Lo que debía ser un simple trámite para oficializar la suspensión de Rosa Vásquez y entregar las credenciales a Nicolás Barrera habría terminado convertido en un escandaloso cuello de botella administrativo. Fuentes vinculadas al JNE revelan que el expediente remitido desde Huacho llegó incompleto, careciendo presuntamente de requisitos esenciales como constancias de pago, cargos de notificación a consejeros e informes legales que sustenten el procedimiento.
La situación genera serias sospechas debido a que el Gobierno Regional de Lima cuenta con oficinas especializadas y personal legal experimentado. Mientras el expediente permanece observado, Nicolás Barrera no podría ejercer plenamente las facultades del cargo ni designar a su equipo de confianza, permitiendo que funcionarios vinculados a la gestión de la hoy inhubicable gobernadora continúen controlando áreas estratégicas de la administración regional.
De confirmarse que la omisión de documentos fue deliberada para retrasar la transferencia de funciones, los responsables tendrían que responder administrativa, civil e incluso penalmente. La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿se trata de una simple negligencia o de una operación para mantener intactas las cuotas de poder dentro del Gobierno Regional de Lima?
Fuente: Cmi Huacho