Por: Carlos Mesías Zárate

Detrás del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2024–2034 del distrito de Chancay se esconde una red de intereses particulares, presión política y ocultamiento sistemático de información a la ciudadanía. Lo que se presentó como un instrumento de planificación para el desarrollo, ha terminado por convertirse en una peligrosa amenaza contra la propiedad, el derecho ciudadano y la soberanía local.

La Municipalidad Provincial de Huaral ha rechazado hasta el momento este PDU tras detectar más de dos mil observaciones técnicas en su contenido, muchas de ellas graves. Entre las más alarmantes figuran: el recorte de viviendas por ampliación de vías, la imposición de una zona arqueológica en Las Salinas sin sustento oficial ni licencia social, el silenciamiento de los centros poblados y el riesgo de expropiaciones amparadas por el Estado que beneficiarían a empresas extranjeras, todo ello sin una debida socialización previa con la población.

Sin embargo, desde la Municipalidad Distrital de Chancay, encabezada por el alcalde Juan Álvarez Andrade, conocido como “Juanelo”, se ha impulsado una narrativa perversa: acusar al alcalde provincial de Huaral, Fernando Cárdenas Sánchez, de entrampamiento político, cuando la verdad es que la responsabilidad recae enteramente en la incapacidad técnica y administrativa del equipo chancayano, que luego de un año de gestión no logró presentar un documento mínimamente aceptable.

𝗨𝗻𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗳𝗿𝗮𝘇𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼

El equipo de Juanelo no solo elaboró un PDU sin validación social ni técnica, sino que lo hizo a espaldas del pueblo, pretendiendo imponer un documento con serias afectaciones para cientos de familias en el distrito.

¿Cómo se explica que se pretendan ampliar calles sobre propiedades ya edificadas, sin que los vecinos hayan sido informados de que perderán parte de sus viviendas?

¿Cómo se justifica que zonas habitadas legalmente, como Las Salinas, sean catalogadas como un “mega parque eco-arqueológico” sin consulta previa, cuando ni siquiera cuentan con una resolución oficial del Ministerio de Cultura que las declare zonas arqueológicas?

Dirigentes como Daniel Baca y autoridades como la regidora Elizabeth Galindo han salido al frente a denunciar la gravedad del caso: el uso de títulos falsos para expropiar, el cobro irregular a agricultores, la desaparición de mototaxis en el casco urbano, la alteración de densidades urbanas sin aviso previo, entre otros puntos oscuros que solo se hicieron públicos gracias a investigaciones periodísticas y la valentía de algunas autoridades locales.

La Municipalidad de Huaral, por su parte, no ha permanecido ajena ni indiferente. Ha realizado cinco reuniones técnicas con el equipo de Chancay, analizando base gráfica, habilitaciones urbanas, validación de vías y desfases técnicos, todo ello con absoluto profesionalismo y responsabilidad.

Pese a ello, hoy se quiere responsabilizar a Huaral de una demora que solo responde al desorden e improvisación de la gestión de Juanelo, quien ha gastado S/ 39,000 en la contratación de nuevos especialistas para intentar levantar las observaciones… sin contar con la aprobación del Concejo Municipal.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶ó𝗻 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗺𝗮 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮ñ𝗮 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗼𝘀

Como si no bastara, ahora congresistas sin ninguna representación por Lima provincias, como el parlamentario Roberto Sánchez, han comenzado a meter presión política exigiendo a Huaral aprobar el PDU, sin conocer su contenido ni consultar a los ciudadanos afectados.

¿Por qué tanta desesperación por aprobar un PDU con evidentes errores, vacíos y peligros?

¿Qué intereses están detrás de los congresistas que ejercen presión indebida sobre la autonomía de la Municipalidad Provincial de Huaral?

¿Qué clase de desarrollo se puede construir sobre el ocultamiento, el atropello a la propiedad y la mentira?

Incluso funcionarios sin perfil técnico como el jefe de imagen de la comuna chancayana, Rafael Olórtegui, han usado las redes sociales para descalificar a ciudadanos preocupados, tildándolos de hablar “estupideces” por atreverse a cuestionar el contenido del PDU. Una actitud vergonzosa que confirma el desprecio hacia la participación ciudadana.

𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗖á𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝘀 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗵𝗮 𝗱𝗲𝗷𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗹𝗶𝗴𝗿𝗼 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗹𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲

La ciudadanía chancayana hoy sabe la verdad. Sabe que el PDU escondía un recorte generalizado de propiedades, alteraciones ilegales en zonas urbanas, imposiciones disfrazadas de progreso, y un modelo que favorece a intereses externos, no a la gente.

El alcalde Fernando Cárdenas, hasta hoy, ha mostrado firmeza, responsabilidad y criterio técnico frente a esta amenaza urbana, negándose a aprobar un instrumento que pondría en riesgo la integridad territorial de Chancay.

Pero el riesgo persiste. La presión de congresistas, los intereses de empresas extranjeras, el doble discurso de Juanelo y la falta de transparencia del proceso podrían, eventualmente, quebrar la resistencia si la ciudadanía no permanece alerta.

Como dijo el dirigente Daniel Baca: “Ojalá el alcalde de Huaral no sea traicionado por sus regidores. Porque este no es solo un tema técnico: es un tema de justicia, de dignidad y de futuro para todos los chancayanos.”

𝗣𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗽𝘂𝗲𝗯𝗹𝗼 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻:

– ¿Por qué recién ahora se están corrigiendo los errores del PDU tras un año de inoperancia?

– ¿Por qué tanto gasto público en nuevos especialistas sin resultados visibles y sin aval del concejo?

– ¿Por qué se culpa a la Municipalidad Provincial de Huaral, cuando Chancay aún no levanta las observaciones?

– ¿Por qué se ha montado una campaña de desinformación para justificar un proyecto que nunca fue consultado?

Ante este contexto, es evidente que la municipalidad de Huaral no está contra el desarrollo de Chancay. Está en contra del abuso y de la mentira. Está en contra de los intereses ocultos que pretenden disfrazarse de progreso. Hoy, más que nunca, Huaral y Chancay necesitan estar unidos.