La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que limita las investigaciones fiscales a Dina Boluarte, y a cualquier presidente de la República en ejercicio, no favorecerá al detenido exmandatario Pedro Castillo, procesado por el golpe de Estado de 2022 y por actos de corrupción.
Especialistas consultados por Perú21 coincidieron en que ese fallo, publicado el 19 de agosto, no es retroactivo, por lo que el golpista no podrá invocarlo para pedir la anulación de pesquisas que se desplegaron cuando era mandatario (2021-2022).
El penalista César Nakazaki explicó que el TC ha aclarado, por ejemplo, que de ahora en adelante los fiscales están prohibidos de allanar Palacio de Gobierno, como lo hicieron durante el mandato de Castillo.
“El Tribunal Constitucional ha marcado bien que como se trataba de una situación que no estaba definida, que había interpretaciones en contrario, recién queda claro que esto va de acá para adelante (…) No creo que (Castillo) pueda utilizar la sentencia como algún tipo de argumento jurídico para tratar de activar algo”, alegó.
Nakazaki, no obstante, argumentó que esa resolución sí puede ser usada por el profesor chotano como “arma política” para reclamar un trato diferenciado con respecto a Boluarte, quien no podrá ser investigada hasta 28 de julio de 2026.
Y es que en 2022, el mismo TC rechazó un habeas corpus del entonces jefe de Estado y avaló el allanamiento que hizo la Fiscalía a Palacio de Gobierno.
Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga detalló a este diario que la misma sentencia refiere que esta no aplica para casos graves como disolución del Congreso o si rompe el orden constitucional.
Agregó que, en ese sentido, el artículo 117 de la Carta Magna ya establece que si un presidente intenta disolver el Parlamento puede ser acusado durante su gestión.
VA POR LA NULIDAD
Pero el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, tiene una interpretación distinta. Aseveró que la sentencia del TC sí tiene efectos en procesos penales previos a su emisión y por eso pedirá la nulidad de los actos realizados contra su patrocinado cuando se encontraba en funciones.
“El TC no está creando una nueva norma, está haciendo una interpretación correcta del artículo 117, por eso dice que se suspenden las investigaciones de Boluarte que vienen de atrás”, expresó Ayala.
En esa línea, Ayala insistió en que pedirá anular la detención de su defendido que sucedió el 7 de diciembre de 2022, porque si bien ese día fue vacado por el Congreso —alega—, su captura sucedió cuando aún era gobernante.
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