El Ministerio Público (MP) solicitó 18 meses de prisión preventiva para el fiscal Américo Oswaldo Bautista Yama, acusado de ser el brazo legal del delincuente Eneyser Fernández, alias ‘Brayan’. Según las pesquisas, este último sujeto es cabecilla de la banda criminal Los sanguinarios de La Pampa, dedicada a la minería ilegal en Madre de Dios.
De acuerdo a la tesis fiscal, Bautista —excoordinador de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Madre de Dios— es imputado por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal.
Se sospecha que Américo Bautista habría alertado a la red criminal liderada por ‘Brayan’ de operativos de interdicción, participado en la estrategia legal y obtenido beneficios económicos de la misma.
La investigación incluye videos, testimonios y otros elementos que, según las autoridades, apuntarían a una presunta colaboración del fiscal con operadores de seguridad de campamentos de minería ilegal.
Además, se le atribuye haber intentado obstaculizar investigaciones contra presuntos integrantes de estas organizaciones criminales.
Por ello, el magistrado es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal.
El caso ha generado cuestionamientos debido a que Bautista ya había sido removido en 2020 como coordinador de las Fiscalías Ambientales de Madre de Dios tras aparecer mencionado en interceptaciones relacionadas con la organización Los Hostiles de la Amazonía. Sin embargo, posteriormente fue reincorporado al (MP).
El fiscal Américo Oswaldo Bautista Yama fue capturado la semana pasada. Durante el operativo, se allanó un inmueble, se incautó un vehículo y se decomisaron documentos, teléfonos celulares y equipos electrónicos que serán analizados como parte de la investigación.
La detención ocurrió en el marco de acciones contundentes contra las redes criminales que operan en La Pampa.
El caso que implica al magistrado reabre el debate sobre los mecanismos de control interno en el sistema de justicia y la necesidad de prevenir la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas.
La intervención fue ejecutada por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, con apoyo de la Policía Nacional.