En Cusco, un operativo policial terminó con la fuga de un delincuente. Un hombre identificado como John León Huampatupa, de 34 años, quien registraba una requisitoria por hurto agravado, fue intervenido por agentes de la PNP en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Huanchac, tras ser señalado como autor de un robo a una casa de cambio, en la urbanización Magisterio, y apoderarse de una suma de US$5.000.
Según las cámaras de seguridad del local, el implicado habría contado con el apoyo de una mujer, quien ingresó con un bebé para distraer al personal mientras él ejecutaba el atraco. Tras su captura, fue trasladado a la comisaría de Wanchaq; sin embargo, durante su conducción al médico legista, pidió acudir a los servicios higiénicos y aprovechó el descuido de los efectivos policiales, logrando fugar del lugar.
El hecho ha generado indignación entre la ciudadanía por la presunta negligencia del personal de la Policía Nacional del Perú durante el procedimiento de diligencia del sospechoso.
Autoridades investigan fuga de detenido y anuncian sanciones a responsables por presunta negligencia policial
En entrevista con Latina, el jefe de Orden y Seguridad de Cusco, Carlos Guizado, señaló que la responsabilidad por la fuga del implicado recaerá en los agentes que, en ese momento, estaban a cargo de su custodia durante las diligencias correspondientes. En tanto, el Ministerio Público y la Inspectoría ya iniciaron las investigaciones para determinar las sanciones que correspondan.
“Los encargados de la custodia al haber permitido, de alguna manera, en base a una negligencia, que este delincuente se haya podido dar a la fuga (van a ser sancionados). Obviamente las responsabilidades son individuales. En este caso está el conductor y el que estaba a cargo de la custodia”, indicó.
Lo que inicialmente fue reportado por el Comando Operacional del Este, unidad perteneciente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), como un enfrentamiento contra presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja (región de Huancavelica), el caso ha dado un giro tras las primeras investigaciones.
De acuerdo con la corresponsal de RPP, las pericias preliminares y testimonios de la zona sugieren que no hubo tal enfrentamiento, sino un uso excesivo de la fuerza mediante un ataque unidireccional contra una camioneta ocupada por civiles. Además, no se habrían hallado armas de fuego ni sustancias prohibidas en el vehículo atacado.
Testigos presenciales han sido enfáticos al afirmar que las personas a bordo se encontraban totalmente desarmadas al momento en que los efectivos abrieron fuego.
El violento episodio dejó un saldo de cinco fallecidos y dos heridos de gravedad, identificados como Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, ambos de 23 años, quienes fueron trasladados al hospital de Pampas.
Fiscalía inicia indagación
Ante esta situación, ocho militares, incluyendo al capitán Luis Montenegro, han sido detenidos y puestos a disposición de la Divincri en Huanta – Ayacucho, bajo sospecha de presunto homicidio.
En tanto, los heridos Eber Soto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, ambos de 23 años, permanecen internados en el Hospital de Pampas, la Fiscalía Antidrogas de Huancayo y la Fiscalía Penal han asumido el caso para esclarecer las circunstancias de este ataque.
Mientras tanto, se espera la identificación oficial de las cinco víctimas mortales. Por su parte, las autoridades judiciales trabajan en determinar la responsabilidad de la patrulla y de los efectivos de inteligencia que participaron en la intervención.
La población local ha iniciado manifestaciones para exigir justicia, rechazando la versión oficial de un enfrentamiento.
Los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas y Juan Phang Sánchez, adecuaron los requisitos para la contratación del servicio de traslado vehicular de material para el sufragio del domingo 12 de abril, con la finalidad de favorecer la contratación de la firma Servicios Generales Galaga por S/6,3 millones.
Por esta razón, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Raúl Martínez Huamán, encabezó una incursión policial bajo mandato judicial a las viviendas de Samamé y Phang a primera hora de la mañana del viernes, con el propósito de buscar e incautar información relacionada con la investigación.
En busca de evidencias
También incluyó en el allanamiento la residencia del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien vincula en la contratación irregular de Galaga porque fue quien designó en los cargos a José Samamé y Juan Phang.
Las viviendas de otros tres funcionarios también fueron intervenidas: la subgerente de Logística, Hilda Otoya Alvarado; el especialista en contrataciones, Lilia Flores Bancho; y del asistente de Seguimiento y Monitoreo Presupuestal, William García Velásquez.
Además, el operativo incluyó el allanamiento de los inmuebles del gerente de Servicios Generales Galaga, Juan Alvaradon Pfuyo.
Originalmente el fiscal Raúl Martínez solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto y otros funcionarios, pero el juez Manuel Chuyo desestimó el requerimiento. En la resolución judicial, se indica que se persigue a los siete implicados (seis de la ONPE y uno de Galaga), por la contratación del servicio de transporte de material electoral destinado al sufragio del domingo 12 de abril.
Se les atribuye el presunto delito de colusión y omisión de funciones. No hay referencia a un supuesto atentado contra la voluntad popular (fraude electoral).
Hasta donde han avanzado las indagaciones del fiscal Raúl Martínez, ha detectado que Servicios Generales Galaga no contaba con las condiciones para prestar el servicio que necesitaba ONPE para la ejecución del proceso electoral del 12 de abril.
Sin embargo, los implicados, en particular los que participaron en la evaluación y en la buena pro, acondicionaron los requisitos para sacar de la licitación a importantes empresas de seguridad para adjudicar el contrato por S/6,3 millones a Servicios Especiales Galaga, que ni siquiera contaba con las unidades móviles que se requerían.
Conspiración a favor de Galaga
El fiscal también encontró que algunos de los involucrados que fueron parte del proceso de selección del proveedor, carecían de experiencia profesional en contrataciones del Estado.
“José Samame no cuenta con formación, ni experiencia funcional vinculada al área operativa de Gestión Electoral. Esto conllevó a una insuficiencia en la dimensión material, y bajo su dependencia se encontraba la subgerencia de Producción Electoral, a cargo de Juan Phang”, señala el fiscal
“Ambos (Samamé y Phang) formularon y suscribieron el pedido de servicio (de transporte de material electoral), incorporando condiciones técnicas no objetivas para favorecer a la empresa Servicios Generales Galaga, configurando indicios de direccionamiento”, precisa la resolución del fiscal.
José Samamé y Juan Phang armaron las condiciones técnicas para que Servicios Especiales Galaga se quedara con el contrato de S/6,3 millones, concluye el fiscal Martínez.
Respecto al caso del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, indica la imputación del fiscal del caso: “(Corvetto) intervino planteando nuevos lineamientos en enero de 2026, los que modificaron lo dispuesto en agosto de 2025 (…). Concertó con el proveedor para que esta empresa (Servicios Generales Galaga) se beneficiara con la buena pro”. Al respecto, no incluye la evidencia de la presunta relación entre Corvetto y Servicios Generales Galaga.
Implicados. José Samamé, Juan Phang e Hilda Otoya, concertaron voluntades para que Galaga ganara el contrato de S/6,3 millones. Foto: difusión
Los fundamentos fiscales
El fiscal Martínez agrega: “Este funcionario (Corvetto), quien debería ser el primer interesado que la entidad cumpla sus metas, más aún ante un proceso electoral de gran transcendencia para el país, permitió que el TDR (términos de referencia) del servicio de transporte para el sufragio de abril de 2026, se flexibilizara en desmedro de los intereses del Estado”, se lee en el documento.
No se menciona si Corvetto presuntamente ordenó al exgerente de Gestión, José Samamé Blas, y al subgerente de Producción, Juan Phang Sánchez, adulterar el TDR para disminuir el porcentaje de vehículos hasta el 10%, y así beneficiar directamente a Servicios Generales Galaga, e incluso le autorizaron subcontratar hasta el 40%.
Pero ni siquiera con estas increíbles ventajas, el proveedor Galaga pudo cumplir con el contrato, afectando el proceso electoral en algunas mesas distritales de Lima.
De acuerdo con las investigaciones, la ONPE requirió 434 vehículos para Lima Metropolitana. Sin embargo, Servicios Generales Galaga ganó la buena pro con 40 unidades. Es decir, el 9% del total de la flota, debido a que el TDR alterado solo le exigía el 10% para la ejecución del servicio. Con este afán, los implicados tuvieron la osadía de descalificar a otros proveedores que sí calificaban y contaban con amplia experiencia en el rubro: una práctica muy común de corrupción de funcionarios públicos en contrataciones del Estado.
Para cumplir con el presunto plan, José Samamé y Juan Pfang recibieron el respaldo de la servidora Hilda Otoya Alvarado, quien elaboró el TDR; la subgerente de Logística, Lilia Flores Bancho y el asistente de seguimiento y monitoreo presupuestal, William García Velásquez.
Los servidores Flores y García aplicaron un criterio interpretativo al metraje y carga de los vehículos, con el objetivo de reducir el número de las unidades que no estaban considerados en el TDR. De este modo, Servicios Especiales Galaga ganó artificialmente ventaja a otros postores como Hernes, AFE y Prosegur, compañías conocidas en el mercado nacional.
Contratista tenía trabajadores fantasmas
El fiscal anticorrupción, sustentó que, durante la etapa de perfeccionamiento contractual, José Samamé y Juan Phang dieron el visto bueno a la documentación falsa que proporcionó Servicios Generales Galaga.
En uno de estos documentos la contratista acreditó tener 70 trabajadores, lo que supuestamente demostraba su capacidad operativa.
Sin embargo, de acuerdo con la Planilla Electrónica (PLAME) del Sistema de Administración Tributaria (SUNAT) del periodo 2026, Galaga solo contaba con 33 trabajadores.
De ese total, 13 trabajadores estaban en planilla y 20 eran locadores de servicios. Y pese a estas circunstancias, le otorgaron la buena pro. En otras palabras, los otros 37 empleados eran “fantasmas”.
Agentes de la Policía Nacional capturaron en la provincia de Chincha, región Ica, a un hombre de 28 años que registraba una requisitoria vigente por el delito de homicidio.
La intervención se realizó como parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad. Tras el operativo, el detenido fue plenamente identificado por los efectivos y quedó bajo estricta custodia policial.
La detención se produjo luego de acciones de inteligencia y seguimiento desarrolladas por la Policía Nacional en diversos sectores de Chincha. Tras la intervención, los agentes realizaron la verificación de identidad correspondiente en el sistema E-SINPOL, y confirmaron que el sujeto era solicitado por el Juzgado de Investigación Preparatoria, por lo que fue trasladado de inmediato a la dependencia policial para continuar con las diligencias respectivas.
Crimen en las inmediaciones del penal
Según las investigaciones preliminares, el detenido estaría directamente implicado en el asesinato de la abogada Fanny Hernández Correa.
La víctima laboraba como funcionaria en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y fue atacada a balazos el pasado 11 de setiembre del 2024, cerca de las inmediaciones del penal de Chincha.
Las autoridades policiales y del Ministerio Público indicaron que continuarán con las investigaciones exhaustivas para esclarecer totalmente este caso y determinar el grado de participación del detenido.
Asimismo, informaron que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días vinculadas a este violento hecho criminal.
En el centro poblado La Unión, distrito de Sayán, provincia de Huaura, 153 escolares del colegio N.º 20801 Jorge Chávez afrontan el año escolar 2026 en condiciones inadecuadas. A más de 50 días del inicio de clases en el país, las sesiones educativas se realizan fuera de las aulas debido al deterioro de la infraestructura, lo que impide el uso regular de los ambientes.
El problema no se limita a los espacios físicos. La institución no dispone de servicios esenciales como agua y electricidad, mientras que los baños presentan condiciones deficientes. Este contexto afecta el desarrollo de las actividades académicas y expone a los estudiantes a riesgos dentro del entorno educativo.
Contraloría detecta aulas colapsadas y clases a la intemperie en colegio de Sayán
La situación del plantel fue verificada durante una intervención realizada en el marco del Operativo Multidisciplinario de Control Territorial 2026. La comisión encargada recogió información directamente en el colegio para evaluar el estado de sus instalaciones y conocer las dificultades reportadas por la dirección.
Durante la supervisión se constató que varias áreas se encuentran inutilizables, lo que obliga a desarrollar clases en zonas abiertas. Asimismo, se identificaron estructuras deterioradas, entre ellas coberturas incompletas y soportes metálicos en mal estado, que representan un riesgo potencial para los alumnos. La Contraloría indicó que elaborará un informe técnico que será remitido a las entidades correspondientes.
Presupuesto para educación y supervisión estatal frente a deficiencias en infraestructura escolar
El Estado ha destinado S/4.414.887.133 al Ministerio de Educación para el desarrollo de la educación básica regular, de acuerdo con el presupuesto vigente. Esta asignación contempla garantizar la presencia de docentes en las instituciones educativas y la entrega de materiales necesarios para el aprendizaje.
En ese marco, las acciones de control buscan verificar la correcta utilización de los recursos públicos asignados al sector. Estas intervenciones permiten identificar problemas en la infraestructura y en la gestión educativa, así como promover medidas orientadas a mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio educativo en el país.
Momentos de tensión se vivieron en el distrito de Chorrillos tras el hallazgo de un arma de fuego y municiones en el baño de varones del colegio Trilce, ubicado en la avenida Los Horizontes. El hecho generó una rápida reacción de las autoridades y una ola de preocupación entre los padres de familia.
Según información difundida por RPP Noticias, la administración del plantel solicitó a los padres acudir de inmediato para retirar a sus hijos, luego de que se detectara el arma durante la mañana del miércoles 22 de abril.
La situación se tornó aún más grave cuando se reportó la aparición de un mensaje en la puerta del baño que advertía sobre un presunto tiroteo programado para el viernes 24. Esta amenaza desató el temor entre los padres, quienes exigieron explicaciones inmediatas.
“Hay un mensaje amenazante que dice que el viernes habría un tiroteo, que no venga nadie”, relató una madre, reflejando el nivel de alarma que se vivía en los exteriores del colegio.
En medio del desconcierto, comenzaron a circular versiones sobre posibles casos de extorsión escolar y la presencia de estudiantes transferidos vinculados a hechos de violencia en otras instituciones. Aunque estas versiones no han sido confirmadas, contribuyeron a elevar la tensión.
Algunos padres también denunciaron episodios previos de agresión entre alumnos. “A un niño lo han ‘cogoteado’. Esto no es una broma”, señaló otra madre, cuestionando los mecanismos de control dentro del plantel.
ENFOQUE REAL 