La Municipalidad Provincial de Huaral realizó una reunión clave con representantes del Ministerio de la Producción (PRODUCE), donde participaron el alcalde provincial, funcionarios municipales y el equipo del Ministerio, compuesto por el asesor de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR), y la especialista en economía de la Dirección de Políticas de la DGPAR. Este encuentro tuvo como objetivo central informar a los representantes del PRODUCE sobre el avance de los proyectos del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de los distritos de Huaral, Aucallama y Chancay.
Durante la reunión, se comunicó a los funcionarios del Ministerio detalles sobre el estado actual de los mencionados planes. Se abordaron aspectos clave, como las fechas de aprobación de los proyectos, las etapas en las que se encuentran y las observaciones realizadas hasta la fecha. De igual forma, se discutieron las próximas acciones que se tomarán para avanzar en la implementación de estos planes y asegurar que se cumpla con los plazos establecidos.
El alcalde provincial y los funcionarios municipales expresaron su compromiso con la optimización de estos planes, los cuales son fundamentales para el desarrollo ordenado y sostenible de la provincia. A través de este tipo de encuentros, se fortalece la colaboración entre el gobierno local y el Ministerio de la Producción, garantizando que los proyectos avancen con la debida planificación y regulación.
Julio Melgarejo, actual presidente de la Junta de Usuarios y candidato a la reelección debe de pronunciarse al respecto.
La historia se inicia cuando en una asamblea general, los agricultores desestimaron la construcción de un edificio para las nuevas oficinas de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay Huaral y aprobaron la compra de un pool de maquinarias para realizar trabajos de defensa en el rio Chancay. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, Julio Melgarejo habría decidido de manera unilateral la construcción de su “soñado” edificio institucional.
Para la demolición de las antiguas oficinas, Julio Melgarejo contrató a la empresa Predificar E.I.R. L con domicilio legal en Jr. General Felipe Varela 1254, Urb. Breña -departamento 5-Breña Lima Perú y con su representante legal Amiel López Dávalos, servicio por el cual se comprometió al pago de S/60,000 (sesenta mil soles)
Lo curioso de este contrato, está en el hecho, en que en la sexta cláusula se obliga a la Junta de Usuarios a poner a disposición de la empresa demoledora: 01 maquinaria retroexcavadora, y 01 volquete para el desarrollo del servicio, incluyendo operador y combustible.
Al leer esta cláusula, los agricultores se preguntan ¿realmente, qué labor realizó esta empresa demoledora, ¿si todo lo puso la junta de usuarios? situación que lleva a la suspicacia y más preguntas de los agricultores: ¿realizó realmente la demolición esta empresa o fue un contrato simulado?
Pero eso no es toda la empresa PREDIFICAR EIRL., tiene como fecha de inicio de actividades el 01 de junio del 2016, pero desde esa fecha solo habría emitido una sola factura, la N° E00-01, es decir la demolición de la junta de usuarios, habría sido su primera chamba después de 9 años de creación.
¿Qué hizo al respecto la Comisión? ¿La experiencia no cuenta Sr. Melgarejo?
EL CASO DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DE USUARIOS CHANCAY HUARAL
Concluida “la demolición”, el reeleccionista Julio Melgarejo Oropeza, contrató al Consorcio Huaral JU, para la construcción del edificio de 5 pisos que albergaría las nuevas oficinas de esta institución y por el cual se desembolsaría MAS DE 2 MILLONES DE SOLES.
Revisada la documentación, el Consorcio JU tiene como domicilio legal el Jr. General Felipe Varela 1254, urbanización Breña, departamento 105-Breña-Lima, casi exactamente la misma dirección de la EMPRESA PREDIFICAR E.I.R.L, pero lo que ha llamado la atención de los agricultores sobre esta coincidencia en el domicilio legal de la EMPRESA PREDIFICA E.I.R.L. Y CONSORCIO HUARAL JU, es un gran detalle: AMBAS EMPRESAS TIENEN EL MISMO REPRESENTANTE LEGAL: AMIEL LÓPEZ DÁVILA, lo cual demostraría un vínculo entre la empresa de demolición y el Consorcio Huaral JU que sería la gran beneficiaria en esta obra millonaria y del cual tiene mucho que explicar el Ing. JULIO MELGAREJO A LOS AGRICULTORES.
Sí melgarejo, no se pronuncia públicamente sobre estos dos temas, no tendría calidad ni autoridad para pretender una reelección como presidente de la Junta de Usuarios Chancay Huaral.
✓ OTASS paga publicidad para maquillar fracaso con el cuento de las grandes inversiones
El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) volvió a aparecer en portales nacionales pagados: hablan de S/ 9.8 millones en supuestas inversiones que “mejoraron el servicio” a más de 85 mil pobladores, cuando la realidad grita lo contrario. En Huaral, el agua llega por horas, los recibos suben sin razón y los reclamos se multiplican sin respuesta.
Lo que debía ser un rescate financiero se convirtió en una maquinaria burocrática para engordar bolsillos. OTASS, que intervino a EMAPA desde el 2018, bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), impuso funcionarios foráneos con sueldos que superan los 15 mil soles mensuales, viáticos, dietas y contratos bajo sospecha. El guion es el mismo en todas partes: llegan prometiendo modernización y se van dejando más deudas, más reclamos y menos agua.
Detrás del discurso del “fortalecimiento”, asoma un objetivo más oscuro: privatizar el agua a través del proyecto “Aguas de Lima”, que busca fusionar las EPS de Huaral, Huacho y Barranca con apoyo del Banco Mundial, concentrando el control administrativo en Huaura y dejando a los huaralinos sin su empresa de agua.
OTASS presume haber “optimizado la planta de tratamiento en Huando” y “mejorado la presión de red”, pero los diferentes sectores de la ciudad de Huaral cuentan otra historia: agua solo por horas, baja presión y recibos impagables.
Los famosos “micromedidores” solo sirvieron para justificar más cobros, y la llamada “sectorización” ha provocado zonas enteras sin servicio estable. Decir que hay “20 horas de continuidad diaria” no es solo falso: es una burla descarada a una población que apenas recibe agua 4 o 6 horas al día.
Mientras el OTASS se aplaude a sí mismo por resultados que nadie percibe, Huaral sigue pagando las consecuencias de un modelo centralista e ineficiente. Las autoridades locales deben exigir explicaciones y frenar el intento de privatización que se cocina a espaldas del pueblo.
Porque OTASS nació para rescatar empresas de agua, pero terminó ahogándolas en corrupción, burocracia y abuso. En Huaral, Barranca, Moyobamba, Piura, Ica y otras EPS, su paso solo ha dejado más gasto, más engaño y menos agua.
Recientes declaraciones del acalde provincial Fernando Cárdenas demuestran que detrás de las engañosas ofertas de PROVIAS estaría escondido el verdadero propósito del gobierno, de no querer construir el tramo entre Acos y la provincia de Huayllay en Cerro de Pasco.
Recordando su última reunión con los ministros de Economía, de Transportes y Vivienda, el burgomaestre huaralino manifestó que desde el 2023 se vine diciendo que ya están en la etapa final del estudio definitivo y que después de pasearlo dos años, le dijeron que este año todo quedaría listo para solicitar el presupuesto que permitiría el inicio de la construcción en el 2026; sin embargo, ahora los señores de PROVIAS ya le dijeron que este año tampoco podrán culminar el estudio definitivo, dejándolo para el año siguiente, lo que quiere decir que terminará esta gestión y esa entidad del MTC tampoco cumplirá con el anhelo de las comunidades alto andinas, ni con las expectativas de los hermanos de Pasco.
EL gobierno cumplió con darle prioridad a la carretera de Canta hasta la cordillera de la Viuda, pero dejó de lado el tramo que nos falta para conectarnos directamente con Pasco y las vías que comunican a la selva peruana y brasileña.
Ante esta cruda realidad y sabiendo que hemos sido objeto de burla por parte del gobierno, el alcalde ha manifestado que se tendrán que tomar otras medidas. Esperemos que las acciones de reclamos se traduzcan en protestas legitimas que permitan obligar al Ejecutivo que cumpla con la construcción de esta carretera, recordándoles que los derechos no solamente se piden, también se arrancan.
No estamos para rogar ni suplicar, ni para hacer el papel humillante de mendigarle a nadie lo que desde hace más de diez años nos corresponde y si eso implica jornadas de lucha, habrá que hacerlas, porque ante lo que se viene requerimos de una carretera que nos conecte transversalmente con la sierra y con la selva, no podemos retroceder en ese propósito y así como alguien alguna vez dijo, si tenemos que retroceder que sea para tomar un mayor impulso y seguir adelante… la población huaralina en general requiere que sus autoridades se coloquen al frente de las luchas que se tendrán que librarse para exigir al Gobierno que no siga burlándose de un pueblo que hasta ahora se ha mostrado respetuoso y paciente, no se olviden que el cántaro solo da hasta que se revienta.
Gravísimo. Toneladas de materiales comprados con dinero público para la construcción de cunetas en la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial del tramo Capia – Molino – Rauma”, en el distrito de Sumbilca, yacen tirados a la intemperie, oxidándose y malográndose, como símbolo del abandono y la desidia del Gobierno Regional de Lima que dirige Rosa Vásquez Cuadrado.
El proyecto, valorizado en más de S/ 6.6 millones, fue presentado como una gran apuesta por la conectividad rural. Hoy, es otra obra paralizada, otro monumento al despilfarro, al descontrol y a la ineficiencia.
Los insumos y materiales adquiridos con recursos públicos se encuentran apilados en el campo deportivo del caserío de Capia, sin resguardo alguno, expuestos al sol, la lluvia y el polvo.
Mientras tanto, las etapas del proyecto avanzan a paso de tortuga: la Meta III está paralizada con apenas un 43.52% de ejecución, y la Meta IV se ejecuta a medias con un 72.21% de avance. El expediente técnico del saldo de obra sigue “en elaboración”, la excusa perfecta para seguir pateando el problema.
El historial del proyecto revela lo que ya es un patrón en la gestión de Rosa Vásquez: presupuestos que cambian, cifras que se inflan, obras que se paralizan y millones que se esfuman sin control.
Desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2024, el presupuesto pasó por múltiples actualizaciones hasta alcanzar los S/ 6,664,483.78. Y pese a esa millonaria cifra, lo que hay hoy en Capia son materiales desperdiciados y una comunidad que no sabe a quién reclamar.
Basta de más farsa señora Rosa Vásquez. Documentos oficiales del Ministerio de Salud (PRONIS) revelan que el “Fundo Donoso” -terreno anunciado para la construcción del nuevo hospital de Huaral- no cumple las condiciones técnicas ni legales para ser utilizado como sede del proyecto, debido a conflictos judiciales, superposiciones y falta de saneamiento físico legal.
El Informe Técnico-Legal N.° 04-2025-MINSA/PRONIS-UAP-CAAV, junto a los Informes N.° 06-2023 y N.° 06-2024, advierte una serie de irregularidades graves:
* El predio se encuentra en litigio judicial entre el Centro Educativo Tecnológico Agropecuario N.° 100 y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
* No cuenta con inscripción registral actualizada ni con saneamiento físico-legal.
* No posee estudios topográficos ni accesos viales adecuados.
* El área está ubicada en zona de Zonificación Agrícola (ZA), colindante con focos de contaminación como chancherías e industrias livianas.
* El acceso al terreno se realiza por una vía local de apenas cinco metros de ancho, lo que invalida su uso sanitario.
El terreno de 58,547.58 m², ubicado dentro de una extensión mayor de 148 hectáreas inscrita a nombre del INIA, 39,853.59 m² fue otorgado en afectación de uso al Gobierno Regional de Lima, pero sin inscripción registral ni validez jurídica.
Los documentos del PRONIS son categóricos: “Sobre esta área existe un conflicto judicial donde el posesionario Centro Educativo Tecnológico Agropecuario N°100 está siendo demandado por el INIA… no se tiene la libre disponibilidad de dicho terreno, dejando en evidencia que el proyecto no puede avanzar sobre un terreno en disputa ni en condición irregular.
A pesar de estas advertencias técnicas y legales, la gobernadora regional Rosa Vásquez y su entorno insistieron en presentar el Fundo Donoso como la “solución definitiva” para el hospital de Huaral, ocultando que el predio no está saneado, carece de disponibilidad legal y representa un riesgo técnico y financiero para el Estado.
En conclusión, el terreno del Fundo Donoso queda oficialmente descartado para la construcción del nuevo hospital de Huaral.
ENFOQUE REAL 