El inminente inicio del juicio oral contra el vacado presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, ocurridas entre 2011 y 2014, cuando era gobernador de dicha región, amenaza con ser demoledor. Las pruebas y al menos 28 testigos en su contra lo hundirían sin atenuantes.

Las coimas

De acuerdo con la resolución N.° 39, emitida el pasado viernes, 30 de abril del 2024 por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, autorizó se cuenta con pruebas suficientes, entre documentarias y testimoniales, que acreditarían que el expresidente habría cometido el delito de cohecho pasivo propio no solo por solicitar un pago para direccionar licitaciones y sus actos como autoridad regional sino también por haber recibido dichos pagos.

Es más, el Poder Judicial aceptó los 34 testigos que presentó el Ministerio Público. Se trata de 19 testigos por el caso Lomas de Ilo y 15 por Hospital de Moquegua. Cabe destacar que ambos casos tienen seis testigos comunes, cuatro personas del entorno de Vizcarra Cornejo, un directivo de una empresa y una periodista que investigó ambos casos. Es decir, son 28 testigos individuales.

En la lista figuran, entre otros, Elard Tejeda Moscoso, Manuel Tejeda Moscosoi, Ana María Ellen Vela, Carmen Rosa Ríos Quintero, Tobías Puertas Gutiérrez, Edmer Trujillo, Karem Roca y José Manuel Hernández, entre otros.

Primer caso

Por ejemplo, en el caso Lomas de Ilo, la Fiscalía tiene como testigo a Elard Tejeda Moscoso (gerente Comercial de Obrainsa) con quien Vizcarra Cornejo se reunió entre el 4, y 6 de noviembre de 2013 aproximadamente, con la finalidad de ofrecerle ayudar para ganar la buena pro, de la licitación de la “Construcción de la Línea de Conducción N. ° 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”, a cambio de un beneficio económico indebido.

“(Vizcarra) le brindó información privilegiada, en el sentido de indicarle el monto que debía ofertar, el cual no debía ser mayor a S/ 81 000 000.00 y como consecuencia, del ‘quebrantamiento de esos deberes propios de la función pública’, le solicitó de manera directa a cambio un beneficio económico indebido, consistente en el 2% del costo directo de la obra (S/ 50 810 637.85), que ascendía al monto de S/ 1 016 212.76 soles”, se lee en el documento que autoriza el inicio del juicio oral.

Pero eso no es todo, el citado documento también señala cómo se dieron los pagos del monto solicitado por el entonces gobernador regional.

“Martín Vizcarra Cornejo recibió del consorcio (conformado por Obrainsa y Astaldi S.P.A.) S/ 1 035 000.00, entregados según el siguiente detalle: S/35 985.65 en el alquiler de una avioneta para el traslado de personas de Lima a Ilo con retorno, S/400,000.00 en efectivo entre el 27 o 28 de enero de 2014 y S/600,000.00 en efectivo en la primera semana de abril de 2014.

De acuerdo a los testigos presentados por la Fiscalía, ambas sumas de dinero en efectivo se realizaron en las instalaciones de la empresa Obrainsa y fue el mismo Vizcarra quien recibió dichos montos de manos de Elard Paúl Tejeda Moscoso.

Apartado II

En el auto de enjuiciamiento se denomina “Apartado II” a los hechos en torno al “Concurso Público Internacional PER/013/ 87471/1983: ‘Elaboración del Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra y Construcción de Obra para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2′”.

De acuerdo a los testigos, en este caso Vizcarra Cornejo solicitó S/ 1.3 millones para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro ganada por el consorcio Hospitalario Moquegua, conformada por las empresas ICCGSA e INCOT.

En su calidad de gobernador regional, Vizcarra Cornejo tenía la facultad de objetar o suscribir el mismo.

En esta ocasión, el modus operandi fue distinto. De acuerdo a un colaborador eficaz, el expresidente envío a su amigo y hombre de confianza José Manuel Hernández Calderón a que haga este pedido a Rafael Granados Cueto (gerente comercial de ICCGSA), durante una reunión de la CADE 2013, realizada en Ica.

Los ejecutivos del Consorcio aceptaron la propuesta de Vizcarra y los pagos se hicieron en siete armadas, en su mayoría, por intermedio de Hernández Calderón, a quien Granados Cueto, le entregaba el dinero, que oscilaba entre S/100 mil y S/ 200 mil, en las oficinas de ICCGSA, para luego entregarlo al expresidente previa coordinación telefónica o por mensajes de WhatsApp.

Entre marzo y julio del 2014 ocurrieron dos entregas de dinero a Vizcarra y fueron en su vivienda de San Isidro. El encargado de entregar los montos fue Carlos Aranda Huamán, chofer de Hernández Calderón.

Entre julio de 2014 y junio de 2015 hubo tres entregas. Estas se produjeron en las oficinas de Asesores Técnicos Asociados (ATA), empresa de Hernández Calderón, y fue precisamente este quien le entregó el dinero al expresidente.

Entre julio y agosto de 2015, Rafael Granados Cueto (gerente comercial de ICCGSA), entregó $30 mil a Vizcarra en la sede de la empresa.

El último pago fue el 25 de agosto de 2016, cuando ya era primer vicepresidente de la república y ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Pablo Kuczynski. En esa ocasión recibió $60 mil de manos de otro ejecutivo ce ICCGSA, Fernando Castillo Dibós.

Los testigos

Además de personas que lo acompañaron en el Gobierno Regional de Moquegua y empresarios que accedieron a pagar las coimas, la lista de testigos incluye a viejos conocidos que siguieron a Vizcarra en la presidencia de la república.

Entre ellos destacan José Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza de Vizcarra, que fue ministro de Agricultura.

Edmer Trujillo Mori fue gerente del gobierno regional de Moquegua y ministro de varias carteras durante gobierno de PPK y Vizcarra.

Karem Roca Luque fue secretaria del gobierno regional de Moquegua y Vizcarra la llevó a Palacio de Gobierno como su asistente administrativa. Estuvo implicada en una serie de hechos como el ‘caso Richard Swing’.

Iván Manchego Coayla es un moqueguano de la entera confianza de Vizcarra, fue su asesor en el Ministerio de Transportes y luego, cuando llegó al poder, lo nombró representante del Ministerio de Agricultura en el proyecto agrícola Pasto Grande.

Análisis

Para el penalista Andy Carrión, el proceso contra Martín Vizcarra, en general, “es uno de los casos que tiene más fortaleza probatoria”, pero no se verá una condena muy pronto. “Entiendo que la Fiscalía va a solicitar la nulidad de la propia acusación y esto implicaría que tomaría más tiempo para que se instale el juicio”, señaló. Consideró que lograr una sentencia en primera instancia “tomaría entre tres y cuatro años”.