Ante la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar en el caso de la masacre de Cayara, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, amenazó a todo el sistema judicial, señalando que no basta con reformarlo, sino que hay que «barrerlo».

El legislador de Fuerza Popular ingresó como parte del público a la audiencia virtual en la que los jueces iban a tomar una decisión, en una abierta presión para que apliquen la norma aprobada por el Congreso que permite dejar en la impunidad cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Si bien el tribunal declaró infundados los recursos presentados por oficiales del Ejército acusados de la masacre de más de 30 comuneros de Cayara (Ayacucho) cometida el 14 de mayo de 1988, admitió el argumento del Tribunal Constitucional que permite la prescripción del delito de lesa humanidad a los hecho ocurridos antes de julio del 2002. Sin embargo, en el caso de Cayara, por incluir la desaparición forzada, dijo que los plazos de prescripción se contabilizan desde entonces, por lo que vence el 2032.

Rospigliosi arremetió contra los magistrados, acusándolos de “politizados y prevaricadores” en su cuenta de X, antes Twitter, afirmando que han desacatado al Tribunal Constitucional, sin embargo el legislador obvió la obligación del Estado de respetar los convenios internacionales suscritos en los que se señala la imprescriptibilidad de los graves delitos contra los derechos humanos.

«Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!», escribió Rospigliosi minutos después de conocerse la decisión de los jueces.

Momentos antes se quejaba de que no lo dejaban ingresar a la Sala, mostrando una foto en la que aparecía la frase «podrás unirte a la reunión cuando te lo permitan«, como normalmente aparece a todos los asistentes que desean participar de una audiencia. Finalmente el congresista fujimorista pudo asistir. Además, ingresaron la también legisladora naranja Martha Moyano y José Cueto, de la bancada Honor y Democracia.

No es la primera vez que Rospigliosi critica al Poder Judicial. Hace dos días, en un evento en el Congreso señaló que la «mafia caviar» está enquistada allí, pues suspendido a un juez que aplicó la ley de impunidad. «No podemos dejar que siga inaplicando las leyes», advirtió entonces. Y el 13 de enero último, poco antes de iniciar una audiencia del caso Cayara, escribió un post advirtiendo a los magistrados que «si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión».

Atenta contra la división de poderes

En respuesta a Rospigliosi, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, alerta que «barrer» contra el Poder Judicial como pretende el legislador fujimorista, atenta contra la división de poderes y la democracia.

«El Pdte. Del Congreso dice que hay que “barrer” el Poder Judicial atentando expresamente contra la división de poderes, elemento esencial de la democracia. Los jueces han aplicado el control de convencionalidad y los estándares internacionales.#Porestosno2026«, sostuvo en X.

Por su parte, el abogado Ronald Gamarra recalcó la decisión de los magistrados de no aplicar la ley de lesa humanidad. «Cayara, un crimen atroz (1988) perpetrado por militares indignos del uniforme de Bolognesi, no sujeto a amnistía ni prescripción algunas. Así lo ratificó el Poder Judicial. Sufre, Rospigliosi», precisó en su cuenta.