La situación judicial del alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, se complica aún más. Tras la confirmación de su sentencia, la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso de casación no solo aparece lejana, sino —según especialistas— prácticamente inviable.
Para el abogado José Hoyos López, cualquier intento en esa dirección “carece de sustento legal” y estaría condenado al fracaso desde su origen.
El análisis no deja espacio a interpretaciones complacientes. Basándose en el artículo 427 del Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957), Hoyos sostiene que el caso no cumple con los requisitos mínimos que exige la ley para admitir un recurso de casación. Y lo dice sin rodeos: “No es que sea difícil que prospere, es que simplemente no debería ser admitido”.
El primer obstáculo es determinante. La norma es clara: para que proceda este recurso en procesos que concluyen con sentencia, el delito más grave debe tener una pena mínima igual o superior a seis años de prisión efectiva. Sin embargo, el alcalde ha sido condenado a cinco años. Un año menos que, en términos legales, marca la diferencia entre la admisibilidad y el rechazo automático. “Aquí no hay margen de interpretación: la ley fija un umbral y este caso no lo alcanza”, enfatiza el letrado.
Pero el panorama se torna aún más desfavorable al revisar el aspecto económico del fallo. El mismo artículo establece que, si la controversia incluye responsabilidad civil, esta debe superar las 50 Unidades de Referencia Procesal (URP), es decir, S/ 27,500. La sentencia contra Álvarez Andrade fija apenas S/ 15,000. En otras palabras, ni siquiera por esta vía podría abrirse la puerta a la casación.
Para Hoyos López, ambos elementos no solo debilitan el recurso: lo anulan desde el inicio. “Pretender una casación en estas condiciones es forzar la norma. Es un recurso que, en términos jurídicos, nacería muerto”, sentenció.
Este escenario abre un debate más amplio sobre el uso de recursos legales en casos de autoridades públicas. ¿Se trata de una estrategia legítima de defensa o de un intento por dilatar los efectos de una sentencia ya confirmada?
Lo cierto es que, de presentarse el recurso, la Corte Suprema tendría en sus manos un expediente que, según expertos, no superaría ni el filtro de admisibilidad.
Mientras tanto, el caso del alcalde de Chancay se convierte en un nuevo ejemplo de cómo los límites de la ley pueden ser tan contundentes como la propia sentencia.
Fuente: RADIO TV Digital-RTD
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