El Poder Judicial confirmó la autorización judicial que permitió levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y un grupo de congresistas por el caso ‘Los Niños’.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar «infundado» el recurso de apelación que presentó la legisladora de la bancada de Acción Popular, Silvia Monteza, para revocar la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley el 21 de abril del 2,025.
En dicha resolución, el magistrado declaró «fundado en parte» el requerimiento que hizo el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación para que se levante el secretario bancario de Monteza y los demás implicados en este caso respecto al periodo comprendido entre el 21 de julio del 2021 al 31 de diciembre del 2022.
La defensa legal de la legisladora sostenía que en la resolución apelada no se consideró que su patrocinada goza de inmunidad parlamentaria, por lo que se está vulnerando el procedimiento especial para el procesamiento penal de altos funcionarios, el requerimiento fiscal desde su interposición resulta absolutamente nulo de pleno derecho porque se ha realizado sin autorización previa del Congreso de la República y que el mismo no supera el test constitucional de proporcionalidad ni se ha demostrado que la medida sea idónea necesaria y ponderada ni tampoco se acreditar que la información bancaria sea imprescindible para esclarecer los hechos.
No obstante, el tribunal supremo determinó que la recurrente no ha demostrado que la resolución impugnada incurre en los agravios que plantea en su recurso de apelación ni tampoco se desvirtúan los fundamentos que sustentan la decisión recurrida. «Por consiguiente, se debe destinar el recurso y ratificar la decisión venida en grado».
«Alegar que, por su condición de congresista, la recurrente no es pasible de ser investigada por presuntos hechos delictivos carece de asidero legal porque no contraviene norma constitucional ni legal alguna», indicó la sala suprema.
El colegiado supremo remarca también que el requerimiento fiscal está sustentado con suficientes elementos de convicción que persuaden de la existencia de sospecha razonable y además, la idoneidad y la necesidad de la medida se manifiestan porque la información bancaria requerida contribuirá a determinar o descartar las imputaciones que le atribuye la Fiscalía.
Organización criminal y tráfico de influencia
El 25 de julio del 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo y un grupo de congresistas, incluida la legisladora Silvia Monteza, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado a raíz del caso ‘Los Niños’.
El Ministerio Público atribuye a dicho grupo de parlamentarios ser parte de una presunta organización criminal denominada ‘Los Niños’ que habría encabezado el entonces presidente Pedro Castillo, a través de la cual habrían ofrecido votar en contra de mociones de vacancia y censura solicitadas en contra del exmandatario y de los integrantes de sus gabinete ministerial, así como votar a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el exjefe de Estado a cambio de que estos legisladores manejen ministerios u oficinas públicas descentralizadas.
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