La Cancillería del Perú dispuso la cancelación de las elecciones generales del 12 de abril en países del Medio Oriente afectados por la creciente tensión en la región del Golfo, como una medida preventiva para proteger la integridad de la comunidad peruana.
La decisión fue adoptada durante una reciente sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, encabezada por el canciller Hugo de Zela, en la que se evaluó la gravedad del escenario actual y la posibilidad de que el conflicto se prolongue. En dicha reunión virtual participaron también el viceministro Félix Denegri, funcionarios de los órganos de línea y los jefes de las misiones diplomáticas del Perú en la zona.
Durante el encuentro, los representantes diplomáticos destacados en países como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano informaron sobre la situación de emergencia que se vive y advirtieron sobre los riesgos que implicaría permanecer en esos territorios si la crisis se intensifica. Las alertas incluyen tanto a ciudadanos peruanos residentes como a aquellos que se encuentran en tránsito o varados, así como al propio personal diplomático.
RESGUARDO DE PERUANOS
Tras evaluar estos reportes, el canciller dispuso suspender la realización de los comicios en dichos países, decisión que fue comunicada de inmediato a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de adoptar las acciones correspondientes.
Asimismo, se acordó reforzar las medidas de asistencia consular, con especial énfasis en la evacuación de peruanos en situación vulnerable. En ese marco, se dispuso incrementar el personal diplomático en la misión en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de atender la creciente demanda de información y apoyo por parte de los connacionales.
El titular de Torre Tagle también exhortó a los jefes de las misiones diplomáticas a resguardarse junto a sus familias y mantenerse preparados ante un eventual agravamiento del conflicto, lo que podría requerir nuevas acciones de emergencia.
Hasta la fecha, 163 peruanos han sido evacuados a zonas seguras, mientras que se mantiene contacto permanente con otros 62 connacionales en tránsito para facilitar su salida. En la región, residen aproximadamente 5 600 ciudadanos peruanos, quienes continúan siendo monitoreados por las autoridades diplomáticas.
Con el fin de seguir reforzando la seguridad ciudadana, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que en marzo se realizará el bloqueo de 300 000 celulares que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).
También se bloqueará los números que están vinculados a personas con historial negativo, es decir, que reinciden en el uso de celulares con el IMEI alterado o clonado producto del reflasheo.
El reflasheo es una práctica ilegal que consiste en alterar el código IMEI de un celular para ocultar su origen y volver a poner en circulación equipos robados que han sido bloqueados.
De acuerdo con el organismo regulador, este nuevo bloqueo se realizará en tres etapas de 100 000 equipos cada una: el 17, 24 y 31 de marzo. Con este nuevo grupo, se alcanzarán 600 000 celulares bloqueados durante 2026 y más 3.1 millones desde abril de 2025.
Procedimiento para el bloqueo
El sistema Renteseg, administrado por el OSIPTEL, enviará a las empresas operadoras la orden de bloqueo de estos equipos, que están relacionados con usuarios que reinciden en el uso de celulares con IMEI adulterados o clonados.
Las operadoras tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que el bloqueo se ejecutará dentro de ese mismo periodo, y que deben tramitar el registro de su equipo.
Si el equipo fue adquirido en el país, el usuario deberá exigir a la empresa que les vendió el dispositivo que lo registre en la lista blanca del Renteseg a través del Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF), sistema implementado por el OSIPTEL para que solo los importadores formales registren los equipos móviles que ingresen al país.
En caso el celular haya sido adquirido en el extranjero para uso personal, los abonados deberán acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para ingresarlo en esta lista de equipos válidos.
Como parte del procedimiento, el personal de la empresa verificará la coincidencia entre el IMEI físico del equipo (inscrito en la bandeja del chip o detrás de la batería) y el IMEI lógico, que se obtiene al digitar *#06# en el celular. Tras las validaciones, los usuarios deberán firmar una declaración jurada. El trámite es gratuito.
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura confirmó en segunda instancia la sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad, suspendida, contra el alcalde del distrito de Chancay (Huaral), Juan Álvarez Andrade.
Reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de los espacios públicos y el bienestar de la población, la Municipalidad Provincial de Huaral realizó la entrega de 50 bolsas de cemento a la Asociación Cerro Volcán Dormido, en beneficio directo de las familias de este sector.
La actividad se desarrolló en la plataforma del Carlos Mora Parra, donde el presidente de la Junta Vecinal, Sr. Jhon Percy Rojas Oria, recibió el material en representación de los vecinos.
Durante el acto, el dirigente expresó su reconocimiento y agradecimiento al alcalde provincial y a la comuna huaralina por atender oportunamente las necesidades de su comunidad, destacando la importancia de este apoyo para la ejecución de mejoras en su entorno.
Esta entrega se encuentra respaldada por el Acuerdo de Concejo N.° 011-2026-MPH-CM, instrumento que permite canalizar acciones concretas orientadas al impulso de la infraestructura básica en distintos sectores de la provincia, contribuyendo así a elevar la calidad de vida de la población.
Desde una perspectiva de gestión, la actual administración municipal continúa promoviendo el trabajo articulado con las organizaciones vecinales, priorizando intervenciones que respondan a demandas reales y fomenten la participación ciudadana. La dotación de materiales de construcción, como en este caso, se convierte en una herramienta clave para que los propios vecinos impulsen el desarrollo de sus espacios comunitarios.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el último sábado la aprobación del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031 a través de un decreto supremo (N° 039-2026-EF) publicado en el diario oficial El Peruano.
El documento prioriza 72 proyectos a desarrollarse en los próximos 5 años con una inversión total de S/144,117 millones. No obstante, este plan oficial ha generado impacto al confirmar la exclusión de megaproyectos de transporte críticos para la capital del país, como la Línea 3 del Metro de Lima y el Antepuerto del Callao, debido al incumplimiento de requisitos técnicos obligatorios.
El documento oficial puntualiza que los proyectos mencionados “no cumplieron con las condiciones mínimas” para ser incluidos en el PNI que entró en vigencia, así como otras 11 propuestas que formaban parte del anterior plan sostenible (PNISC 2022-2025).
El filtro técnico detrás de la exclusión
Para que una obra fuera considerada expedita en esta nueva edición del plan, debía satisfacer obligatoriamente tres condiciones mínimas de priorización.
En primer lugar, los proyectos debían encontrarse registrados en el Programa Multianual de Inversiones, en el Informe Multianual de Inversiones en APP aprobado por los ministerios, en la cartera de Proinversión o en el portafolio de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
Como segundo requisito, la propuesta debía demostrar sostenibilidad fiscal bajo los marcos presupuestales vigentes para los años 2027 y 2028.
Finalmente, el proyecto no podía ser una inversión de optimización o rehabilitación menor, y debía estar ya en ejecución física o tener previsto el inicio de obra como máximo en los próximos cinco años.
No obstante, el documento oficial del MEF aclara que los proyectos que no alcanzaron la lista de priorizados “no pierden su valor estratégico”, por lo que las entidades responsables deben continuar impulsando su ejecución.
Entre las obras que sí lograron su inclusión destacan la creación de la Nueva Carretera Central, valorizada en S/ 24,653 millones, y la continuación de la Línea 2 del Metro de Lima junto a su ramal Av. Faucett-Gambetta, que representa una inversión de S/ 20,092 millones.
La Línea 3 del Metro y el Antepuerto del Callao en suspenso
La exclusión de la Línea 3 del Metro de Lima representa una pausa significativa en la conectividad masiva de la capital. Este proyecto contemplaba la creación de un sistema completamente subterráneo de 34.8 kilómetros que uniría los distritos de San Juan de Miraflores y Comas.
De acuerdo con datos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la infraestructura permitiría realizar este trayecto en solo 56 minutos, beneficiando a más de cinco millones de personas que residen en jurisdicciones como Los Olivos, Independencia, Rímac y San Isidro.
Pese a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estimaba iniciar las obras en 2027, el incumplimiento de las condiciones mínimas del plan 2026-2031 ha dejado el cronograma en la incertidumbre.
En una situación similar se encuentra el proyecto del Antepuerto del Callao, una infraestructura logística estratégica diseñada para albergar hasta 729 camiones en un área de más de 20 hectáreas entre las avenidas Néstor Gambetta y Contralmirante Mora.
El objetivo central de esta obra es ordenar el flujo de carga pesada hacia los terminales portuarios de APM Terminals y DP World mediante un sistema de citas tecnológicas, reduciendo la congestión vehicular en las vías urbanas del primer puerto.
Al no cumplir con los filtros del MEF, este proyecto también ha quedado fuera de las prioridades inmediatas del Ejecutivo.
Recorrido proyectado para la Línea 3 del Metro de Lima.Fuente: ATU
Proyectos que lideran el PNI
A pesar de estas ausencias, el sector Transportes sigue siendo el eje central de la inversión estatal con 28 proyectos priorizados que suman más de S/ 100,897 millones.
Entre las obras que sí lograron su inclusión destacan la creación de la Nueva Carretera Central, valorizada en S/ 24,653 millones, y la continuación de la Línea 2 del Metro de Lima junto a su ramal Av. Faucett-Gambetta, que representa una inversión de S/ 20,092 millones.
También figuran el Anillo Vial Periférico, la modernización del Aeropuerto de Chiclayo, el Terminal Portuario de San Juan de Marcona y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.
Otros proyectos
El Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 no se limita al transporte y extiende su alcance a otros sectores.
En Agricultura y Riego se han priorizado 9 proyectos, destacando la rehabilitación del Reservorio de Poechos y la tercera etapa de Chavimochic.
Asimismo, en el rubro de Agua y Saneamiento se impulsan 8 iniciativas como las Obras de Cabecera en Lima y diversas plantas de tratamiento de aguas residuales en Trujillo, Huancayo y Chincha.
El plan también abarca Salud con el Hospital Regional Docente de Trujillo, Educación a través de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), y Turismo con el Teleférico de Choquequirao.
En total, 52 proyectos del plan anterior han quedado fuera de esta planificación por diversos motivos. Además de los 13 que no cumplieron las condiciones mínimas, existen 17 propuestas que no fueron presentadas por las entidades responsables, 19 que no obtuvieron el puntaje de priorización necesario según los indicadores de sostenibilidad y 2 obras que ya se encuentran culminadas, como es el caso de la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez.
La Sala Penal de Huacho ratificó en segunda instancia la condena de cinco años de prisión suspendida contra el alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, por el delito de peculado doloso. El fallo confirma que la autoridad incurrió en la entrega irregular de la administración de los servicios higiénicos del Puerto de Chancay a terceros, configurando el uso indebido de bienes públicos en beneficio privado.
Con esta decisión judicial, Álvarez Andrade deberá dejar el cargo una vez que se oficialice la resolución. El Concejo Municipal deberá convocar a una sesión extraordinaria para votar su suspensión, la cual podría ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que tendrá la última palabra.
El caso reaviva el debate sobre la permanencia de autoridades cuestionadas en la región, como es el caso de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez que enfrenta una situación similar tras haber sido condenada en primera instancia a nueve años y cinco meses de prisión por peculado doloso agravado. Aunque su sentencia aún está en apelación, una eventual ratificación la obligaría a dejar el cargo.
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