El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, se pronunció nuevamente por la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien permanece en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Como se sabe, la también excongresista, a través de una carta que se hizo pública el último martes, anunció que había decidido retomar y radicalizar su huelga de hambre en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde está actualmente recluida.
Chávez Chino sostuvo que esa decisión respondía a que le es “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE”, entidad adscrita al Ministerio de Justicia «y que responde directamente a Dina Ercilla Boluarte Zegarra”.
Tras hacerse pública la carta, el parlamentario Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-VP) anunció que «más de 20 congresistas» presentaron un documento al Instituto Nacional Penitenciario, al «Ministerio de Justicia , Corte Suprema y Defensoría del Pueblo para el inmediato traslado de Betssy Chávez a un centro penitenciario dónde no corra riesgo su vida». Dicho establecimiento, según el documento, es el penal de mujeres Virgen de Fátima de Chorrillos.
Ante esta situación, el INPE indicó este viernes que dicha solicitud «debe ser presentada exclusivamente por la interna ante la institución para su respectiva evaluación, con el fin de determinar si procede o no su traslado».
Asimismo, «respecto a la denuncia formulada por la interna sobre presuntas amenazas contra su integridad», el instituto señaló que se realizó una investigación administrativa que determinó que «no existen elementos que corroboren y/o evidencien las presuntas amenazas o que pongan en riesgo su integridad personal».
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