Gran parte del discurso por Fiestas Patrias de Dina Boluarte habría sido realizado con Inteligencia Artificial, según indican los verificados de IA Justdone, Sidekicker, ZeroGPT.
Fue la usuaria de X Karen Barboza quien alertó del posible uso de IA para la elaboración del discurso. De acuerdo con la aplicación Justdone, el 91% del discurso muestra signos de generación por IA. Sidekicker indica un 80%, mientras que ZeroGPT presenta 62.7%.
Justdone, verificador de IA, indica que el 91% del texto muestra signos de generación por IA. Foto: captura de pantalla/Justdone
El detector de IA Sidekicker indica que un 80% del discurso muestra signos de elaboración de IA. Foto: Karen Barboza/X
ZeroGPT detectó un 62.67% del discurso habría sido generado por IA. Foto: Karen Barboza/X
Dina Boluarte no leyó su discurso completo
El mensaje presidencial impreso constaba de más de 90 páginas, pero la jefa de Estado finalizó su lectura tras avanzar poco más de la página 80. Este salto abrupto ocurrió en la última parte del discurso, lo que generó dudas sobre el contenido que se dejó fuera y las razones detrás de esta omisión.
Hasta el momento, desde Palacio de Gobierno no se ha emitido una explicación oficial sobre lo ocurrido. La omisión no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde usuarios y periodistas de diversos medios de comunicación cuestionan la falta de transparencia y el tratamiento improvisado de un mensaje que debía dar cuenta de la situación real del país y sus perspectivas.
Durante el discurso en el hemiciclo del Parlamento, se presentaron algunas manifestaciones de congresistas de las bancadas de izquierda, quienes con carteles, polos y fotografías, lanzaron arengas en contra del régimen de Dina Boluarte. Legisladores como Jaime Quito, Ruth Luque, Wilson Quispe se levantaron de sus lugares y sacaron carteles con frases como: «El pueblo no se rinde», «Dina el pueblo te repudia» y «Justicia para el pueblo».
La corporación peruana Apucorp, vinculada al legado del fallecido empresario minero Guido del Castillo, planea operar cuatro minas de oro y plata en los próximos cinco años, con una inversión de US$800 millones y otros US$200 millones para fortalecer sus empresas de servicios.
En entrevista con La República, Carlos Tejada Mera, exgerente general adjunto del megapuerto de Chancay, y actual CEO de Apucorp comparte los planes de expansión de la compañía como la puesta en marcha de la mina Crespo, en Cusco, antes de fin de año. Señala que la firma evalúa participar en proyectos públicos como el teleférico a Choquequirao y apunta a una eventual apertura en bolsa hacia 2030.
—Luego de su paso por Cosco Shipping Ports Perú, ¿qué aprendizajes trae ahora a Apucorp?
La experiencia ha sido muy valiosa en términos de gobernanza corporativa que busca tener una buena gestión de las operaciones. Es decir, que sean eficientes, productivas y que cumplan con altos estándares de sostenibilidad en el cuidado del medioambiente, compromiso social y seguridad. Estamos aplicando todos los principios de ESG en Apucorp.
—¿Cuál es la visión de Apucorp en cinco años?
Apucorp nace del holding Erced, fundado por el ingeniero Guido del Castillo. Es un grupo principalmente minero. La visión es que Apucorp sea reconocida en Perú y a nivel internacional como una corporación comprometida con el desarrollo sostenible de la minería.
—¿El núcleo del negocio seguirá siendo minería?
Sí. Pero también Erced ha creado empresas para dar servicios integrados a la minería: empresas de perforación, de operaciones mineras, construcción civil y de metalmecánica. También, tiene empresas vinculadas que se están desarrollando en otras áreas de infraestructura. Se adquirió este año la Clínica Cayetano Heredia y también se construyó el mall Kilómetro 40 (del futbolista Jefferson Farfán), que es infraestuctura de retail. También administramos bienes inmuebles a través de Rillo, y evaluamos proyectos de parques industriales y vivienda.
Apucorp apunta a cuatro proyectos mineros al 2030.
— Ustedes han ido ampliando su portafolio. ¿Tienen la visión de seguir diversificando a más sectores?
Sí. Estas empresas de servicio tienen muchas capacidades técnicas y humanas más allá de la minería que pueden servir para desarrollar proyectos de infraestructura para nuestro país. Por ejemplo, una de nuestras empresas Cemprotec ha hecho toda la estructura del techo del aeropuerto de Lima. Estamos haciendo ahora el aeropuerto Chincheros de Cusco y desarrollamos otros proyectos para empresas privadas como Unicon o IIRSA Sur.
También nuestras empresa Ajani, que es de construcción civil, también trabaja en consorcios para programas de defensas ribereñas en ríos del norte (Motupe, La Leche) y también en el sur, en Chincha. Estamos participando en licitaciones de la Autoridad para la Reconstrucción (ANIN) y otros proyectos de infraestructura para el país.
En Apucorp hay 16 empresas directas, pero vinculadas hay otras empresas que pertenecen a los accionistas como la Clínica Cayetano Heredia y el mall Kilómetro 40, el Museo de Minerales ubicada en el Centro de Lima. Estas empresas no son parte de la corporación actualmente, pero sí están vinculadas a través de los accionistas.
—En infraestructura inmobiliaria también tienen presencia a través de Rillo, ¿En qué planean incursionar?
Rillo es una empresa de administración inmobiliaria porque la empresa también tiene bienes inmuebles para oficina, comercio. Esta sí pertenece a la corporación Apucorp. Estamos evaluando para también extender nuestra visión inmobiliaria en parques industriales y vivienda.
—Tienen interés en proyectos públicos como el Teleférico de Choquequirao, ¿Qué avance tienen para participar?
Hay una gran cartera de Proinversión. Estamos evaluando participar en estos proyectos de infraestructura orientadas a mejorar la conectividad del país como carreteras, puentes, teleféricos. Tenemos capacidades en ingeniería civil y metalmecánica que no solo permiten el desarrollo minero, sino el desarrollo del país. Estamos en conversaciones para asociarnos con una empresa internacional fabricante de teleféricos para presentar una propuesta técnica. Queremos que no sea solo construir, sino que incluya transferencia tecnológica hacia nuestras empresas. La idea es primero operar y dar mantenimiento, luego en una segunda etapa, producir partes y más adelante hacer la producción total.
El Mall KM40, en el que Jefferson Farfán es accionista, forma parte de las empresas vinculadas al holding Apucorp.
—Volviendo al núcleo del negocio, han anunciado que operarán cuatro minas de oro. ¿Qué implica y qué falta para que la mina Crespo en Cusco ya empiece a operar este año?
Nuestra meta es tener en operación cuatro minas de oro y plata hacia 2030. En estos momentos estamos terminando la construcción de la mina Crespo, en Cusco. Esperamos iniciar pruebas en septiembre y operar antes de fin de año. Hemos tramitado los permisos de explotación y de beneficio ante el Ministerio de Energía y Minas, además hemos empezado el trámite con la Sunat para temas de productos químicos.
Digamos, de esos cuatro proyectos, ¿cuál es el potencial productivo total que prevén?
Yo prefiero mantenerlo en reserva, pero es un potencial importante. Este grupo siempre tuvo un ADN en oro y plata, y vamos a mantenernos en esa dirección principalmente. No descartamos ir a otro tipo de minerales en alianza, pero principalmente en oro y plata. Nuestro grupo está en una empresa en mediana minería formal, de no más de US$350 millones por proyecto.
—¿Y qué otros proyectos?
Tenemos dos proyectos que este año entrarán a procedimiento de evaluación socioambiental a cargo de Senace: uno en septiembre y otro entre noviembre y diciembre. Estamos desarrollando un cuarto proyecto en el 2030. Entre los cuatro proyectos, tenemos previsto invertir unos US$1.000 millones en los próximos cinco años hasta el 2030, US$800 millones en minería (construcción de planta y estudios de impacto ambiental) y US$200 millones adicionales para reforzar nuestras empresas de servicio.
—¿Cómo financiarán este plan de expansión?
Estamos con capital y financiamiento bancario.
—¿Qué meta de facturación tienen con este crecimiento?
En los últimos años hemos facturado cerca de US$350 millones anuales. Para el próximo año buscamos crecer al menos un 10% anual, sin incluir la minería hacia el 2030. Estamos haciendo todo el proceso de gobernanza corporativa con sostenibilidad, para estar listos, para poder listar en bolsa el 2030, si fuera necesario levantar más capital.
—Sobre el Reinfo, tienen ustedes una propuesta piloto con Sunat para la formalización minera. ¿Qué le ha respondido Sunat?
Hemos tenido contacto con la Sunat. Tenemos planta de minerales que queremos poner a disposición de un proyecto piloto, donde en algunas de nuestras concesiones podamos a las empresas que tienen Reinfo, a través de contratos, poderlos ayudar para ingresar a la cadena formal, formal con trazabilidad, para ayudarlos a refinar y a darle valor, pues, a la actividad que se desarrolla minera.
Siempre y cuando en ese proceso se garantice la trazabilidad y la presencia, pues, del acompañamiento de Sunat en este proceso de formalización, del Ministerio de Energía y minas y la Sunat. Este proceso de formalización y que permita, pues, contribuir de manera formal a los ingresos en nuestro país a través de los impuestos y obligaciones tributarias.
Hemos tenido muy buena recepción. Estamos todavía trabajando en una serie de detalles y aspectos que esperamos continuar desarrollando para tener un piloto estructurado que nos permita iniciar su implementación.
—¿Qué recepción tuvo Sunat para esta propuesta?
Muy buena. Hemos tenido contacto directo y estamos trabajando en detalles. Queremos estructurar bien el piloto para ponerlo en marcha pronto.
—Respecto al componente social, ¿qué estrategia le están dando a la licencia social?
Nuestra estrategia se basa en transparencia, comunicación y compromiso con la sostenibilidad. Todos nuestros proyectos tienen estándares altos para minimizar impactos negativos y tenga impacto positivo en su visión de desarrollo para las comunidades, para que estas se beneficien de estas operaciones a través de programas de educación, cadenas productivas y cierre de brechas en agua, desague y energía.
— ¿Cuánto es lo que han presupuestado para destinar al desarrollo social?
Una parte importante del costo de la etapa de construcción y operación va orientado a desarrollar estos programas de desarrollo social. En proyectos de desarrollo social y de infraestructura, vamos a destinar cerca de S/150 millones en los próximos cuatro años.
—¿Planean ampliar su presencia a otros minerales?
Nuestro ADN es oro y plata, pero no descartamos proyectos de cobre o gran minería a través de alianzas. Siempre manteniendo el enfoque de mediana minería formal, pero abiertos a nuevos socios si surgen oportunidades.
— ¿La marca Apucorp va a seguir siempre estar vinculado al empresario Guido del Castillo?
Estamos inspirados en el legado de Guido del Castillo, pero estamos con una nueva visión de tener una gobernanza corporativa quele agregue valor a los desarrollos de los proyectos, no solo a los accionistas, sino también a nuestros trabajadores, proveedores que son nuestros socios y a las comunidades.
Con una votación de 21 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11923/2024-PE. Esta iniciativa, ahora convertida en ley, autoriza un crédito suplementario de S/ 642,700,000, con el objetivo principal de destinar recursos a la población de zonas que han sido postergadas por décadas en el país.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Lady Camones Soriano (APP), enfatizó que esta cifra no es meramente numérica, sino que «representa la oportunidad de llevar esperanza, infraestructura y justicia social a los departamentos más necesitados del país».
Los fondos permitirán el financiamiento de 1,015 obras de infraestructura crítica a lo largo del territorio nacional, incluyendo proyectos esenciales como puentes, caminos, sistemas de agua potable, escuelas y sistemas de riego.
Un punto destacado por Camones Soriano es que el financiamiento de este crédito suplementario no compromete nuevos impuestos, ya que se realiza con saldos disponibles de operaciones oficiales de crédito. Además, se ha garantizado la continuidad de estos proyectos a través del artículo 14 del dictamen, buscando evitar que las obras queden inconclusas, un problema recurrente en el país.
El nuevo texto aprobado también introduce una serie de disposiciones para el fortalecimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), la lucha contra la inseguridad, la asignación de recursos para el sistema judicial, y la dotación de agua para las ollas comunes, entre otras medidas. Este texto sustitutorio fue consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Distribución de recursos
El crédito suplementario aprobado contempla una distribución estratégica de los recursos para atender diversas necesidades urgentes:
S/ 191,600,000 desde la reserva de contingencia, destinados a fortalecer frentes como la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, y la atención de niños en situación de orfandad, protegiendo a las familias y sus derechos.
S/ 155,200,000 en modificaciones presupuestarias a favor de los sectores de Justicia, Ambiente y Desarrollo e Inclusión Social.
Disposiciones de carácter laboral, que incluyen la habilitación para el pago de laudos arbitrales, autorización a gobiernos regionales para cumplir pactos colectivos, y la actualización de escalas remunerativas para trabajadores del régimen 728 del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
S/ 140,000,000 asignados al Ministerio del Interior, que permitirán la incorporación de más de 4,500 nuevos policías, reforzando así la presencia del Estado en las calles y la protección ciudadana.
Medidas para mejorar el sistema penitenciario, el sistema de infraestructura vial, el mantenimiento de cocinas escolares y almacenes, y la promoción del turismo nacional, actividades que benefician la economía local y generan empleo y cohesión social.
Disposiciones adicionales
Durante el debate, el congresista Esdras Medina Minaya planteó una cuestión previa para votar por separado la precisión del numeral 17.2 del artículo 17 y el artículo 20 de la Ley 30220, Ley Universitaria, contenida en la Trigésima Sexta Disposición Complementaria Final, relacionada con el cómputo de los períodos del Superintendente y el Consejo Directivo de la Sunedu.
Esta cuestión previa fue aprobada con 15 votos a favor, luego ratificada con 18 votos a favor, aunque finalmente la Trigésima Sexta Disposición Complementaria Final no fue aprobada, lo que implicará una renumeración del articulado.
Otros legisladores también presentaron solicitudes:
La congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) solicitó la modificación de una disposición complementaria final de la Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, para que los bomberos voluntarios puedan acceder al fondo de invalidez sin generar gasto al Estado.
La parlamentaria Ana Zegarra Saboya (SP) pidió declarar de interés nacional la evaluación, priorización y ejecución de proyectos de inversión para cerrar brechas de transitabilidad, agua, saneamiento, infraestructura educativa y municipal en los departamentos de Junín, Pasco, Huancavelica, Lima y Cajamarca.
El legislador Alejandro Soto Reyes (APP) solicitó la incorporación de la creación de la unidad ejecutora del programa alimentario escolar PAE en el MIDIS, ante la posible extinción del actual programa Wasi Mikuna.
Por su parte, el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) solicitó que se exonere a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que pueda utilizar sus recursos propios en los concursos de selección y nombramiento de jueces y fiscales.
El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana Cavides, informó que, de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento del Congreso, el proyecto aprobado no requiere de una segunda votación.
La contrarreforma universitaria continúa. Esta vez, mediante la aprobación del dictamen de la Ley de Crédito Suplementario, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de La República, liderada por la congresista Lady Camones, del partido Alianza para el Progreso (APP), busca, a través de una disposición complementaria, extender por tres años más el mandato de cuatro de las siete autoridades que conforman el Consejo Directivo de la Sunedu, gestión que vence el 24 de febrero del próximo año.
El dictamen del Proyecto de Ley 11923/2024-PE, presentado por el Poder Ejecutivo, propone otorgar créditos suplementarios para distintos gastos públicos. No obstante, como si de contrabandear se tratara, durante el debate del mismo, las congresistas del APP Nelcy Ballesteros y Magaly Ruiz pidieron incorporar la cuadragésima sexta disposición final del dictamen, la cual altera artículos de la Ley Universitaria.
Este hecho que, según ha advertido la propia Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Legislativo, presidida por Segundo Toribio Montalvo Cubas, de Perú Libre, representa una amenaza para el orden constitucional, ya que «incluye una disposición que pretende extender hasta el 2028 el mandato de los actuales directivos de la Sunedu»: Manuel Castillo (superintendente y elegido por los rectores de las universidades públicas), Andrés Ramos (designado por el Minedu), Miguel Vallejos (elegido por los colegios profesionales) y Manuel Hernández (designado por los rectores de las universidades públicas).
«Créame que para mí ha sido una sorpresa enterarme de esto, ya que no soy parte de la Comisión de Presupuesto (…) Como congresistas, estamos para hacer respetar la ley. Nos guste o no, debemos respetar la Constitución y las normas vigentes», enfatizó Montalvo en diálogo con La República.
Rechazo de las universidades públicas y privadas: defensa de la autonomía
La Asociación de Universidades Nacionales del Perú ha rechazo este dictamen, el cual, bajo el título de «Disposiciones para el fortalecimiento de la Sunedu», vulneraría los principios de legalidad de la Constitución Política del país, que establece, bajo la Ley Universitaria, que los miembros del Consejo Directivo sean designados por un periodo de tres años sin reelección.
«El mandato de los actuales miembros del Consejo Directivo y del Superintendente ya está en curso. Con esta Ley se buscaría impedir que las universidades públicas nombres a sus dos representantes ante el Consejo este 19 de agosto (…) Dicha disposición legal no puede ser modificada mediante una «precisión» ni mucho menos a través de una Ley Presupuestal que no tiene por objeto reformar el régimen legal de designación de autoridades», se lee en su pronunciamiento.
Por su parte, el Consorcio de Universidades del Perú, conformado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima también rechazaron la iniciativa y expresaron su «compromiso con la defensa de una educación superior de calidad».
El exviceministro de Transportes y Comunicaciones de Alan García, Jorge Cuba, fue sentenciado a 21 años y 8 meses de prisión por el caso Odebrecht, al comprobarse el favorecimiento a la empresa brasileña en la adjudicación de la construcción de los dos primeros tramos del Metro de Lima.
Sin embargo, horas antes de la audiencia del Poder Judicial, se dio a conocer que Cuba salió del país el pasado domingo 20 de julio vía terrestre con destino a Ecuador.
La construcción del puerto de Chancay, a 100 km al norte de Lima, ha sorprendido al mundo marítimo y portuario. Este puerto de avanzada, diseñado para atender buques neopanamax, ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar las instalaciones portuarias en la región.
A medida que la infraestructura del puerto se desarrolla, se presenta un nuevo desafío para los países vecinos, en especial para Chile, que observa con preocupación el impacto de este proyecto, según un artículo del medio digita Ámbito.
¿Qué es el Puerto de Chancay y por qué es relevante?
El puerto de Chancay se ha convertido en un referente importante en la infraestructura portuaria de América del Sur.
Su capacidad para recibir buques neopanamax, aquellos que superan los tamaños tradicionales y requieren de instalaciones especiales, ha generado un debate sobre cómo esta infraestructura cambiará el comercio marítimo en la región.
La preocupación de Chile no radica solo en la calidad del puerto, sino en las implicaciones que traerá un nuevo corredor bioceánico.
Este corredor, que se formaría entre Perú y Brasil, tiene como objetivo integrar los océanos Pacífico y Atlántico, facilitando el tránsito de mercaderías entre Oriente y Occidente.
Un Corredor Bioceánico: La nueva ruta comercial de China
El anuncio de la construcción de un corredor ferroviario entre Perú y Brasil refuerza las intenciones de los inversores del puerto de Chancay: crear un corredor bioceánico que podría desafiar las rutas comerciales tradicionales.
En un contexto marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, este nuevo corredor se presenta como una alternativa a la saturación del Canal de Panamá, controlado por Estados Unidos desde 1999, cuando finalizó el Tratado Torrijos-Carter.
China, buscando aumentar su influencia en el comercio global, encuentra en el puerto de Chancay y su corredor ferroviario una oportunidad estratégica para reducir la dependencia del Canal de Panamá.
El nuevo sistema permitiría que China integrara ambos océanos, creando un paso directo desde la región Asia-Pacífico hacia América Latina, lo que podría cambiar las dinámicas comerciales a nivel global.
El Canal de Panamá: Un obstáculo costoso y lento
Aunque el Canal de Panamá sigue siendo un actor crucial en el comercio internacional, sus costos y demoras pueden afectar la competitividad. El costo por buque que transita el Canal puede variar entre $500,000 y $800,000, un gasto que se traslada al flete y afecta a las tarifas comerciales. Las demoras generadas por la alta demanda y el limitado espacio en las esclusas también incrementan el tiempo de tránsito, lo cual va en contra del principio fundamental de los operadores marítimos: “Time is money.”
El tren como alternativa regional
En este escenario, el transporte ferroviario se perfila como un aliado clave para agilizar el comercio. El sistema de acceso abierto a la red ferroviaria, donde los transportistas pueden usar las vías sin la necesidad de un operador único, ya funciona en regiones como la Unión Europea. En América Latina, si bien la legislación está en desarrollo, el modelo podría ser un cambio significativo.
En particular, la alianza entre Perú y Brasil, fuera del marco del Mercosur, abre la puerta para la implementación de este sistema en América del Sur. Este acceso abierto a las vías ferroviarias permitiría una mayor integración económica y facilitaría el transporte de mercancías de forma más eficiente.
El futuro del comercio internacional
La creación del puerto de Chancay, junto con el desarrollo de un corredor bioceánico y un sistema ferroviario regional, podría redefinir el comercio internacional. La iniciativa de Perú y Brasil demuestra cómo el acceso a nuevas rutas y formas de transporte puede cambiar las dinámicas comerciales. A medida que las inversiones y acuerdos internacionales se alinean, la región se enfrenta a una oportunidad histórica de integrarse más profundamente en la economía global, compitiendo de manera efectiva con los grandes centros de comercio.
La creación de este nuevo canal, sumado a la implementación del sistema ferroviario en la región, refleja la necesidad de modernizar nuestras infraestructuras portuarias y logísticas para no quedar atrás en la competencia global.
La creación de este nuevo canal, sumado a la implementación del sistema ferroviario en la región, refleja la necesidad de modernizar nuestras infraestructuras portuarias y logísticas para no quedar atrás en la competencia global. Con esta visión de futuro, los países de América Latina podrían reforzar su posición en el mapa comercial mundial.
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