El congresista Segundo Montalvo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente José María Balcázar, a quien atribuye la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la gestión de la inseguridad ciudadana y el proceso de compra de aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
La acción también alcanza a exministros que habrían participado en los hechos denunciados.
Según el documento presentado, el legislador sostiene que el mandatario habría incurrido en presuntos delitos como abuso de autoridad y omisión de funciones. La denuncia argumenta que el Gobierno no habría adoptado medidas eficaces frente al incremento de la criminalidad, situación que, a juicio del denunciante, habría afectado la seguridad de la población.
Otro de los ejes de la denuncia está relacionado con la controvertida compra de los aviones F-16. Montalvo cuestiona que el Ejecutivo autorizara la operación mediante un decreto supremo bajo la figura de «secreto militar» y que posteriormente el presidente negara reiteradamente la existencia de contratos vinculados con dicha adquisición.
La controversia por los F-16 provocó meses atrás una crisis política dentro del Ejecutivo. El entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y el excanciller Hugo de Zela renunciaron a sus cargos tras afirmar que el jefe de Estado había faltado a la verdad respecto al proceso de compra de las aeronaves, generando cuestionamientos sobre la conducción del Gobierno.
En la denuncia, el parlamentario solicita que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados. Asimismo, plantea que las diligencias contra el presidente continúen una vez que concluya el periodo en el que goza de inmunidad por el ejercicio del cargo.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la adquisición de los aviones F-16, una operación que en su momento estuvo valorizada en miles de millones de soles y que generó un amplio debate político, además de cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y su impacto en la credibilidad del Estado peruano.
Hasta el momento, la denuncia marca un nuevo episodio en la confrontación política entre el Ejecutivo y sectores del Congreso. Corresponderá ahora a la Fiscalía de la Nación evaluar los argumentos presentados y determinar si existen elementos suficientes para iniciar las investigaciones que solicita el parlamentario denunciante.