Poder Judicial renovó las órdenes de captura nacional e internacional contra Betssy Chávez

El Poder Judicial renovó las órdenes de captura a nivel nacional e internacional que se dictaron en contra de la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, para que cumpla la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que se le impuso por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al ejecutar lo establecido en la sentencia que emitió la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el 4 de diciembre del 2025, en la que se dispuso la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de Chávez Chino para que cumpla con la pena que le impuso dicho tribunal supremo al condenarla como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado a raíz de este caso.

Mediante una resolución emitida el último 14 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado dispuso que se cumpla con la renovación periódica de las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra Betssy Chávez y además que se comunique esta decisión a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima para los fines pertinentes.

En dicho documento, el juez supremo Checkley Soria también da cuenta que el último 19 de mayo se cursó un oficio a la Policía Judicial mediante el cual se dispuso la inmediata ubicación y captura de Betssy Chávez a nivel nacional e internacional.

A través de sus redes sociales, Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, cuestionó la decisión emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley al sostener que la captura de su patrocinada no será posible, ya que se encuentra bajo asilo diplomático en México. 

En la referida sentencia condenatoria también se le impone a Chávez Chino dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y se dispuso que pague la suma de 12 millones de soles por concepto de reparación civil a favor del estado peruano, en forma solidaria, con el expresidente Pedro Castillo, el exministro del Interior, Willy Huerta, y el exasesor Aníbal Torres, quienes también fueron condenados dentro de este proceso penal.

Betssy Chávez deja el Perú: gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la expremier

El Gobierno peruano decidió otorgar las garantías y el salvoconducto a la ex primera ministra del mandato de Pedro Castillo, Betssy Chávez, de acuerdo a los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 de la que Perú y México son partes. Exitosa pudo conocer que la expremier salió del país.

Gobierno otorga salvoconducto a Bettsy Chávez

Después de ingresar y refugiarse en la residencia de la Embajada de México en Lima el pasado 2 de noviembre de 2025, la mañana de este viernes, 7 de agosto, la Cancillería peruana informó que la gestión de la presidenta Keiko Fujimori decidió conceder el salvoconducto a la también exparlamentaria Chávez Chino.

Cabe señalar que, esta decisión se oficializó tan solo poco después de que Perú y México restablecieran sus relaciones diplomáticas. A través de un comunicado la cartera de Relaciones Exteriores explicó la razón de esta determinación a favor de la exintegrante del Congreso.

«El Gobierno del Perú reitera de manera enfática, que no existe persecución política y que en el país imperado el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso», se lee en el texto.

Documento en el que se otorga el salvoconducto a Betssy Chávez

En esa línea, se agrega que el gobierno peruano «continúa impulsando el proceso de consultas» con otros países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de «promover una reflexión» orientada a que no se distorsione la aplicación de la institución del asilo.

Cabe señalar que el documento estipula que, la entrega del referido salvoconducto se realiza «con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición de la señora Chávez Chino».

Canciller Espá confirma que Betssy Chávez abandonó el Perú

El canciller Carlos Espá confirmó la condenada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, salió del territorio nacional hoy a la medianoche tras recibir el salvoconducto por parte de la actual administarción de la jefa de Estado Keiko Fujimori.

Betssy Chávez se burla del PJ y hace campaña por su madre desde sede que la asila

La expremier castillista Betssy Chávez lleva tres meses asilada en Lima bajo la protección del Gobierno mexicano. No puede salir de la residencia diplomática por el riesgo de ser detenida, pero eso no le ha impedido hacer campaña en favor de su madre Herminia Chino, quien postula al Senado con el cuestionado partido Podemos de José Luna Gálvez.

Chávez pretende pasar como víctima tras ser condenada, en noviembre de 2025, a 11 años de cárcel por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 que lideró Pedro Castillo.

Así lo hace saber a través de sus redes sociales, donde permanece activa, muestra sus dibujos, convoca a sus seguidores y exige al Gobierno peruano que se le conceda el salvoconducto que le permita salir del país sin problemas y fugar a México.

Su progenitora, por su parte, sostiene su campaña política en la misma idea: buscar la libertad plena de Betssy Chávez. Una simbiosis familiar.

Sin embargo, el Poder Judicial comprobó la participación de la exministra en las coordinaciones para concretar el cierre ilegal del Congreso, y la reorganización del sistema de justicia, al coordinar la difusión del mensaje presidencial de Castillo en televisión nacional. No es ninguna inocente.

Y en este contexto, la abogada tacneña busca que Herminia Chino capitalice los votos que cree ha ganado por ser una supuesta perseguida política.

El 30 de enero último, Chino publicó en Facebook una “carta abierta al Estado peruano” para insistir con el salvoconducto para su hija y aseguró que, de llegar al Senado, “seguiré trabajando para que se respeten los derechos humanos y la dignidad del pueblo peruano”.

En otras publicaciones comparte los videos que su hija graba desde la residencia mexicana, país con el que Perú rompió relaciones diplomáticas, precisamente, por el asilo que concedió a la exfuncionaria.

Hace una semana, en tanto, la ex primera ministra publicó en su cuenta de TikTok un video en el que aparece con su madre candidata y anuncia que prepararán un picante de camarones y que luego ella estará viajando al sur del país.

“Mi mami está viajando mañana a la ciudad de Tacna, así que para toda la familia y las amistades les envío con ella un fuerte abrazo, y también va a estar viajando a Puno y Arequipa”, contó Chávez Chino.

Lo que se muestra como una relación afectiva madre-hija es en realidad una campaña para conseguir votos, y de eso también se aprovecha el investigado José Luna que quiere ser presidente en 2026.

Perú21 conoció que la expremier solo ha recibido visitas familiares en la residencia mexicana, a la que eventualmente acude el consul Enrique Paredes. En el lugar trabajan dos empleadas y un chofer.

¿Qué hace Brasil en esta trama?

En la propiedad donde se encuentra Betssy Chávez, en San Isidro, se ha izado desde la semana pasada la bandera de Brasil.

En un comunicado, el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva informó que representa los intereses diplomáticos de México ante la crisis declarada con Perú, invocando los incisos b) y c) del artículo 45 de la Convención 
de Viena.

En ambos acápites se estipula que un tercer Estado puede custodiar los inmuebles de un país en medio de un conflicto diplomático con la anuencia del Estado residente.

En este caso, Perú aceptó que Brasil custodie los bienes del país norteamericano.

No es el único ejemplo de este tipo. Esto mismo se repite en Venezuela, que tras romper relaciones diplomáticas con Perú, en julio de 2024, permitió a Brasil que haga lo mismo con las sedes peruanas ubicadas en Caracas.

PJ aprueba inicio de investigación a Betssy Chávez por presuntas irregularidades en contratación de familiares de su expareja

El Poder Judicial dio luz verde al inicio de una investigación preparatoria contra la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, por las presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su entonces pareja sentimental, Abel Sotelo, en puestos del Estado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley dispuso esta medida luego de que la Fiscalía de la Nación le notificara la decisión, emitida el 27 de noviembre de 2025, de formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Chávez Chino por un periodo de 120 días naturales. La exfuncionaria es investigada como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, por hechos que se habrían producido cuando ejerció como congresista de la República, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y ministra de Cultura.

Checkley Soria ordenó notificar la resolución emitida el pasado 7 de enero —a la que tuvo acceso RPP— tanto a la Fiscalía de la Nación como a la Procuraduría General del Estado y a la defensa legal de la expremier, para los fines correspondientes.

La Fiscalía de la Nación dio inicio a esta investigación preparatoria después de que, el 1 de octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobara el informe final de la denuncia constitucional presentada contra Betssy Chávez, como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado, a raíz de estos hechos.

De acuerdo con la tesis fiscal, Betssy Chávez se habría interesado de manera indebida y directa en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, como asistente nivel 2 de la organización parlamentaria de su despacho congresal, así como en la contratación de Flor Sotelo, hermana de Abel Sotelo, como auxiliar nivel 2 de dicha organización.

La Fiscalía también afirma que la investigada se habría interesado de manera indebida en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, como apoyo administrativo en la Red Asistencial Tacna del Seguro Social de Salud (EsSalud), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La Fiscalía también imputa a Betssy Chávez haberse interesado de manera indebida en la designación de Antonio Sotelo, padre de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, como intendente regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, sostiene que habría ejercido influencias reales sobre el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López, a quien presuntamente le ofreció interceder para que Antonio Sotelo fuera designado jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), a cambio de que este le brindara apoyo político en la región Tacna durante sus viajes de representación.

El 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Betssy Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, y dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, en el marco del proceso penal que afrontó por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La expremier se mantiene en la residencia de la Embajada de México en Lima, tras haber recibido asilo diplomático por parte del Gobierno de ese país.

Poder Judicial ordena ubicación y captura de Betssy Chávez a nivel nacional e internacional

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ordenó la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la exministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. Esta decisión se da tras la lectura de su condena de 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión, luego de que el Juzgado determinara que Chávez Chino participó en la planificación y coordinación del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, junto al expresidente Pedro Castillo.

Adicionalmente, la jueza Norma Chávez, también dictó una sanción de dos años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, tal y como se hizo contra Castillo y Huerta.

Cabe indicar que el pasado 24 de noviembre, el primer ministro Ernesto Álvarez reiteró que no irrumpirá en la Embajada de México. “De manera técnica, tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller Hugo de Zela, que tiene una larguísima trayectoria exitosa en el campo diplomático, conocemos de que no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o requerimiento por parte la justicia peruana”, aclaró.

Raúl Noblecilla se pronuncia

Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, uso su cuenta de X para pronunciarse sobre la condena de 11 años de su clienta. 

«Se concretó la sentencia de la dictadura contra el presidente Pedro Castillo, Betssy Chávez y Anibal Torres. La dictadura cumplió el encargo de los grupos que mantienen secuestrada nuestra democracia», escribió en un post acompañado con un video y que concluyó con la frase: «Hoy más que nunca, unidad y resistencia». 

Betssy Chávez: presentan habeas corpus para evitar eventual ingreso de la PNP a la embajada de México

El abogado Jesús Barboza presentó un habeas corpus preventivo para evitar que las fuerzas del orden ingresen a la embajada de México para retirar a la exministra Betssy Chávez, contra quien el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva al existir peligro de fuga, en el marco de la investigación en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

La demanda solicita que se ordene un total de seis medidas. Entre las principales se pide que se disponga que «ninguna autoridad, incluyendo al presidente José Jerí, la PNP, el Ministerio Público o el Poder Judicial pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la sede diplomática de México, sin consentimiento expreso de la misión responsabilidad administrativa, civil, penal y política nacional e internacional».

Asimismo, se solicita «que se dicten medidas de protección y cautelares urgentes, garantizando la seguridad del recinto diplomático y de las personas refugiadas o presentes dentro de la misión».

Los emplazados son José Jerí; el ministro de relaciones exteriores, Hugo de Zela; y la representante del Poder Judicial, Janet Tello.

¿Qué solicita el habeas corpus preventivo?

Los seis pedidos del habeas corpus son:

  1. Se declare la amenaza cierta, real y grave de afectación a la inviolabilidad de sede diplomática, reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y con rango constitucional por el artículo 55 de la Constitución del Perú.
  2. Se disponga que ninguna autoridad incluyendo el Presidente de la República, la Policía Nacional, Ministerio Público o el Poder Judicial, pueda ingresar por la fuerza, requisar, allanar o intervenir la sede diplomática de México, sin consentimiento expreso de la misión responsabilidad administrativa, civil, penal y política nacional e internacional.
  3. Se ordene al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional que se abstengan de ejecutar cualquier acto material de ingreso, captura o intervención dentro de la embajada, incluso bajo pretexto de mandato judicial relacionado con la Sra. Betsy Chávez o cualquier otro investigado.
  4. Se dicten medidas de protección y cautelares urgentes, garantizando la seguridad del recinto diplomático y de las personas refugiadas o presentes dentro de la misión.
  5. Se disponga la comunicación inmediata de esta resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y Presidencia del Consejo de Ministros para su ejecución obligatoria y supervisión.
  6. Se condene a los responsables al pago de los costos del proceso conforme al Art. 28° de la Ley No 31307, Código Procesal Constitucional y sus modificatorias, concordados con los Arts. 410° al 419° del Código Procesal Civil.