sin embargo, las implicaciones de esta propuesta han generado controversia debido a sus posibles efectos negativos en el sistema educativo. Además, se sabe también que los coautores de la propuesta son: Jorge Montoya, José Cueto, Javier Padilla, Jorge Zeballos, María Jáuregui.
Propuestas polémicas en la ley de Muñante
Según el parlamentario este Proyecto de Ley N.º 5073/2022-CR tiene como objetivo principal combatir la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada. Según el documento, «la presente ley tiene por objeto perfeccionar el derecho fundamental de la educación como un servicio público, así como modificar los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 14, 16, 17, 18 y 21 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados». No obstante, esta iniciativa ha sido criticada por algunos sectores que señalan que las nuevas regulaciones podrían dejar a muchos alumnos fuera del sistema educativo debido a problemas financieros. El artículo 16.9 establece que:
- «Pasados los tres meses de no pago de las pensiones de enseñanza, la IEP, en coordinación con la UGEL, cita al padre de familia para que previo acuerdo se establezca un cronograma de pagos.»
- «En caso de incumplimiento, la IEP hace conocer al padre de familia que se está dando por concluido el servicio educativo y se le orienta para realizar el traslado del estudiante a una institución educativa pública».
Restricciones y control centralizado
El proyecto de ley también incluye disposiciones que podrían reducir la autonomía de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en cuanto a la fiscalización y control de las instituciones educativas privadas. Según el texto del proyecto, «el Ministerio de Educación cuenta con competencia para establecer los requisitos, las condiciones y los plazos aplicables a los procedimientos de:
- Ampliación de servicio educativo,
- Traslado,
- Reapertura,
- Fusión o división,
- Cierre o receso de servicios educativos,
- Cierre de la institución educativa privada,
- Cualquier otra modificación a la autorización de funcionamiento».
Esta centralización del control podría limitar la capacidad de las UGEL para responder de manera eficaz a las necesidades locales, afectando así la supervisión y regulación descentralizada.
Consecuencias económicas y educativas
La implementación de este proyecto de ley podría tener efectos adversos en la oferta educativa y en el acceso de los estudiantes a la educación privada. Según el análisis del impacto económico del decreto, el impacto económico se traducirá en:
- La desaceleración del crecimiento de la oferta educativa,
- El menor acceso a esta por parte de los niños y niñas de los niveles C y D,
- La ventaja competitiva creada por defecto en favor de los nidos existentes gracias a la desigualdad que el Estado introduce en el mercado».
Además, el artículo 16.1 estipula que ‘la institución educativa privada puede retener los certificados de estudios, libretas de notas y demás documentos de evaluación correspondientes a los grados de estudios no pagados’, lo cual podría perjudicar gravemente a los alumnos y sus familias al dificultar su continuidad educativa.
El proyecto de ley promovido por Alejandro Muñante ha generado un debate significativo sobre su eficacia y las consecuencias reales que podría tener en el sistema educativo peruano, cuestionando si realmente se logrará una mejora sustancial en la calidad y equidad de la educación.
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