El Frente de Defensa por la Libertad y Dignidad de Chancay calificó de «ilegal e inconstitucional» el reglamento de la Ley N.° 32278, norma que crea el Fondo Social para el Desarrollo de la localidad. A través de un pronunciamiento público, la organización civil denunció que el texto de la reglamentación desvirtúa el espíritu de la ley original y atenta contra los derechos de la población afectada por el nuevo terminal portuario.
Denuncian trabas y centralismo
El gremio civil sostiene que el reglamento impone restricciones técnicas que no estaban previstas en la legislación inicial. Según explican, la norma ahora exige que los proyectos de desarrollo se vinculen de forma obligatoria a la Cartera de Inversiones Estratégicas Territoriales (CIET), quedando subordinados a decisiones de entidades del Gobierno Central.
A criterio del Frente de Defensa, esta medida configura un exceso reglamentario que vulnera el principio de legalidad, centraliza los recursos y burocratiza el fondo. Advierten que priorizar únicamente megas proyectos de gran inversión terminará por excluir las iniciativas comunitarias urgentes que demandan los sectores locales de menores recursos.
Exclusión de la sociedad civil
Otro de los puntos críticos señalados es la conformación del Consejo de Administración del fondo, el cual ha quedado integrado exclusivamente por autoridades municipales. Los dirigentes denunciaron que esto representa una exclusión deliberada de las organizaciones sociales y de los actores directamente afectados por el megapuerto, vulnerando el derecho constitucional a la participación ciudadana.
Asimismo, alertaron que el reglamento carece de un enfoque de compensación territorial. Para la organización, la norma ignora los impactos reales que ya sufre la zona, tales como la presión sobre los servicios públicos y los daños socioeconómicos y ambientales.
Exigencias y acciones legales
Ante esta situación, el Frente de Defensa formuló un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que modifique de manera inmediata el reglamento. Entre sus demandas principales figuran la eliminación de la injerencia del gobierno central, la inclusión de la sociedad civil con voz y voto, y el establecimiento de mecanismos de presupuesto participativo.
Finalmente, la organización advirtió que, de no ser escuchados sus reclamos, interpondrán una demanda de acción popular ante el Poder Judicial, amparados en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, con el objetivo de declarar la nulidad parcial de la norma y asegurar que el dinero cumpla con una verdadera finalidad social.