Por: Andrés Tello
El Perú vive un momento que exige serenidad, pero también firmeza. No estamos frente a una simple disputa política ni ante un intercambio más de acusaciones entre candidatos. Estamos ante una coyuntura en la que el control del Estado, en pleno año electoral, puede marcar el rumbo institucional de los próximos años.
Mientras Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori continúan señalándose mutuamente por lo ocurrido en la elección de la presidencia del Congreso, el país enfrenta un desafío mayor que cualquier disputa personal: garantizar que el aparato estatal no sea utilizado para distorsionar la competencia democrática.
Hoy el Ejecutivo se sostiene en una convergencia política donde participan Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre. En año electoral, el control de ministerios con fuerte presencia territorial no es un detalle menor. Economía, Vivienda, Transportes, Desarrollo e Inclusión Social y otros sectores estratégicos tienen capacidad de incidir en presupuestos, obras, programas sociales y relaciones con alcaldes y gobernadores en ejercicio.
No es necesario que exista un acto ilegal para generar una ventaja indebida. Basta con crear expectativas, compromisos o dependencias en torno a proyectos y transferencias. Basta con que se siembre la percepción de que el Estado puede inclinar la balanza.
El Perú está tratando de decidir su futuro en las urnas. No puede hacerlo bajo la sombra de la sospecha.
Por eso el llamado es claro y responsable. No se trata de alianzas electorales, ni de pactos de conveniencia, ni de fotografías para la galería. Se trata de algo más sencillo y más trascendente: convocar a todos los candidatos democráticos —desde Carlos Álvarez hasta George Forsyth, José Williams Zapata y Roberto Chiabra— a ejercer una vigilancia firme, pública y coordinada sobre el Ejecutivo durante estos meses decisivos.
La campaña debe continuar, la competencia es legítima, cada proyecto debe confrontarse con ideas y propuestas. Pero la neutralidad del Estado no es negociable.
El Congreso tiene herramientas constitucionales claras: interpelación, fiscalización presupuestal, seguimiento de transferencias extraordinarias, coordinación con la Contraloría y los organismos electorales. Utilizarlas no es obstrucción. Es defensa institucional.
Este no es un debate entre izquierda y derecha. Es un debate entre responsabilidad y deterioro institucional. Entre competencia limpia y sospecha permanente.
Desde las regiones sabemos lo que significa cuando las decisiones nacionales afectan directamente la vida local. Sabemos que cuando la política se desordena, el impacto no se queda en Lima; golpea a las provincias, a los emprendedores, a los trabajadores, a las familias que solo quieren estabilidad y oportunidades.
Hay momentos en la historia en los que el liderazgo se mide no por la capacidad de vencer al adversario, sino por la voluntad de proteger las reglas del juego democrático.
Este es uno de esos momentos.
Si quienes aspiran a gobernar el Perú no son capaces de defender hoy la neutralidad del Estado, difícilmente podrán reclamar mañana autoridad moral para dirigir la Nación.
El Perú no está indefenso, pero necesita dirigentes que estén a la altura de su responsabilidad histórica, ¿veremos quienes se atreven?.
ENFOQUE REAL 