Juntos Por el Perú (JPP) no pierde tiempo y, ya iniciadas las funciones del Congreso bicameral, ha empezado a implementar su agenda de defensa de la minería ilegal.
Ayer, el diputado Marino Lavado Valdivia —principal promotor de la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa—dio luces de su estrategia para proteger a los mineros informales cuya negativa a formalizarse justificó acusando, por un lado, a la minera Poderosa de supuestas irregularidades y, por el otro, a las Fuerzas Armadas que con la Policía Nacional —y a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ)— vienen enfrentando a la minería ilegal y el crimen organizado afincado en esa parte de la región La Libertad.
“Si bien minera Poderosa tiene licencia, tiene el permiso del Estado, en muchas ocasiones también tiene prácticas ilegales”, arguyó Lavado en entrevista con canal N, donde llegó inclusive a responsabilizar a la empresa del asesinato a 13 mineros, el año pasado en Pataz, cuando en realidad, según informó la Policía, sus autores fueron mafias vinculadas a la minería ilegal que opera en la zona.
Además, cuestionó el papel que cumplen las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado en el área.
“Nosotros queremos que Pataz vuelva a ser una zona pacífica donde no haya el abuso de poder que tienen las Fuerzas Armadas, que no sean los actores que también promueven la violencia”, dijo. “Hemos visto el abuso, cómo entran (las FF.AA.) a las comunidades, a veces en horas de noche. La población está aterrorizada, tanto por las bandas criminales como por la presencia del Ejército. Ya no pueden vivir en tranquilidad. (…) Si ustedes fueran a la zona, van a encontrar que la población civil, los mineros que trabajan dignamente están al medio y en el fuego cruzado…”, insistió.
Omitió los secuestros y asesinatos que el crimen organizado ha perpetrado en Pataz, los atentados y extorsiones contra las empresas mineras que legalmente operan en la zona. Tampoco dijo nada de los resultados que ha logrado el CUPAZ, que solo este año realizó operativos que permitieron el rescate de 67 personas secuestradas, 159 detenciones, el decomiso de armamento, municiones y explosivos, entre otros, y que de mayo de 2025 a mayo de 2026 generaron pérdidas de más de S/249 millones a las organizaciones criminales.
Antes de jurar, se recuerda, Lavado había declarado a Perú21 que su propuesta era “expropiar las concesiones mineras” y acusó a la minera Poderosa de criminalizar a los mineros informales. “Nuestra posición es que el minero pueda hacerse de la concesión”, dijo. Ahora, ya en el Parlamento y como miembro de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados —gracias a la alianza JPP-Buen Gobierno-Obras-Ahora Nación— integra la Comisión de Energía y Minas., el representante de JPP vuelve a la carga.
Estrategia al descubierto
“La estrategia es favorecer a la minería ilegal a través de la ampliación del Reinfo sin depuración. Ellos tienen una agenda de tres puntos: la primera es detener todo, que no sorprenda que mañana haya una moción para interpelar al ministro de Energía y Minas; primero van contra el ministro de Defensa, y luego contra Guillermo Shinno; lo segundo es que quieren ampliar el Reinfo y lo tercero son las concesiones y la ley MAPE”, indicó a este diario el analista político Iván Arenas.
Sostuvo que la interpelación a Belaunde carece de sustento. “Ahí no hay ni pies ni cabeza, es simplemente una estrategia que responde a posturas ideológicas para debilitar la que a su vez tiene el Gobierno contra la minería ilegal”, explicó.
Sobre el discurso contra las FF.AA., indicó que lo que se busca es confundir “porque hay comunidades campesinas y nativas que se han vuelto aliadas a la minería ilegal que les da dinero y porque justamente son las Fuerzas Armadas las que están evitando que esa minería ilegal continúe”.
Frente a este escenario, Arenas señaló que bancadas como la del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular tendrían que adoptar posturas claras en las comisiones de Energía y Minas de Senado y Diputados y afianzar una mayoría que proponga cosas absolutamente verosímiles.
Por su parte, el Gobierno —dijo— tendría también que informar al país cuántos mineros se han formalizado, cuál es la estrategia de la formalización y señalar claramente que JPP no protege al pequeño y mediano minero ancestral o artesanal sino a los informales e ilegales.