La Fiscalía y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional ejecutaron este viernes un allanamiento en la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de abogados Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril en Lima Metropolitana.
La diligencia se llevó a cabo luego de que el Ministerio Público solicitara su detención preliminar como parte de las pesquisas relacionadas con los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de los comicios y obligaron a reprogramar la jornada electoral en varios locales de votación de la capital.
Allanan vivienda de Piero Corvetto en el marco de investigación electoral
El fiscal anticorrupción Raúl Martínez fue el encargado de liderar la diligencia de allanamiento e incautación de equipos electrónicos y documentos en el domicilio del exfuncionario electoral. La intervención busca obtener información relevante para esclarecer los hechos vinculados a la organización del proceso electoral.
Durante el operativo, personal policial permaneció en el inmueble mientras se desarrollaban las diligencias fiscales correspondientes.
En tanto, el abogado defensor de Corvetto, Ricardo Sánchez, llegó al lugar para participar en la diligencia, conforme al procedimiento legal, a la espera de poder ingresar al inmueble mientras continuaban las acciones de la Fiscalía.
Las razones detrás del pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto
El Ministerio Público oficializó el pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto el miércoles 22 de abril, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas durante las elecciones generales. La solicitud fue presentada ante el Poder Judicial y se encuentra pendiente de que el juez de turno programe la audiencia para evaluar el requerimiento fiscal.
Cabe recordar que Corvetto renunció al cargo de jefe de la ONPE el martes 21 de abril, en medio de los cuestionamientos por los problemas logísticos que retrasaron el desarrollo de los comicios en Lima Metropolitana. Entre los hechos observados se encuentra la suspensión de la jornada electoral en 13 locales de votación y el hallazgo de cajas con material electoral en una vía pública del distrito de Surquillo.
Para determinar si las deficiencias reportadas durante la votación en distintas mesas de Lima fueron parte de una conspiración destinada a afectar los resultados electorales, el fiscal que investiga el caso, Raúl Martínez Huamán, ordenó que se practiquen una serie de peritajes a los equipos informáticos empleados durante el sufragio del domingo 12 de abril.
El propósito del fiscal Martínez es determinar si los implicados actuaron en coordinación con personas externas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), o con infiltrados en la institución.
Como parte de las pesquisas, el fiscal requirió los teléfonos institucionales y personales que los involucrados usaron durante el proceso electoral, según el documento del requerimiento al que tuvo acceso La República. Entre ellos se encuentran el exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas; el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez; la funcionaria del Área de Logística, Hilda Otoya Alvarado; y el servidor Willian García Velásquez.
Los investigados también deberán entregar sus correos electrónicos institucionales y personales, y los contenidos de los mismos (correos recibidos, enviados, spam, papelera y otros). En este caso, se incluye a la funcionaria Lilia Flores Bancho.
Cuestión de fondo
La ONPE deberá proporcionar el registro de visitas externas a la Sub Gerencia de Producción Electoral y a la Gerencia de Gestión Electoral, desde mayo de 2025 al 12 y 13 de abril, el día del sufragio y la votación complementaria.
Otro documento trascendental requerido por la fiscalía es el Plan Operativo Electoral (POE), elaborado por la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, ya que sirvió para la configuración de los equipos electrónicos empleados durante el sufragio.
También se han pedido las copias certificadas de las guías de despacho de los 13 colegios donde no se entregó el material electoral y no se pudieron instalar las mesas de votación.
Según un acta de entrevista efectuada por la Contraloría el 14 de abril al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, este indicó que desde etapas previas ya se tenía conocimiento de que podrían generarse retrasos debido al incumplimiento del cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).
Mencionó que esa anomalía se originó principalmente por la demora en la entrega de los equipos electrónicos necesarios para su configuración y posterior distribución, lo que luego generó incidentes en cadena que afectaron los comicios.
Los reportes en relación a los locales de votación que no utilizaron los equipos informáticos, fueron solicitados por el fiscal Raúl Martínez.
Computadoras bajo escrutinio
En 2025, la ONPE adquirió treinta mil laptops, treinta mil impresoras y 4.538 módems para 2.269 centros de votación en Lima Metropolitana y Callao.
“Se remitan de manera ordenada y separada, el reporte del cronograma de distribución del material electoral y equipos informáticos a los locales de votación, tanto el inicial como sus modificatorias, debiéndose precisar qué personas y áreas participaron en dicha elaboración y modificación, y las fechas en que cada cronograma fue elaborado y/o modificado”, se indica en la disposición fiscal.
Para establecer si ONPE adoptó medidas para que todo el sistema funcionara correctamente, la fiscalía pidió los registros de monitoreo, por ejemplo, en relación al traslado del material electoral y los equipos informáticos, que estuvo a cargo del contratista Servicios Especiales Galaga.
“Se remita el reporte de monitoreo de cada unidad de transporte, chofer asignado, placa de vehículo, datos del comisionado de la ONPE, fecha y hora de salida de los vehículos de los locales tanto del parque industrial del almacén de Lurín y de Lurín Live, debiéndose precisar а cargo de qué área se encontraba el monitoreo”, precisa el documento.
Testigos de los hechos
En declaraciones a la Contraloría, Phang Sánchez indicó que el gerente de Gestión Electoral, Samamé Blas, modificó el cronograma de rutas con el propósito de acelerar la entrega del material electoral a los centros de votación y tratar de cumplir con los tiempos previstos en el cronograma.
Sin embargo, según Phang, estos no coincidían con el tiempo real porque cada ruta comprendía entre siete a 17 locales de votación y el promedio de horas para la entrega de una ruta es de ocho horas aproximadamente.
“Según el reporte impreso del cronograma modificado que comprendía 553 locales de votación en 43 rutas, el señor Juan Antonio Phang Sánchez, Subgerente de Producción Electoral, manifiesta que el rango de llegada del material electoral y equipos de cómputo a los locales de votación, que se encuentran en el intervalo de 3 horas y media a 4 horas, no se condice con la realidad”, señala el acta.
Lo que parecía una vivienda más en la periferia de Trujillo escondía un peligro latente. Una mujer de 65 años fue intervenida por la Policía tras hallarse en su poder un arsenal de explosivos capaz de causar graves daños.
El operativo, ejecutado por agentes de inteligencia de la Región Policial La Libertad junto al Grupo Terna, permitió la detención de María Jesús Chilon Tasilla en su inmueble ubicado en el asentamiento humano Pesqueda, en la avenida 5 de Abril, zona limítrofe entre los distritos de Trujillo y El Porvenir.
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Durante la intervención, los agentes descubrieron una cantidad alarmante de material explosivo: 1,717 cartuchos de dinamita tipo emulsión (EXSUR – Emulgod 80) y 15,500 fulminantes mecánicos, además de un teléfono celular que sería utilizado para coordinar presuntas actividades ilícitas.
El hallazgo ha encendido las alertas en la ciudad, no solo por el volumen del material incautado, sino por el perfil de la detenida, quien mantenía el arsenal almacenado en su propia vivienda.
Tanto la mujer como los explosivos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, donde se realizan las diligencias para determinar el origen y destino del material, así como posibles vínculos con redes delictivas.
Con esta intervención, la Policía refuerza su ofensiva contra el tráfico ilegal de explosivos, un delito clave en economías criminales vinculadas a minería ilegal y extorsión en el norte del país.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este 22 de abril del 2026 el procesamiento de las actas correspondientes a la elección de fórmula presidencial, garantizando así el irrestricto respeto al veredicto de los electores emitido en las urnas, tanto en el territorio nacional como en el exterior.
El organismo electoral muestra a los diversos actores electorales el procesamiento del cien por ciento de actas electorales, vía su sitio web https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe, labor que se cumplió de manera ininterrumpida desde el mismo domingo 12 de abril. La página web de resultados electorales ha sido visitada por casi 11 millones de usuarios únicos, alcanzando 232 090 779 (doscientos treinta y dos millones noventa mil setecientos setenta y nueve) vistas totales.
Las actas procesadas son aquellas que ya ingresaron al centro de cómputo y fueron digitalizadas, pero no necesariamente sumadas, mientras que las actas contabilizadas son las que han pasado el control de calidad, no tienen errores y sus votos ya se sumaron al resultado oficial final. Las actas procesadas pueden estar observadas, mientras que las contabilizadas son actas aptas y validadas.
El procesamiento se desarrolló en los centros cómputo de cada una de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales que se instalaron en el todo el territorio nacional, de las cuales 125 procesaron actas del territorio nacional y una (ODPE de peruanos en el extranjero) hizo lo propio con las actas que se recibieron del extranjero.
En cada uno de los centros de cómputo se habilitó un espacio reservado para observadores y personeros de las organizaciones políticas durante todos los días, las 24 horas del día.
Para llegar a la contabilización del cien por ciento de actas, el organismo electoral deberá esperar a que las actas observadas sean resueltas por los diversos jurados electorales especiales. Las actas son observadas porque presentan incidencias o inconsistencias que requieren revisión. Estas actas son derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente para su evaluación conforme la normativa electoral vigente.
La ONPE desarrolló el domingo 12 de abril las elecciones para elegir presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.
En las elecciones generales estuvieron hábiles para participar 27 325 432 ciudadanos en general; de los cuales, 26 114 619 debían votar en el territorio nacional, mientras que 1 210 813 podían hacerlo en el extranjero.
Antes de ser detenida Eudomilia Altamirano, daba gracias a Dios por la recién nacida que tenía entre sus brazos, pero cuando fue por el certificado de nacido vivo, el personal médico del centro de salud La Libertad de Huancayo, descubrió que no era la madre.
Lo que es peor nunca estuvo embarazada. Al ser descubierta, la mujer de 41 años reveló que una joven de 19 años, cuyo nombre desconoce, le entregó a la recién nacida el 13 de xxmarzo en la puerta del hospital de Villa el Salvador en Lima.
Policías del puesto de auxilio rápido “Santa Isabel” ante un presunto delito de trata de personas, trasladaron el caso a la unidad especializada.
Este es el segundo caso que se presenta en Huancayo; el primero fue el 29 de marzo, cuando detuvieron a la profesora S.L.R.(50), tras acudir al centro de salud de San Agustín de Cajas, llevando a un bebé de un mes de nacido, para inscribirlo como su hijo. En aquel entonces, la docente dijo a la Policía que una mujer en Pangoa le entregó el bebé porque no podía criarlo.
Nunca estuvo embarazada
El lunes Eudomilia Altamirano fue a solicitar el certificado de nacido vivo, diciendo que su parto fue el 23 de marzo en su casa del asentamiento humano de Villa el Salvador.
Al realizar las evaluaciones, se destapó que Eudomilia, no presenta signos de gestación y nunca estuvo embarazada. La fémina asegura que la joven de 19 años le dio al bebé a las 14:00 horas en la puerta del hospital materno infantil ‘Juan Pablo II’ en Lima, el 15 abril llegó a Huancayo para obtener el certificado de nacido vivo. La falsa madre está detenida.
El Ministerio Público informó que, a través de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Sexto Despacho), logró que se imponga una condena de nueve años de prisión efectiva contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, por el delito de colusión agravada.
La misma pena fue dictada contra ocho exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, quienes fueron hallados responsables del mismo delito.
Entre ellos figuran César Muñoz, exsubgerente de Abastecimiento; Javier Pérez y Abdón Powosino, exsubgerentes de Seguridad Ciudadana; Gustavo Zevallos, exgerente de Administración y Finanzas; Eutemio Aucapoma, exgerente de Servicios a la Ciudad; el asesor externo Wilfredo Arenaza; y los regidores Romer Layme, José Zambrano y Teódulo García.
Asimismo, Wladimir Abad, propietario de las empresas Heli Abad S. A. C., Abad Air Inc. y Heli X International Inc., fue sentenciado como cómplice primario a nueve años de prisión por colusión agravada y a siete años adicionales por falsificación de documentos.
Compra irregular de helicóptero
De acuerdo con la investigación fiscal, en 2013 la municipalidad contrató a la empresa Heli Abad S. A. C. por S/ 1 490 108.88 para la adquisición de un helicóptero destinado a labores de seguridad ciudadana en el distrito.
Si bien la empresa adquirió el helicóptero, obtuvo el certificado de aeronavegabilidad a su propio nombre como único operador, cuando correspondía que el registro figurara a nombre de la municipalidad, al haber sido financiado con dinero que provenía de sus arcas.
El Ministerio Público concluyó que los funcionarios municipales se coludieron con el contratista para adquirir un bien público que permaneció bajo control de un privado, siendo el único beneficiado.
Debido a la imposibilidad de operarlo para los fines previstos, el helicóptero terminó siendo donado a la Aviación Policial, pese a que no existía un convenio formal con la Policía Nacional del Perú (PNP) para su uso en operaciones de seguridad en el distrito.
Cabe señalar que Carlos Burgos ya se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario, cumpliendo una condena previa de 16 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
ENFOQUE REAL 