Carlos Motta Quispe, marino en retiro, podría ser procesado por tentativa de homicidio calificado tras intervenir en un asalto y defender a una joven durante el robo de su celular, ocurrido cerca del cruce de las avenidas Universitaria y Tomás Valle, en los límites de Los Olivos y San Martín de Porres.
El hecho ocurrió el último sábado 30 de agosto, alrededor de las 7:20 p. m., cuando Motta circulaba en bicicleta como parte de su rutina deportiva diaria. Al presenciar el robo, decidió intervenir, pero uno de los presuntos delincuentes intentó agredirlo. En medio del forcejeo, el exmarino realizó un disparo que dejó herido al atacante.
Familia de exmarino pide a joven víctima de robo declarar en el caso
Diego Motta, hijo del acusado, contó: «Lo que cuenta mi padre es que justo ve a la señorita, no conocemos quién es ella, la que estamos buscando. Mi papá llega y vio que la chica estaba en problemas y se mete para salvaguardar su vida porque la vio en el suelo». Añadió a Ocurre Ahora que, «como ha sido personal de Marina, tiene su armamento personal, todo en regla. Lo desenfundó para tratar de disuadir la situación porque no era solamente uno, era un grupo».
La defensa del exmarino alega legítima defensa y destaca que el presunto delincuente cuenta con antecedentes por robo en la misma zona desde junio de 2024. La Fiscalía reclasificó inicialmente el caso de lesiones graves a homicidio calificado en grado de tentativa, solicitando 18 meses de prisión preventiva. «Para el homicidio calificado tiene que haber un asunto de ferocidad o algún placer en hacer eso. En este caso eso no se ha hecho porque es un caso fortuito», señalaron.
La familia ha hecho un llamado público a la joven asistida y al autor de un video testimonial del incidente para que aporten su declaración y ayuden a esclarecer los hechos ante el Poder Judicial de Lima Norte. «No necesitamos que se haga pública su nombre, solo queremos que se comunique. Con total seguridad vamos a resguardar su identidad», expresaron.
En un operativo sorpresa, la Policía Nacional del Perú (PNP) desbarató, en Chimbote, a una banda criminal que operaba bajo una fachada insólita: una casa convertida en falsa comisaría policial y, al mismo tiempo, en una supuesta oficina de encomiendas.
El lugar servía como centro de operaciones para engañar a ciudadanos de todo el país mediante estafas por internet.
La intervención se realizó en una vivienda del asentamiento humano Ramal Playa, donde los delincuentes habían pintado las paredes de verde, simulando los colores oficiales de la PNP. Incluso habían colocado objetos decorativos y distintivos que imitaba los de una verdadera comisaría.
A un costado, instalaron lo que parecía ser una oficina de la empresa de transportes Shalom, con logotipos falsificados y mobiliario similar al de una agencia de envíos. El montaje buscaba dar una imagen de formalidad y generar confianza en las víctimas.
El modus operandi de la banda
Según detallaron las autoridades, los delincuentes publicaban en internet ofertas de productos a precios atractivos, entre ellos motocicletas y electrodomésticos. Una vez que los interesados aceptaban la compra, eran instruidos para depositar el dinero con la promesa de que el envío se haría a través de la supuesta oficina de encomiendas.
La fachada era tan convincente que los compradores confiaban en la legalidad de la transacción. Sin embargo, tras realizar el pago, nunca recibían los productos.
Durante la noche del 2 de septiembre, en una sesión de emergencia por parte del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) se aprobó, por unanimidad, la construcción del conocido penal El Frontón en el Callao. Esta medida repentina del Gobierno de Dina Boluarte tiene como finalidad albergar internos de alta peligrosidad como el de organizaciones criminales. La sesión estuvo a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.
Esta decisión no solo genera conflictos políticos, sino también ambientales, ya que la ubicación de la Isla El Frontón se encuentra dentro del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt, que proviene desde la zona sur, en Chile, y atraviesa toda la costa peruana hasta Ecuador por el norte. Este corredor alberga más de 1000 especies en toda su extensión; sin embargo, la zona donde se ubicaría el establecimiento penitenciario afectaría el tránsito de especies en peligro de extinción.
La reconstrucción del penal El Frontón demandará un costo de 5.000 millones de soles, un presupuesto que excede el gasto del INPE. Foto: INPE.
La República se contactó con Cristel Cordero Maldonado, bióloga marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) especializada en conservación marina, para conocer en materia de un especialista el impacto ambiental que generaría al ecosistema si se llegase a concretar la construcción del penal El Frontón.
Isla El Frontón se encuentra cerca de áreas protegidas
La científica peruana aclaró que la Isla El Frontón no es parte de la Reserva Nacional, pero sí, se ubica muy cerca de las Islas Cavinzas y los Islotes Palomino, áreas naturales protegidas por el Estado bajo la supervisión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). Asimismo, resaltó que estas zonas de reserva son importantes porque habitan especies de gran importancia para su conservación.
La Isla Frontón, conocida como Isla Callao, tiene 1 km de extensión y está ubicada frente a línea de plata de La Punta. Foto: Google Maps.
«Estos islotes son ecosistemas insulares o continentales que presentan zonas de descanso, de producción y de refugio para la fauna silvestre. Me refiero que las especies han sido priorizadas para conservar dentro de estos islotes las aves guaneras. Que abarca tres especies: el piquero, el pelícano peruano y el guanay», explicó Cordero Maldonado.
Especies en peligro de extinción frente al Callao
La bióloga marina resaltó que la isla es un espacio utilizado por las diferentes especies como zona de refugio natural o desplazamiento entre los otros islotes ubicados en la costa del Callao. De los cuales, se encuentra el pingüino de Humboldt, que actualmente está en peligro de extinción, según la lista de especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas. También, se encuentra el lobo marino chusco como una especie altamente vulnerable, lo que significa que enfrenta un alto riesgo de extinción en un futuro cercano.
Exigen estudio de impacto ambiental
Tras el anuncio de aprobación del establecimiento penal El Frontón, la especialista menciona que existe una amenaza directa hacia las especies y a la degradación de sus hábitats. «La construcción de El Frontón será de gran magnitud, lo que generará ruido y el deterioro del suelo, considerando que es un espacio que no ha sido habitado por más de 30 años».
De acuerdo con Cordero, en el lugar ya se ha creado un «sistema en el que interactúan distintas especies», por lo que sí se realiza esta actividad de gran envergadura, «va a repercutir en el comportamiento y hasta en la salud de las especies». Por ello, investigadores requieren que se realice un estudio sobre los impactos que ocasionaría la construcción y, también, este se encuentre en operatividad.
«Considerando que habrá 2000 reclusos (se debe evaluar) los posibles daños de emisiones y aguas residuales en las áreas protegidas, que podrían terminar asimilando alguna bacteria, virus, entre otros, por esta contaminación… considerando los peces que son consumidos por el mismo ser humano», relató.
En ese sentido, la explicación de Cristel Cordero expone que la medida tomada por el Gobierno de Dina Boluarte debe ser estudiada y analizada por especialistas en materia ambiental, ya que estaría afectando severamente un ecosistema de especies protegidas y en peligro de extinción. Asimismo, se debe resaltar que en estas zonas también ingresan pescadores artesanales que viven y subsisten del día gracias a la riqueza del mar peruano.
El caso de Lady Mayumi Navarro Nizama, la joven madre de familia piurana de 27 años que permaneció desaparecida durante más de dos semanas y fue hallada en Colombia, ha conmovido a todo el país. Este miércoles arribó al aeropuerto Guillermo Concha Iberico de Piura, donde la esperaban con gran expectativa sus familiares, vecinos y hasta una congresista que acompañó el retorno.
El arribo de la joven estuvo marcado por un fuerte despliegue de seguridad que limitó el contacto con la prensa. Aun así, sus parientes no ocultaron la emoción ni la angustia que todavía los embarga: expresaron alivio por su regreso, pero exigieron justicia para que su secuestrador responda ante la ley.
Mayumi fue hallada en Colombia tras varios días desaparecida.
Entre lágrimas, la madre de Mayumi relató que su hija fue víctima de un secuestro y que ahora requiere atención médica especializada. Reveló que la joven padece esquizofrenia aguda, lo que hace indispensable un tratamiento constante. “Han sido 16 días de angustia para todos los que la queremos”, declaró con evidente dolor.
Tras su llegada a Piura, la joven fue trasladada al distrito de La Arena, donde será evaluada médicamente y recibirá el acompañamiento de sus seres queridos. La familia agradeció a las autoridades peruanas y colombianas que intervinieron en la búsqueda y recuperación, pero también pidió que no se olvide a las víctimas de secuestro y trata de personas.
EL RELATO DE SU CAUTIVERIO
De acuerdo con los testimonios, Navarro Nazumi había salido de su hogar en busca de empleo en Sechura, pero al no encontrarlo regresó a Piura. Allí fue captada por cámaras de seguridad en el terminal terrestre Gechisa, donde se la vio con un hombre comprando boletos para salir de la ciudad. Desde entonces, no se supo más de ella.
Días después, comerciantes de Bogotá alertaron a su familia al encontrarla en la calle de la localidad de Florida, en Valle del Cauca. Fue allí donde Mayumi aseguró que había logrado escapar de un hombre que la mantenía raptada. “Me he perdido, me andan buscando, me he escapado del hombre. Me tenía raptada”, relató entre sollozos, según difundieron sus familiares.
Las autoridades confirmaron que el responsable sería un ciudadano venezolano identificado como Josué Vargas Vera, quien habría llevado a la joven vía terrestre hasta Colombia. Durante el cautiverio, Mayumi contó que fue amarrada en una puerta y que consiguió liberarse antes de ser asesinada. La Policía de ese país confirmó que Vargas ya se encuentra detenido.
Las cámaras de seguridad captaron al sospechoso saliendo del país con Mayumi.
FAMILIA PIDE JUSTICIA
En imágenes grabadas por una ciudadana en la localidad de Florida se observa el rostro del sujeto, lo que reforzó la denuncia de la víctima. Por ello, los familiares piden que este individuo sea extraditado al Perú para enfrentar un proceso judicial y pagar por lo que hizo.
Tras reencontrarse con los suyos, Mayumi permanece resguardada. Será sometida a exámenes médicos y a un tratamiento psicológico para recuperarse de esta terrible experiencia. Mientras tanto, la Cancillería destacó la rápida intervención de su red consular en Colombia, que permitió el retorno seguro de la joven.
Pero la historia todavía no está cerrada. La familia insiste en que se esclarezca si el caso está vinculado a trata de personas, secuestro u otra modalidad criminal. Y lo más importante: que la justicia no olvide el drama de Mayumi, una joven que sobrevivió al miedo y que hoy busca reconstruir su vida junto a los suyos en Piura.
12 Obispos peruanos rechazaron la ley de amnistía recientemente promulgada en una ceremonia por la presidenta Dina Boluarte. Advirtieron que la norma fomenta la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno y vulnera la dignidad de las víctimas. Mediante su pronunciamiento, también exhortaron que el Poder Judicial no aplique esta norma y que ponga en prioridad los derechos de las personas.
«Consideramos que esta ley es contraria a la justicia, alienta la impunidad frente a delitos de grave crueldad y niega la dignidad de la persona humana. Por eso exhortamos a los magistrados del Poder Judicial a ejercer el control difuso e inaplicar esta norma, en salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad», se lee en el pronunciamiento.
Asimismo, los obispos insistieron en que «la justicia es para todos, por eso los procesos judiciales que busquen genuinamente la verdad no pueden tener una duración cruel e irrazonable». Y en esa misma línea afirmaron que «como pastores acogemos el dolor de las víctimas… no se puede eximir a nadie por razones de edad», en alusión a que la amnistía favorecería a personas mayores de 70 años condenadas por delitos graves contra los derechos humanos.
Cabe recordar que el presidente del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Miguel Cabrejos, había anticipado que esta disposición constituye un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales. «No podemos aceptar la vulneración de los derechos humanos ni el acceso a la verdadera justicia», indicó días atrás.
Es importante precisar que esta norma otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los comités de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno, e incluye a sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han advertido que la medida vulnera estándares internacionales suscritos por el Perú y abre la puerta a una «impunidad institucionalizada».
El Poder Judicial impuso este lunes 1 de setiembre una medida de prisión preventiva de 36 meses a Liseth Ruiz Cruz, pareja de Erick Moreno Hernández, más conocido como el ‘Monstruo’, uno de los delincuentes más buscados en el país. Incluso, el Gobierno ha establecido una recompensa de un millón de soles por información que conduzca a su captura.
El juez Roberth Rimachi, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, emitió su resolución tres meses después de la detención de la imputada en Santa Cruz, Bolivia, desde donde fue extraditada. La captura se realizó gracias a una operación coordinada entre la Policía Boliviana, agentes de la Dirección de Investigación Criminal y personal de inteligencia del Ministerio del Interior. Además, en su intervención, las autoridades incautaron varios celulares, munición calibre 9mm y documentos relacionados con movimientos financieros.
Liseth Ruiz, pareja del ‘Monstruo’ cumplirá 36 meses de prisión preventiva
«Liseth Albina Ruiz Cruz, se le va a dar el plazo de 36 meses de prisión preventiva», sostuvo el juez a cargo de la investigación durante una audiencia que se extendió por varias horas. Alias ‘La Patrona’ es sindicada como pieza clave en las investigaciones contra Erick Moreno Hernández, líder de la banda criminal Los Injertos del Cono Norte.
Durante la audiencia, Liseth Cruz aseguró ser inocente de todos los cargos que se le imputan tras ser detenida y ser extraditada a nuestro país. «No hay ningún video donde manifieste que yo secuestro, extorsiono, que yo he planificado con diversos imputados alguna extorsión. Soy inocente», empezó diciendo, para luego asegurar que su error fue no denunciar alias ‘El Monstruo’.
«Mi error fue ser oyente y no haber tenido el valor de ir a una comisaría o a algún lugar y denunciar al padre de mis hijas. Él es el que está en las investigaciones como presunto líder, no yo», acotó durante la audiencia. Pese a las declaraciones de la pareja del ‘Monstruo‘, ella continúa siendo investigada por una presunta colaboración en la red criminal que lidera Erick Moreno, la cual está dedicada a extorsiones y secuestros en nuestro país.
En compañía de su defensa legal, Roxana Salas, Liseth aseguró que cuando fue capturada, las autoridades intervinieron su vivienda y preguntaron por el paradero del ‘Monstruo’, quien ya había fugado del lugar. «Entraron de frente cuando estaba con mi niña durmiendo y me dijeron ‘¿Dónde está?’. ¿Acaso hallaron al padre de mi hija? No lo hallaron, señor magistrado», puntualizó.
¿De qué se le acusa a Liseth Ruiz Cruz, la pareja del ‘Monstruo’?
Liseth Albina Ruiz se ha convertido en una pieza clave para las investigaciones contra una de las organizaciones criminales más temidas del Perú: los Injertos del Cono Norte. Ella es acusada de colaborar con Erick Moreno Hernández, conocido como el ‘Monstruo’, en los diversos casos de extorsiones, sicariato y secuestros cometidos en nuestro país.
Por ello, la Policía Nacional informó que la labor de Ruiz consistía en mantener las redes financieras que sustentaba a la organización delictiva. Además, según precisarn las autoridades, durante su estadía en Paraguay y Bolivia, estableció contactos que facilitaron el movimiento de dinero, la protección de miembros del grupo y la coordinación de actividades ilícitas. El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación Criminal, indicó que Liseth tenía una misión específica: llevar a cabo las extorsiones desde el exterior.
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