Por Emerson Jara
Durante semanas, miles de familias soportan suspensiones del servicio de agua potable que se extienden por varios días seguidos sin explicaciones creíbles y sin soluciones a la vista. La entidad encargada —OTASS Huaral— incumple su razón de ser, mientras la población sufre las consecuencias y se revela que los sueldos de sus altos funcionarios son exorbitantes, totalmente desproporcionados ante el pésimo servicio que entregan.
Hogares, escuelas, comercios y centros de salud del distrito llevan hasta cuatro y cinco días sin una gota de agua. No hay cómo cocinar, no hay cómo mantener la higiene básica, no hay cómo atender enfermedades ni cuidar a niños y adultos mayores. “Es una vergüenza: pagamos puntual y nos dejan en la indefensión total», reclaman los vecinos, que se ven obligados a comprar bidones a precios inalcanzables o cargar pesados recipientes desde fuentes lejanas. El agua potable es un derecho fundamental reconocido por la Constitución del Perú, su falta no es un simple inconveniente sino es un riesgo grave para la salud pública y una ofensa a la dignidad de cada huaralino.
OTTAS Huaral fue creada y puesta en marcha con una sola finalidad: garantizar más agua, mejor calidad y servicio continuo para el distrito. Sin embargo, la realidad es la contraria; con cada gestión, el servicio empeora. Las redes antiguas no se renuevan, las fuentes de captación no se optimizan y las respuestas se limitan a frases vacías como «fallas técnicas» o «mantenimiento», sin plazos ni compromisos reales. También, “Prometieron avances y tenemos cada vez más cortes. ¿Para qué sirve entonces esta entidad?», cuestionan los dirigentes.
Lo que más enciende el rechazo es el contraste brutal entre el trabajo que se dice hacer y lo que se cobra por él. Según los registros de transparencia, las remuneraciones de los funcionarios de dirección superan con creces lo que percibe un profesional promedio en la zona y han subido notablemente al mismo tiempo que se reducen las inversiones en infraestructura y se multiplican los cortes.
«Ese dinero sale de nuestros bolsillos. No es posible que cobren fortunas para darnos cero soluciones», denuncian los vecinos. «Es indignante ver cómo se llenan los bolsillos mientras nosotros pasamos sed».
Hasta hoy, OTTAS no ha convocado a la población para dar explicaciones ni ha presentado un plan de emergencia. Los huaralinos exigen respuestas inmediatas, medidas concretas y que se ponga fin a esta injusticia: el agua no es un privilegio, es un derecho que nadie tiene facultad de suspender.