Luego de perder en el Poder Judicial, y anunciar que acudirá al Tribunal Constitucional, la empresa china que maneja el megapuerto de Chancay criticó que los jueces superiores no hayan analizado los argumentos de su acción de amparo.
“La sentencia no ha desarrollado los temas de fondo que sustentaron el Amparo presentado por CSPCP, incluyendo el marco legal vigente al momento de la inversión y las competencias ejercidas ampliamente por las autoridades”, indicó Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP).
“Totalmente privada”
Como se sabe, la entidad asiática había demandado al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Señalaba que este se excedía de sus atribuciones, cuando, supuestamente, pretendía intervenir en su forma de invertir.
“No afecta en modo alguno a la plena autoridad del Estado para ejercer supervisión e inspección en todos los aspectos operativos, ambientales, tributarios, entre otros, incluyendo oficinas otorgadas al interior del puerto para Sunat (Aduanas), APN, Dirandro, Senasa, Policía Fiscal, Migraciones y Autoridades Sanitarias, acorde a la competencia de cada una de las instituciones del Estado”, agregó la empresa china.
La polémica se creó porque muchos sectores consideran que la potencia asiática (al tener un gobierno antidemocrático, y que maneja la mayoría de acciones en todas las empresas de su país) pretende tener un enclave sin soberanía del Perú.
“Tiene una naturaleza totalmente privada, y está sujeto a condiciones de plena competencia en el mercado peruano, CSPCP considera respetuosamente que la pretensión de Ositran de ejercer potestades más allá de las indicadas en la Ley del Sistema Portuario Nacional afecta derechos constitucionales y vulnera el principio de legalidad”, agregó Cosco Shipping.
En la víspera, los abogados peruanos de la empresa china habían anunciado que presentarían un recurso de agravio constitucional ante del Tribunal Constitucional.
Responsabilidad
Un informe de la Contraloría de la República señaló que varios funcionarios del Ministerio de Transportes deben ser denunciados por la Procuradoría Anticorrupción.
Asimismo, la Fiscalía evalúa un pedido para continuar una investigación a Carlos Tejada, exempleado de Cosco Shipping.