Por Carlos Mesías:
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huaral, a cargo del magistrado Víctor David Minchán Vigo, sentenció al actual alcalde distrital de Chancay, Juan Alberto Álvarez Andrade, alias Juanelo, a cinco años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, tras hallarlo responsable del delito de peculado doloso, previsto en el artículo 387 del Código Penal Peruano.
La condena deriva de la irregular entrega de la administración de los servicios higiénicos del Puerto de Chancay a terceros, acción que, según la justicia, constituye un acto de apropiación o disposición ilegal de bienes públicos en beneficio de particulares, configurando así el delito de peculado.
La acusación fue impulsada por el procurador público de Chancay, abogado José Ramos Casazola, y el Estado peruano figura como agraviado en este proceso, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura.
Pese a la contundencia de la resolución, Álvarez Andrade ha intentado minimizar el fallo, alegando ante algunos periodistas afines que todo obedece a una supuesta “campaña política” en su contra. No obstante, el tribunal ha sido claro en establecer su responsabilidad penal directa, descartando cualquier interpretación política o de persecución.
El alcalde condenado argumentó que nunca “concedió” la administración, sino que únicamente “encargó” el cuidado de las instalaciones, afirmando que estas permanecen intactas. Sin embargo, la justicia precisó que tales actos de disposición de un bien público, sin la formalidad y legalidad correspondientes, constituyen claramente en peculado doloso.
Además de la pena privativa de libertad suspendida, la sentencia implicaría una inhabilitación en su carrera electoral, lo cual cierra cualquier posibilidad de candidatura política para Álvarez Andrade, pese a que haya intentado relativizar la decisión señalando que la condena era un exceso y que, “si el destino marca que no continúe en carrera, así será”.
La resolución constituye un duro golpe contra la posible corrupción municipal en Chancay, y un precedente judicial que evidencia que los bienes del Estado no pueden ser tratados como patrimonio personal de las autoridades de turno.
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