Con la designación de Graciela Saldaña como nueva jefa de Recursos Humanos, empiezan los cambios en el Gobierno Regional de Lima. Con ello, por fin se inicia una necesaria fumigación y desratización administrativa de una institución que durante años habría estado copada por personajes vinculados al entorno de la hoy prófuga Rosa Vásquez.
La presunta mafia enquistada que llegó junto a la exgobernadora regional y que pretende, a como dé lugar, mantenerse en el aparato estatal, habría iniciado una serie de maniobras para conservar cuotas de poder, aferrándose como parásitos a la nueva gestión encabezada por Nicolás Barrera.
Hasta nuestra redacción han llegado versiones que señalan que Miguel Flores Morante, considerado hasta hace poco uno de los hombres fuertes del círculo de confianza de Rosa Vásquez, buscaría mantener influencia dentro de la institución. Durante los dos primeros años de gestión de la exgobernadora prófuga, en diversas publicaciones difundidas en Facebook se le acusó de manera reiterada del presunto cobro de diezmos a trabajadores para garantizar su permanencia laboral. Dichas denuncias fueron expuestas públicamente en redes sociales y forman parte de los cuestionamientos que pesan sobre determinados funcionarios de esa etapa.
De acuerdo con el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Lima, Miguel Flores Morante figura actualmente como Subgerente (e) de Atención a la Persona con Discapacidad, cargo que ocupa en virtud de la Resolución Gerencial General Regional N.° 148-2026-GRL/GGR. Este privilegio, al parecer, no estaría dispuesto a perder.
Asimismo, según los trascendidos recogidos por este medio, también vendría articulando la permanencia de un grupo de cuestionados funcionarios cuya salida sería inminente ante el proceso de cambios y depuración que tendría que emprender la nueva administración regional.
Frente a estos hechos, corresponde que los órganos de control y las entidades competentes permanezcan vigilantes e investiguen los señalamientos y versiones que circulan al interior de la institución, a fin de determinar eventuales responsabilidades y sancionar, administrativa o penalmente, a quienes hayan abusado de sus cargos y del poder conferido por el Estado.
Fuente: Prensa Al Día