La soberbia e informalidad vuelven a marcar la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez, esta vez con un nuevo escándalo: el Gobierno Regional de Lima fue multado por ejecutar modificaciones en su propia sede sin autorización municipal, vulnerando la normativa que cualquier ciudadano está obligado a respetar.
La Gerencia de Fiscalización intervino las instalaciones y constató que el edificio regional estaba siendo alterado sin contar con los permisos exigidos por ley. El resultado: una notificación inmediata para regularizar la situación y multas administrativas por quebrantar las normas.
Este episodio se suma a la larga lista de denuncias que arrastran la gobernadora y su círculo de funcionarios por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y malos manejos, confirmando un patrón de conducta basado en la ilegalidad. La máxima autoridad regional, en lugar de dar ejemplo de respeto institucional, prefiere actuar al margen de la ley, como si su cargo le otorgara impunidad absoluta.
Con esta nueva falta, Rosa Vásquez demuestra una vez más que su estilo de gobierno no es la transparencia ni la legalidad, sino la prepotencia y el desprecio por las reglas. Si así se maneja la institución que debería liderar el desarrollo y la formalidad, ¿qué puede esperar la ciudadanía?
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