La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres trabajadores de la ONPE y al representante de la empresa Galaga por el escándalo del retraso del material electoral en las Elecciones 2026 del último 12 de abril.
La denuncia se realizó por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y por el delito electoral por obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
El recurso legal interpuesto ante la Fiscalía también alcanza al gerente de la Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Ricardo Saavedra Mavila; al gerente de Administración, Edward Alarcón González; al detenido exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, y al presentante legal de la empresa Gagala, Juan Alvarado Pfuyo.
DENUNCIA
Los argumentos de la denuncia
De acuerdo con el documento, la ONPE materializó el despliegue del material electoral a través de la oficina liderada por Alarcón González, que inició los procesos de contratación del servicio de transporte y distribución del material. El contrato fue adjudicado a la empresa Galaga, que, según el JNE, no contaba con las unidades de transporte suficientes para la gestión y que, por ello, convocó en redes sociales la contratación de vehículos.
«Desde la etapa de planificación, existió una omisión en la fiscalización de la idoneidad logística de dicho proveedor, lo que constituye el antecedente directo de la quiebra del sistema de distribución observado el día de la votación», dice el JNE.
De igual manera, el ente electoral sostuvo que el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) de la ONPE «careció de los controles de redundancia y estabilidad necesarios para soportar la carga transaccional del 12 de abril».
En esa misma línea, el JNE mencionó que a las 7 de la mañana, los miembros de mesa no contaban con el material electoral y que la empresa Galaga incumplió con la prestación del servicio, «impidiendo físicamente la instalación de las mesas». La institución denunció que Alarcón González habría omitido activar los mecanismos de supervisión directa sobre la flota de Galaga.
En cuanto a Samamé Blas, el JNE mencionó que él era el responsable de la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales. Además, el ente electoral indicó que bajo la responsabilidad de Saavedra Mavila se habrían encontrado recintos vacíos de material electoral.
Sobre Covetto, la institución mencionó que él tenía conocimiento de la crisis logística y tecnológica y que no informó al JNE la magnitud de la falta del material electoral.
En ese sentido, el JNE dijo que el anuncio de Corvetto sobre la exoneración de multas para las personas que no habían votado «constituye, en puridad, una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso».
JNE pide a la Fiscalía investigar los hechos
En el mismo documento, el JNE le pidió a la Fiscalía recabar la declaración indagatoria del procurador de la misma institución, de los denunciados, pericias forenses en el software del STAE y un informe detallado de la ONPE que precise los hechos antes, durante y después de los comicios.
Además, se pidió un informe sobre el proceso de selección de la empresa Galaga y se oficie a la Contraloría y el OECE que informen sobre los procesos y sanciones impuestas; los registros de GPS y trazabilidad de los kits electorales.
ENFOQUE REAL 