El 24 de septiembre de este año una auditoría de la Contraloría advirtió que la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF), a cargo entonces de Roberto Kanashiro Romero, modificó arbitrariamente las bases del concurso para la compra de 3,164 chalecos antibalas afectando a la mayor parte de los proveedores y favoreciendo a otros.
Era una evidente manifestación de manipulación del proceso con el propósito de orientar la adquisición a beneficio de un proveedor, como informó en su momento La República.
La Contraloría detectó una gravísima anomalía: “Durante la absolución de consultas la OGAF modificó una de las condiciones previstas en las bases administrativas de la contratación internacional (…) con relación al plazo de fabricación de los chalecos antibalas al ser entregados por el postor ganador, motivando que las propuestas de 7 de 9 postores sean descartadas durante la evaluación de ofertas”.
Por modificar se entiende por cambiar, variar, manipular; en este caso, en favor de una compañía.
“(Esta) situación estaría generado cuestionamientos al trato justo e igualitario y a la transparencia del procedimiento de selección, así como limitar a la entidad a la obtención de mayores ofertas”, informó la Contraloría con absoluta precisión.
“En otras palabras, lo que estaba diciendo la Contraloría es que el proceso había sido ‘arreglado’ para favorecer a una empresa ofertante, adecuando las bases del concurso para que encajara con el producto propuesto”, explicó una fuente del Ministerio del Interior con conocimiento del caso.
“Al respecto, es probable que la empresa que ha ganado el concurso ya tenga en almacenes un lote de chalecos antibalas, por eso la OGAF recortó el plazo de entrega, mientras que las otras compañías fabrican a pedido, es decir, una vez que firman el contrato”, añadió la fuente.
Poco tiempo después de la advertencia de la Contraloría, el ocho de octubre el propio Kanashiro suscribió contrato con la compañía Armor Life Lab, de México, por US$2,008,989 (alrededor de S/7,000,000), pese a que el Comité de Selección de la Séptima Región Policial de Lima desestimó por razones técnicas el modelo presentado por dicha empresa.
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