A seis días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó las novedades en su plan de gobierno. El documento evidencia variaciones en los enfoques constitucional, económico, social y de relaciones exteriores en comparación con los lineamientos presentados durante la primera etapa de la campaña. Esta vez hasta fomenta la inversión privada.
Uno de los principales cambios de la agrupación política es su postura sobre el cambio de la Carta Magna. Mientras que la propuesta inicial contemplaba un reemplazo total de la Constitución a través de un proceso popular que ellos predicaban como «Asamblea Constituyente».
El plan original señalaba el «retorno a la democracia y Nueva Constitución. La Democracia que propone Juntos por el Perú no se limita a un ejercicio formal y representativo, sino que debe ser una democracia sustantiva, participativa y popular”. En contraste, la nueva propuesta establece una “reforma constitucional mediante consenso nacional y referéndum, garantizando la participación ciudadana y el respeto al orden democrático”.
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Sin embargo, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que este nuevo planteamiento en materia constitucional no representa una variación real frente a la versión original de la campaña. De acuerdo con el especialista, la propuesta inicial de una Asamblea Constituyente es una alternativa inconstitucional por no estar contemplada en la Carta Magna, y la nueva redacción es solo un refraseo para «decir lo mismo sin decir lo mismo» disfrazado de una consulta ciudadana.
«No es una variación muy distinta de la versión original en que planteaba frontalmente una asamblea constituyente que no está en la constitución y que significaría una alternativa inconstitucional. Ahora han buscado un refraseo para decir lo mismo sin decir lo mismo. Es decir, que habría una suerte de vocación participativa, de consulta a la ciudadanía para hacer la reforma en la constitución.
Quiroga remarcó que, le guste o no a la agrupación política, el Congreso bicameral es el único «constituyente derivado» autorizado y que, según el artículo 206 de la Constitución, cualquier reforma total o parcial debe pasar de forma obligatoria por el Parlamento en dos momentos diferentes, por lo que este cambio de discurso es solo una manera de volver al punto de la Asamblea Constituyente con el fin de capturar el poder.
Además, también se observa que en la primera versión de la sección de Poder del Estado, el plan original aseguró que se construiría una suerte de Poder Popular, un cuarto poder del Estado que se equipararía a los existentes y que sería el «pueblo» el que lo maneje a su favor. Este fue advertido por los especialistas, puesto que, en Venezuela, se intentó una figura similar que fracasó y terminó sacando cara por militares y policías que atacaban ciudadanos en cada protesta en contra del régimen.
“Se llevará a la práctica la separación entre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, constitucional y el poder popular (a crearse). Se prohibirá la práctica de los lobbies, la puerta giratoria”, se lee en el oficio.
En cambio, en el plan de segunda vuelta (2026) dice: “Restitución del equilibrio de poderes con meritocracia en los nombramientos de los organismos constitucionales autónomos. Modernización de la gestión pública mediante el fortalecimiento de capacidades en la descentralización”.
«FUE REDACTADO A LA RÁPIDA»
Por su parte, el especialista Javier Albán dijo que la propuesta genera un mensaje contradictorio debido a las afirmaciones previas del propio candidato. Albán precisó que «parece ser una cosa como una hoja de ruta, pero es un mensaje entonces un poco contradictorio porque él había dicho que no iba a firmar ninguna hoja de ruta y esto es básicamente algo que parece ser como eso».
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El analista explicó que, si bien es legítimo realizar ajustes resulta incongruente «decir yo no voy a hacer esto, nosotros no vamos a firmar hoja de ruta y luego firmar justamente una hoja de ruta».
Albán ejemplificó estas contradicciones mencionando la alianza pactada con Ahora Nación, donde el representante técnico asignado al área tecnológica se había manifestado en contra de la creación de un ministerio de ciencia y tecnología; sin embargo, Juntos por el Perú mantuvo dicha propuesta en su plan final.
Del mismo modo, identificó un error. «En un momento dice que van a plantear derogar todas las leyes que hayan afectado el equilibrio fiscal según el tribunal fiscal, pero el tribunal fiscal no revisa eso, es otra cosa, es la segunda instancia de los procedimientos tributarios, probablemente se refieren al consejo fiscal». Según el especialista, estos detalles en la redacción de los objetivos «dan cuenta de que parece que esto ha sido algo redactado un poco a la rápida, lo cual no es ideal».
El analista dijo que este tipo de acciones buscan «jalar a votantes de última hora» y abandonar la agenda radical para mitigar el riesgo de perder la elección. «Tienen que dar un mensaje más claro para que la gente entienda, si es así nomás, primero dices una cosa y luego sales con otra, es difícil que la gente te vaya a creer», mencionó.