La paciencia de la comunidad educativa en la provincia de Huaral llegó a su límite. Ante la sistemática indiferencia de las autoridades, un grueso grupo de padres de familia levantó su voz de protesta y marchó hacia la UGEL 10, exigiendo soluciones inmediatas a una crisis que golpea directamente a las aulas. La movilización desnudó la precariedad institucional y el abandono en el que se encuentran diversos colegios de la jurisdicción.
Entre los reclamos más urgentes destaca la alarmante falta de personal de apoyo en las aulas, una carencia que sobrebarga a los docentes y vulnera el derecho de los estudiantes a recibir una atención digna y de calidad. A este panorama se suma el deplorable estado de la infraestructura escolar. Los manifestantes denunciaron que muchos planteles no reúnen las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad, convirtiéndose en un riesgo latente para los menores.
Lo más grave de esta situación es que no se trata de un problema nuevo. Los representantes de las familias enfatizaron que estas demandas han sido presentadas formalmente y de manera reiterada ante los canales burocráticos, recibiendo únicamente promesas vacías. Ante este muro de contención administrativo, la protesta social se ha convertido en el único mecanismo efectivo para arrancar respuestas concretas a una gestión que parece desconectada de la realidad escolar.
La mirada de la comunidad está puesta ahora sobre la directora de la UGEL 10, Roxana Camán Vigo. A la funcionaria se le exige que dé la cara, asuma su responsabilidad política y técnica, y abandone la comodidad del escritorio para establecer compromisos reales y con plazos fijos. Huaral no necesita más mesas de trabajo protocolares; urge un diálogo vinculante que devuelva la dignidad a las aulas y ponga el bienestar de los estudiantes por encima de la desidia estatal.