En el peor momento de la pandemia del COVID-19, cuando las familias huaralinas desesperadas formaban largas colas y vendían lo que no tenían para conseguir un balón de oxígeno, las promesas políticas se convirtieron en la principal mercancía. Esta es la crónica periodística de una adquisición bajo sospecha: la planta de oxígeno de la Municipalidad Provincial de Huaral (MPH), un proyecto que costó más de medio millón de soles, pero que terminó en el abandono tras una cadena de irregularidades.
A mediados del año 2020, la crisis sanitaria golpeaba con dureza a la provincia. Ante la inacción inicial, la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huaral, liderada en aquel entonces por Roberto Sánchez Palomino (quien más tarde saltaría a la política nacional), inició las gestiones para la compra de una planta de oxígeno medicinal.
El argumento técnico y político era irreprochable: se adquiriría una planta diseñada por los científicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una institución que había ganado prestigio nacional por desarrollar tecnología nacional para salvar vidas. La población huaralina vio en esta gestión una luz de esperanza. Sin embargo, los trámites administrativos pronto tomarían un rumbo sinuoso.
Lo que debió ser una compra directa o un convenio institucional transparente con la PUCP se transformó en una triangulación comercial. La planta de oxígeno sufrió severas e inexplicables demoras para llegar a Huaral.
La razón detrás del retraso salió a la luz pública: la universidad no vendía de forma directa los equipos terminados a los municipios, sino que lo hacía a través de empresas autorizadas. Para este fin, se cuestionó severamente la creación o reconversión «express» de la empresa Seralt, una entidad que apareció en el panorama comercial con el único propósito de fungir como intermediaria para venderle directamente la planta de oxígeno al Estado (la Municipalidad de Huaral), lo que ralentizó los procesos de entrega mientras la gente seguía muriendo por falta de insumos.
Cuando finalmente se anunció que la planta estaba lista, las alarmas de los fiscalizadores se encendieron. Rompiendo todos los protocolos de la administración pública para la recepción de bienes —donde el proveedor debe entregar el producto instalado y operando en el destino final—, la entrega de la planta de oxígeno se realizó en la ciudad de Lima y no en Huaral.
Esta movida dejó un vacío de responsabilidad: la municipalidad asumió el traslado y la custodia de un equipo de alta tecnología sin haber realizado las pruebas de control de calidad en el terreno donde supuestamente iba a salvar vidas.
La planta de oxígeno les costó a los fondos públicos de Huaral la suma de S/. 540,000 soles. Un monto millonario que justificaba una operatividad inmediata. Sin embargo, la realidad fue devastadora.
De acuerdo con las denuncias y declaraciones mediáticas de los regidores provinciales de la oposición de aquella época y del entonces consejero regional por Huaral, Jorge Arrieta, la planta nunca llegó a funcionar de manera óptima ni continua. Los fiscalizadores señalaron reiteradamente que el equipo se convirtió en un «elefante blanco» desde el primer día que pisó suelo huaralino, sirviendo solo para la foto oficial, pero siendo inútil para la emergencia.
«Se ha gastado el dinero del pueblo en un equipo que está de adorno mientras nuestros hermanos siguen buscando oxígeno en otros lugares», declaraba tajante el consejero Jorge Arrieta a los medios locales en aquel periodo.
Para corroborar las denuncias de las autoridades fiscalizadoras, un equipo técnico del Ministerio de Salud (MINSA) se apersonó al Hospital de Huaral (lugar donde se había intentado adecuar el flujo del insumo).
El veredicto del MINSA fue un balde de agua fría y lo que sería la confirmación del fraude técnico, ya el sector salud evacuó un informe técnico donde se detallaba que la planta de oxígeno adquirida por la gestión municipal no habría logrado producir un oxígeno con el 93% de pureza mínima exigida por la normativa sanitaria para el uso humano. Administrar ese oxígeno hubiese puesto en riesgo mortal a los pacientes, confirmando que la planta era técnicamente inoperante para el COVID-19.
Ante el escándalo, la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional (OCI), intervino el proceso de adquisición. Los informes de control fueron lapidarios.
El OCI determinó la existencia de presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en el alcalde provincial de ese entonces, Jaime Uribe Ochoa, así como en los funcionarios de confianza que visaron los contratos, los pagos y la recepción del equipo. El informe destapó que se flexibilizaron los términos de referencia, se pagó por un equipo que no cumplía las especificaciones técnicas y se omitieron las penalidades por el retraso de la empresa proveedora.
Sin saber qué hacer con una máquina inoperante que generaba un enorme pasivo político y legal en la capital provincial, la gestión de Jaime Uribe buscó una salida de escape.
Finalmente, la planta de oxígeno —completamente inoperante para los fines originales de la red de salud provincial— fue donada a la Municipalidad Distrital de Chancay. Lo que nació como la máxima obra de desprendimiento y eficiencia para salvar a Huaral en el año 2020, terminó siendo transferido a otra jurisdicción como un equipo de descarte, cerrando uno de los capítulos más oscuros, indolentes y cuestionados de la gestión pública local en tiempos de emergencia nacional.
LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y/O PENAL DE ROBERTO SANCHEZ
En el análisis técnico y legal de este caso, las presuntas responsabilidades de Roberto Sánchez Palomino se configuran desde su rol crítico como Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huaral, al haber sido el funcionario que impulsó y canalizó el requerimiento inicial de la planta de oxígeno.
En el plano administrativo, la principal presunción de responsabilidad recae en la formulación de los Términos de Referencia (TDR) y la viabilidad del proyecto. Como titular del área usuaria, Sánchez tenía la obligación funcional de blindar técnicamente la adquisición, asegurando que el requerimiento original —asociado al prestigio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)— no se desvirtuara.
Se le cuestiona haber permitido o generado las condiciones para una opaca triangulación comercial, donde una empresa de nula trayectoria como Seralt terminó interponiéndose para vender de forma directa un equipo por el alarmante monto de 540,000 soles.
Asimismo, su responsabilidad administrativa abarca la falta de supervisión y control de calidad en la génesis del proceso, omisiones que finalmente facilitaron que el municipio pagara una fortuna por una maquinaria defectuosa que jamás habría alcanzado el 93% de pureza médica exigida por el Ministerio de Salud para salvar vidas humanas.
En el ámbito penal, la situación de Roberto Sánchez se evalúa bajo la sospecha de delitos contra la administración pública, específicamente Negociación Incompatible y Colusión. La fiscalía y los órganos de control indagan si existió un interés indebido en provecho de terceros al quebrar el trato directo con la universidad para dar paso al intermediario «express”. Si los informes técnicos que él firmó para dar luz verde a la compra estuvieron direccionados o flexibilizados deliberadamente para favorecer a Seralt, su conducta calificaría como una concertación ilícita. En este escenario, aunque él no haya firmado el cheque final ni emitido la conformidad de recepción en Lima —actos que correspondieron a la gestión del alcalde Jaime Uribe y otras áreas—, Sánchez podría ser procesado en calidad de autor o cómplice, puesto que su gestión como promotor del gasto fue el eslabón indispensable que originó el millonario perjuicio económico al Estado y la desprotección sanitaria de la población huaralina.