Los 11 miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas mostraron un «interés inapropiado y en beneficio personal» en la aprobación de una legislación que permite a cinco de ellos percibir un salario doble del Estado, según la denuncia constitucional que la fiscalía de la Nación ha presentado ante el Congreso.
Eso supone, en los hechos, que los congresistas y a la vez pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reciben un ingreso mensual superior a los 30 mil soles, entre sueldo, gratificación, asignación de desempeño, apoyo logístico y pensión. Aparte de su pensión, de acuerdo con fuentes castrenses, los militares que se han desempeñado como comandantes generales reciben otros cinco mil soles al mes, aproximadamente, por asesorar al comandante general de su institución, en funciones.
La fiscalía subraya que la doble remuneración está prohibida para todos los trabajadores civiles del Estado y buena parte de los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En tanto, la Ley aprobada por el Congreso, a propuesta de la referida Comisión, permite la doble remuneración pero solo a un sector específico de militares y policías pensionistas, grupo al que pertenecen coincidentemente cinco congresistas.
El sustento y contenido de la denuncia constitucional
Congreso de la República
El despacho de la fiscalía de la Nación sustenta esta acusación en el itinerario que siguió el proyecto de Ley en el Congreso, el texto de la norma aprobada y la sentencia del Tribunal Constitucional que pedía uniformizar el tema de las pensiones y remuneraciones simultáneas para todo el sector público y no en beneficio exclusivo de un sector específico de ex militares.
La fiscalía no cuestiona su función parlamentaria. La denuncia constitucional les atribuye el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por promover y aprobar una ley que los beneficia de forma directa al mejorar sus ingresos mensuales, mientras que pensionistas de otras instituciones no tienen la misma suerte.
«Se incrimina a José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza en sus actuaciones como congresistas de la República e integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del periodo 2021-2022, haberse interesado indebidamente y de forma directa, en provecho propio en la promoción y priorización de la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 319/2021-CR con su texto sustitutorio» indica la denuncia, a la que ha tenido acceso La República.
«Con lo cual -prosigue- permitieron para sí mismos la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas (en el caso de Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León y Cueto Aservi) y Policía Nacional del Perú (En el caso de Azurín Loayza)».
ENFOQUE REAL 