El canciller Hugo De Zela afirmó ante la OEA que los procesos de asilo político han sido distorsionados por «sesgos ideológicos”, en el marco del debate abierto en nuestro país por el caso de Betssy Chávez, condenada recientemente por conspiración y asilada en la Embajada de México. La postura de Perú es que antes de otorgar este beneficio se evalúe con información «objetiva» otorgada por el estado territorial y con «fuentes confiables».

Durante su intervención, el ministro sostuvo que el Perú no ha presentado un caso individual ante la OEA, pero sí consideró necesario alertar que el derecho de asilo ha “evolucionado negativamente”. Afirmó que algunos gobiernos están amparándose en la Convención para justificar protecciones que no corresponden a contextos de persecución política.

«No estamos planteando un caso específico de asilo diplomático como el de estos días con la señora Betssy Chávez. Sin embargo, sí queremos resaltar que estos casos recientes reafirman que se ha producido una evolución negativa en el derecho de asilo, consagrada en la Convención de Caracas de 1954. Se utiliza la Convención con quienes no sufren persecución política en estados democráticos y esta tendencia se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y buena vecindad y que no coinciden con el espíritu de la Convención», señaló.

¿Qué planteó el Perú ante la OEA sobre el derecho de asilo?

Según la posición peruana, un Estado que otorga el asilo político a alguien procesado por un delito común se expone a ser percibido como un «protector», afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones por considerar que se está otorgando un manto de impunidad. «El asilo crea obligaciones que pueden trascender al gobierno que lo concede, afectando potencialmente los derechos de la persona asilada», agregó.

En ese sentido, la propuesta concreta que llevó el canciller Hugo de Zela es que los países asilantes evalúen con información objetiva y fuentes confiables antes de decidir si otorgan o no el asilo político. La postura es que se deje de depender de lo que llama «criterios subjetivos» y se base en «procedimientos institucionales».

«Cuando se evalúen los pedidos de asilos diplomáticos, en el marco de la Convención de Caracas y otros instrumentos como los que nos vinculan en materia de lucha contra la corrupción, la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva, con la información proporcionada por el estado territorial, así como por otras fuentes confiables antes de decidir si es procedente el asilo solicitado, ello exige que la aplicación del artículo 9 de la Convención, deje de depender exclusivamente de un criterio subjetivo y se base en procedimientos institucionales que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad del Estado», alegó el canciller De Zela.

México rechaza reinterpretación del asilo propuesto por Perú

La representante permanente de México ante la OEA, Luz Baños Rivas, defendió con firmeza la decisión de su país de otorgar asilo diplomático a Betssy Chávez y cuestionó que el Consejo Permanente sea utilizado —según dijo— para reinterpretar la Convención de Caracas de 1954. Sostuvo que este foro “no es el espacio competente” para revisar un tratado internacional y que cualquier modificación sería jurídicamente inviable sin la participación y el consentimiento de todos los Estados parte.

México argumentó que la sesión solo fue convocada después de conceder el asilo y solicitar el salvoconducto, lo que, a su juicio, sugiere que se intenta “cambiar las reglas del juego” por un caso particular, vulnerando el principio de irretroactividad. Baños insistió en que su país actuó dentro del marco interamericano vigente y advirtió que el debate abierto en la OEA “pone en riesgo la naturaleza humanitaria del asilo”.

Además, la delegación mexicana recordó que el asilo genera obligaciones vinculantes para los Estados y que el incumplimiento —en referencia directa al Perú por no otorgar el salvoconducto— podría derivar en vulneraciones a derechos humanos. Baños subrayó que la inviolabilidad de los locales diplomáticos y el respeto a los compromisos internacionales no son negociables, y reafirmó la disposición de México al diálogo, siempre bajo el respeto estricto al derecho internacional.