Mientras el discurso oficial habla de lucha contra la corrupción y respeto a la institucionalidad, la realidad política en el Callao y en Lima provincias exponen patrones distintos: En Lima Provincias el consejo regional se convierte en muralla de protección.
En el Callao, los consejeros regionales han optado por cerrar filas y bloquear, en la práctica, el ingreso de Ciro Castillo, gobernador suspendido, pese a que el Poder Judicial levantó medidas que le permitirían presentarse en la sede del GORE. La escena fue clara: seguridad impidiendo el ingreso, consejeros evaluando “procedimientos” y una institucionalidad que piensa en el daño político que generara que Castillo tome control del gobierno.
Pero si en el Callao el cerrojo es frontal, en Lima provincias la estrategia es más sutil: dilatar, alargar y marear.
El Consejo Regional de Lima viene estirando la sesión sobre la suspensión de Rosa Vásquez, gobernadora sentenciada por corrupción por el caso del Centro Cívico de Huarochirí, con condena de nueve años y cinco meses de prisión. En lugar de actuar con celeridad, el consejo parece apostar por el desgaste, el trámite eterno y la ambigüedad política.
La pregunta es inevitable:
¿Por qué tanta rapidez para bloquear y tanto cálculo para suspender?
¿Por qué el rigor depende del nombre, el color político o las alianzas internas?
Callao y Lima provincias muestran hoy dos caras del mismo problema: consejos regionales que ya no fiscalizan y otros en donde parece tener claras la lucha contra la corrupción. No es institucionalidad, es conveniencia. No es legalidad, es blindaje.
Y mientras tanto, la ciudadanía vuelve a mirar el espectáculo de siempre:
cuando la justicia toca la puerta, el poder regional corre a ponerle doble cerrojo.
ENFOQUE REAL 