El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció el levantamiento de la huelga sindical que afectaba a sus servicios desde el 9 de septiembre, luego de alcanzar un acuerdo con los representantes de los gremios en el Ministerio de Trabajo.
El pacto incluye la asignación de incentivos vinculados a indicadores de desempeño laboral a partir de 2026.
En un comunicado oficial, EsSalud informó que, tras varias rondas de diálogo, los gremios sindicales aceptaron la propuesta de incentivos por cumplimiento de actividades y metas de desempeño, lo que permitió la firma de un acta que puso fin a la medida de fuerza.
La institución destacó que su compromiso se centra en la sostenibilidad financiera, la lucha contra la corrupción y la mejora continua de los servicios de salud. Asimismo, señaló que se continuará con la convocatoria de nuevos profesionales y concursos de jefaturas para fortalecer la atención a nivel nacional.
Comunicado de Essalud.
EsSalud subrayó también su disposición permanente al diálogo y el respeto mutuo como base para alcanzar acuerdos laborales, con miras a optimizar la atención de los asegurados y garantizar la continuidad de los servicios especializados.
Con este acuerdo, se normaliza la atención en hospitales y centros de salud a nivel nacional, asegurando la atención a millones de usuarios que se habían visto afectados por la paralización.
La más reciente encuesta de CPI revela los niveles de rechazo ciudadano que enfrentan los principales candidatos presidenciales en Perú de cara a las próximas elecciones generales. El estudio identifica a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como la candidata con mayor resistencia entre los votantes: el 46.2 % manifestó que definitivamente no le otorgaría su voto.
Este nivel de rechazo se mantiene estable tanto en Lima, Callao como en el resto del país y resulta más elevado en la costa sur, sierra centro y sierra sur, donde la negativa a Fujimori supera el 50 %. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la disposición a no votar por ella predomina, mientras que en el rango de 25 a 70 años el rechazo gira en torno al 45 %.
La segunda posición en la lista de negativos corresponde a César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso, con 38.3 % de los peruanos que rechaza de plano su candidatura. El sondeo de CPI destaca que este sentimiento es especialmente fuerte en Lima y Callao, aunque el mayor porcentaje de rechazo se localiza en la región norte, su actual ámbito de gobierno.
El tercer lugar lo ocupa Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y exaliado de Pedro Castillo, quien registra 28.4 % de desaprobación nacional. El rechazo a Cerrón se concentra principalmente en Lima con 45.9 %, mientras que en otras regiones los índices oscilan: 4.3 % en el oriente, 13 % en la costa sur, 17 % en la costa y sierra norte y 27.2 % en la sierra centro y sur.
En la parte baja del listado se encuentran el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (10.1 %), el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo (8.1 %), el presentador Philip Butters (6.7 %) y Ezequiel Ataucusi (5.4 %). Otros posibles candidatos suman una negativa del 44.3 % entre los encuestados, mientras que 16.2 % de la población no precisó su preferencia o rechazo.
La encuesta de CPI distribuye el panorama electoral nacional al medir quiénes enfrentan las mayores barreras de rechazo a pocos meses de iniciar formalmente la campaña.
Sorpresivo tercer lugar
Martín Vizcarra no es Mario Vizcarra: expresidente es confundido con su hermano quien ya aparece tercero en las encuestas
La última encuesta nacional de Ipsos presenta un escenario electoral abierto y fragmentado a siete meses de las elecciones generales de 2026 en Perú. El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, mantiene el liderazgo en intención de voto con 10 %, aunque desciende un punto frente al mes anterior. En segundo lugar se encuentra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien incrementa su respaldo a 8 %, lo que representa un avance leve respecto al estudio previo.
La principal novedad de la medición difundida por Ipsos es la irrupción de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, que sube dos puntos hasta alcanzar 5 % y se ubica en el tercer puesto. El cómico Carlos Álvarez obtiene 4 % de las preferencias, afianzando su presencia en el debate político, mientras que César Acuña, gobernador de La Libertad, permanece con 3 % de apoyo ciudadano.
El bloque de candidatos que logra 2 % de respaldo lo integran Alfonso López Chau, Yonhy Lescano, George Forsyth, Philip Butters, Rafael Belaúnde y Víctor Andrés García Belaúnde. El grupo denominado “otros” suma 11 % y aglutina a diversas figuras, como José Luna, Vladimir Cerrón, Ricardo Belmont, Roberto Chiabra, Vicente Alanoca, Virgilio Acuña y Carlos Espá.Elecciones 2026: nueva encuesta revela un nuevo tercer lugar y mantiene a Rafael López Aliaga a la cabeza
Un aspecto relevante es la elevada porción de ciudadanos que no define su voto: 37 % afirma no respaldar a ningún postulante y 10 % no precisa una preferencia. Esta dispersión en las opciones es similar en la competencia por el Congreso y el Parlamento Andino.
En cuanto a la selección de candidaturas, la mayoría de los partidos elige a sus representantes mediante delegados y solo el Partido Aprista opta por voto directo de afiliados, según registros de la ONPE. Las elecciones internas se desarrollarán entre noviembre y diciembre, bajo la fiscalización de los órganos electorales partidarios y la normativa vigente.
El Ejecutivo promulgó este lunes la Ley N° 32446 que modifica el Código Penal e incorpora el delito de criminalidad sistemática. La norma fue oficializada con su publicación en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
De este modo, la nueva ley establece que quienes cometan delitos tipificados como extorsión o sicariato podrán recibir la pena de cadena perpetua.
«El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua”, establece la normativa que cuenta con las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana.
Aprobada por mayoría en el Congreso
Cabe resaltar que esta norma fue impulsada por el Congreso desde la legislatura pasada. El último 4 de septiembre, el pleno del Parlamento la aprobó, en segunda votación, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz (Perú Libre), recordó el proceso que siguió esta propuesta: “Este dictamen, que contiene 17 proyectos de ley presentados por diferentes bancadas, fue debatido en el pleno el 3 de octubre de 2024. Posteriormente se presentó un nuevo texto sustitutorio, se pasó a cuarto intermedio y, tras sucesivos debates, finalmente fue aprobado en primera votación el 16 de octubre de ese año. Hoy, después de su inclusión en la agenda ampliada, el Pleno le dio la aprobación definitiva”, indicó en aquella ocasión.
Sin embargo, no todos respaldaron la medida. La congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) expresó reparos frente a la efectividad de la nueva norma: “El problema no es la falta de una norma, sino el plazo que tiene la Policía para investigar. Con 48 horas resulta casi imposible levantar el secreto de las comunicaciones, revisar cámaras o individualizar a los autores. Lo que se necesita es ampliar a 15 días la detención en casos graves, como ya ocurre en delitos de terrorismo”.
Desde otra posición crítica, Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) cuestionó la redacción de la propuesta: “No comparto esta lógica de populismo penal. El tipo penal está redactado de manera ambigua, al incluir frases como ‘otros de similar características’, lo que puede dar lugar a arbitrariedades”.
En contraste, otros legisladores defendieron la norma como una herramienta necesaria frente al incremento de la violencia criminal.
El parlamentario Diego Bazán (RP) mencionó dos ataques recientes en La Libertad para justificar su apoyo: “El 20 de enero de 2025 dinamitaron la sede del Ministerio Público, y el 15 de agosto hicieron lo mismo en una concurrida calle de Trujillo. Necesitamos ser contundentes contra los criminales. Esta ley sí aporta porque tipifica un delito que hoy no existe en el Código Penal”.
Hace poco más de dos años, el norte chico se tiñó de sangre y espanto con el brutal asesinato de Romer Campos Meza (30), un joven chef que soñaba con abrirse paso en el mundo de la gastronomía. El crimen, perpetrado en Chancay la noche del 20 de abril de 2023, reveló un oscuro triángulo de engaños, amenazas y celos que terminó en tragedia.
La historia, que esta semana recordó el programa ‘Estás en todas’, comenzó cuando la pareja de Campos, una adolescente venezolana de 17 años, lo citó bajo la excusa de darle una sorpresa por un mes más de relación. Con ese pretexto, lo llevó hasta un callejón desolado, donde lo esperaba la muerte.
Chef de 30 años mantenía una relación con joven venezolana de 17 años.
Las cámaras de seguridad captaron el inicio de la traición. La joven llegó de la mano con el chef y, en un aparente juego romántico, lo convenció de vendarse los ojos con su casaca. En segundos, lo condujo directo a una emboscada.
Allí apareció Roger Nelson Moreno Moreno, alias ‘El Colocho’, un sicario de amplio prontuario y miembro de la banda criminal ‘Los Monos de Quepepampa’. Junto a otros cómplices, descargó sobre la víctima 17 disparos a quemarropa, la mayoría dirigidos al rostro. Un asesinato planeado al detalle.
EL PLAN MACABRO Y LA CONFESIÓN DE LA MENOR
Las primeras versiones señalaron que la joven actuó por voluntad propia. Sin embargo, durante los interrogatorios, admitió que mantenía una relación con el sicario y que este la amenazó con matar a su familia si no “centraba” a la víctima.
“Me dijo que si no lo centro a él, me va a matar a mí y a mis hermanos”, relató ante la Policía, en un testimonio que estremeció incluso a los investigadores.
Pese a sus justificaciones, la frialdad con la que confesó impactó a todos. “¿Crees que yo voy a preferir que maten a mis hermanos a que lo maten a él? Además, a mí no me dijeron que lo iban a matar”, declaró sin mostrar remordimiento.
El coronel PNP Manuel Farías, jefe de la Divpol Huaral, confirmó que las contradicciones de la menor encendieron las sospechas. Ella, en un inicio, se presentó como víctima. Pero las cámaras de seguridad la delataron: era la misma joven que había guiado al cocinero hacia la muerte.
Joven venezolana, de por entonces 17 años, confesó todo a la Policía.
EL PODER DE ‘LOS MONOS DE QUEPEPAMPA’
El caso expuso la influencia de la banda ‘Los Monos de Quepepampa’, organización dedicada al sicariato, extorsiones y cobro de cupos en construcción civil. Alias ‘El Colocho’, detenido poco después junto a la menor, era segundo al mando de la agrupación y ya había purgado condena en los penales de Ancón 1 y Carquín.
“Moreno Moreno reconoce que es el segundo al mando de la organización criminal y la requisitoria era por sicariato, extorsión y homicidio”, detalló el coronel Farías.
El prontuario del sicario explicaba la violencia con la que se ejecutó el crimen. En el norte chico, su nombre era sinónimo de miedo. Su banda había “copado con sus ilícitos negocios” zonas como Huaral, Chancay y Barranca, sembrando terror entre comerciantes y empresarios.
En paralelo, la estadística criminal seguía creciendo: solo en 2023 se contabilizaron cerca de 60 asesinatos en el norte chico, diez de ellos en Chancay. Una ola de sangre que no daba tregua.
Peligroso sicario, apodado ‘El Colocho’, ejecutó al joven cocinero.
UN DOLOR QUE NO CESA
El hallazgo del cuerpo de Campos al día siguiente estremeció a los vecinos. Y más aún cuando se supo que el joven, natural de Mazamari (Junín), había luchado por abrirse camino en la cocina tras llegar a Lima a los 17 años. En Chancay, donde residía, se le conocía como un trabajador incansable con sueños de convertirse en chef reconocido.
Para su familia, la noticia fue devastadora. “Él era un chico trabajador, pido justicia por él, ha sido una muerte fatal”, dijo su hermana entre lágrimas.
Hoy, tanto la menor como ‘El Colocho’ cumplen prisión preventiva, mientras la investigación continúa para identificar a los otros dos hombres que participaron en la emboscada.
El crimen de Romer Campos Meza quedará marcado como uno de los más atroces del norte chico: un asesinato a sangre fría donde se mezclaron el amor adolescente, las amenazas y la mano implacable de una organización criminal.
Los familiares de las víctimas de los crímenes ocurridos en los 80’ y 90’, además de las víctimas de las protestas sociales del gobierno de Manuel Merino y Dina Boluarte se congregaron frente a la Defensoría del Pueblo, para hacer escuchar su voz de protesta y sobre todo entregar una misiva al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solicitándole retire la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que ha presentado el pasado 12 de septiembre ante el Tribunal Constitucional.
“De no retirar la demanda presentada y el TC resuelve que la ley de amnistía es constitucional, estaría enterrando nuestras esperanzas de justicia, estarían atropellando 4 décadas de lucha continua como familiares, estarían siendo cómplices de estos criminales” indica la misiva.
Los familiares precisan que detrás de esta iniciativa existe el interés que se declare justamente constitucional esta ley de amnistía, quedando los jueces y fiscales impedidos de ejercer el control difuso, ellos sostienen que tal situación dejaría en absoluta indefensión a cientos de familias.
Familiares de víctimas protestaron en las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo
Congresista Luque emplaza a Josué Gutiérrez
La congresista Ruth Luque también participó del plantón frente a la sede de la Defensoría, ella sostuvo que “la presencia de Josué Gutiérrez ha desvirtuado de manera completa lo que representa la Defensoría del Pueblo en nuestro país”; además, lo emplazó a retirar la demanda contra ley de amnistía para demostrar que realmente cree en la inconstitucionalidad.
Otra que se hizo presente en la protesta fue la excongresista, Indira Huilca, hija de Pedro Huilca, exlíder sindicalista asesinado hace más de 32 años, ella precisó que serían 700 víctimas con casos sentenciados que podrían perjudicarse de declararse constitucional la ley de amnistía.
“Ese es un número preocupante que fueron violentadas en sus derechos en los 80 en nuestro país, y que con mucho esfuerzo consiguieron justicia, porque estamos hablando de 700 casos sentenciados, probados por la justicia de manera plena y que hoy se está buscando queden en la total impunidad”.
Familiares de víctimas en contra de la Ley de Amnistía
La voz de las familias
Luzdilan Camargo, madre de Inti Sotelo, joven asesinado en las protestas sociales del gobierno de Manuel Merino, sostuvo que habiendo pasado más de 5 años de la muerte de su hijo aún no ha encontrado justicia.
“La palabra justicia en Perú están inverosímil, tan difícil de alcanzar, estamos yendo a paso de tortuga, el caso no avanza, como los demás casos, no hay nadie detenido”.
Finalmente, Gisela Ortiz, representante de los familiares del caso La Cantuta, calificó de complot político lo que habría entre el ejecutivo, el Congreso, el TC y el Defensor del Pueblo, para que la amnistía se imponga
Los indicios de que existiera detrás un interés alejado de la inconstitucionalidad nace a raíz de las declaraciones que diera un adjunto de derechos humanos de la Defensoría en abril pasado en el Congreso de la República. Carlos Fernández Millán, indicó en ese entonces que «existe una gran preocupación porque han pasado cerca de 30 años y el sistema de justicia no ha podido resolver estos casos, perjudicando a muchas familias policiales y militares” respaldando así la ley de amnistía.
La mirada internacional volvió a posarse sobre el megapuerto de Chancay, una de las obras más ambiciosas de la región que promete reconfigurar el comercio entre Latinoamérica y Asia. El prestigioso medio Bloomberg publicó un amplio reportaje en el que destaca que, junto con el desarrollo económico que debería traer esta inversión millonaria, también está emergiendo una ola de inseguridad y violencia que preocupa a empresarios, vecinos y especialistas.
De acuerdo con el informe, lo que debía ser un símbolo de progreso se ha convertido también en terreno fértil para bandas criminales que ven en la zona nuevas oportunidades. Extorsiones, tiroteos, amenazas con explosivos y un repunte de homicidios marcan el día a día de una ciudad que, hasta hace poco, era conocida por su tranquilidad y por la pesca artesanal.
“El papel del puerto en el futuro económico del Perú preocupa a expertos que temen que se convierta en un foco criminal tan notorio como el Callao, el principal terminal de contenedores del país”, advierte el reportaje, que narra cómo la sombra del crimen se superpone a las grúas y contenedores que reconfiguraron el horizonte de Chancay.
El reportaje de Bloomberg arranca con la historia de Vladimir Cantoral, un ingeniero eléctrico que recibió llamadas de la temida banda Los Pulpos de Trujillo. Los delincuentes le exigieron “apoyo logístico”, un eufemismo para pedir dinero bajo amenaza. Minutos después, le enviaron fotos de su DNI y videos con armas, dejándole claro que estaban vigilando cada uno de sus pasos. No fue el único: cuando acudió a denunciar a la comisaría, le dijeron que era la quinta extorsión registrada en un solo día.
Las cifras confirman el problema. Entre enero y agosto de este año se registraron 966 denuncias de extorsión en la región Lima Provincias, donde se encuentra Chancay. Esto representa un incremento del 25% respecto al mismo periodo del 2024. Además, la provincia de Huaral, que alberga al megapuerto, figura entre las cinco con mayor tasa de homicidios en el país, cuando hasta hace pocos años no aparecía en los rankings de violencia.
Los ataques armados se han vuelto recurrentes. Bloomberg recuerda que en una sola semana sicarios abrieron fuego en un garaje, dejando dos muertos y siete heridos, y días después balearon a un grupo en un complejo deportivo, con un saldo de otras dos víctimas mortales. Las autoridades reconocen que la extorsión digital y presencial es el delito que más crece en la zona, alimentado por pandillas como Los Monos de Quepepampa y Puros Hermanos Sicarios, además de facciones vinculadas al Tren de Aragua.
Los expertos citados en el informe advierten que los puertos son puntos estratégicos para el narcotráfico y la delincuencia organizada. Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, recordó que estas infraestructuras siempre generan un atractivo para mafias que buscan rutas de salida al exterior. Y aunque la empresa Cosco Shipping, administradora del terminal, asegura que opera con los más altos estándares internacionales y tecnología de control, la violencia se concentra en los alrededores, donde la población se siente cada vez más vulnerable.
Impacto social y económico del megapuerto: “Prácticamente no tenemos negocio” El megapuerto de Chancay, inaugurado en noviembre pasado por Dina Boluarte y Xi Jinping, es una obra de US$ 1.300 millones que busca triplicar las exportaciones agrícolas del país y proyecta que, hacia 2034, la ciudad pase de 70 mil a más de 210 mil habitantes. Según el plan oficial, se crearían 58 mil nuevos empleos y se consolidaría un “crecimiento ordenado y sostenible”. Sin embargo, en paralelo a la promesa de progreso, los testimonios recogidos en Bloomberg muestran una comunidad que siente que los beneficios aún no llegan.
Los pescadores artesanales son uno de los sectores más golpeados. La construcción del puerto modificó las corrientes marinas y redujo drásticamente la pesca de especies como el bonito o el pejerrey. “Quince años atrás llenaba 15 cajones en un solo día, ahora apenas dos”, relató Julio César López, un pescador de 61 años que tuvo que reinventarse ofreciendo paseos turísticos en bote. Pero ni siquiera esa alternativa se sostiene: un accidente en altamar en febrero, donde murieron una madre y su hija, frenó el turismo y dejó a decenas de familias sin ingresos.
El comercio local también resiente los cambios. Dueños de restaurantes en la bahía aseguran que el agua está contaminada y que la afluencia de visitantes cayó en picada. “Prácticamente no tenemos negocio”, contó Socorro Rosa Trujillo, dueña de un conocido local de cevichería. Frente a esa crisis, muchos vecinos piensan en migrar, pero otros se resisten a dejar atrás años de esfuerzo invertido en sus negocios.
La presión sobre la infraestructura también ha quedado en evidencia. Uno de los carriles del puente de Chancay colapsó en febrero, causando un accidente con tres muertos. Para especialistas, este hecho refleja cómo las obras locales no se prepararon para soportar el tránsito masivo que traerá el puerto, un escenario que se repite en el terreno de la seguridad: sin un plan de contingencia claro, temen que la violencia continúe escalando.
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