¡Grave denuncia! El esposo de la congresista Rosio Torres Salinas (Alianza Para el Progreso), Fernando Meléndez Celis, sería parte de una presunta organización criminal en Iquitos, la cual se debería a lavar dinero ilícito. 

En entrevista en «Informamos y Opinamos», Carlos Neyra, dio detalles sobre los revelado por la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA), equipo de investigación conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. 

El caso 

Según la teoría fiscal, el excongresista entre 2020 y 2021 estaría insertando dinero mal habido para una serie de actividades, como, por ejemplo, de índole político; ya que, como es de conocimiento, está buscando llegar nuevamente al Gobierno Regional de Loreto, cargo que ocupó entre 2015 y 2018.

Vale mencionar que, actualmente viene siendo procesado por las presuntas comisiones de lavado de activos, corrupción de funcionarios, tráfico ilícitos de drogas y falsedad ideológica, los cuales – para la Fiscalía – son actividades al margen de la ley que son capaces de «generar dinero».

En ese contexto, el aparente lavado de dinero sería a través de la compra de inmuebles, en personas de su vínculo más cercano y de ellos mismos, estas transacciones comenzaron a llamar la atención de las autoridades. 

Un caso concreto es de uno de los asesores de la actual legisladora, quien habría desembolsado S/ 24 000 soles para la adquisición de dos predios, con tan solo 21 años. Otro caso que llama la atención de la DIRILA es que un familiar directo de Meléndez Celis tiene 17 predios en Otuzco, cuando trabaja como agente de limpieza en un hospital en La Libertad, para la hipótesis fiscal, los inmuebles serían parte de la presunta organización dedicada al lavado de dinero.

Congresista Rosio Torres sigue siendo investigada 

Pese a las graves acusaciones en su contra, en febrero último, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la parlamentaria Rosio Torres, por el presunto delito de concusión en el caso conocido como ‘Mochasueldos‘.

La acusación fiscal señala que la legisladora habría exigido una parte del sueldo de sus trabajadores de despacho, teniendo a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, como intermediario del presunto acto ilícito.

Aunque el Parlamento archivó el caso, el Ministerio Público continúa con la investigación para determinar si existió o no algún esquema de cobros indebidos dentro del despacho congresal, para ello, la Fiscalía continúa realizando sus pesquisas, siendo la principal sospecha del presunto fin ilícito, la compra de terrenos, principalmente en la selva peruana. 

Una denuncia de presunta corrupción se hace pública, teniendo como investigado principal, al esposo de una actual parlamentaria, quien es también investigada en la Fiscalía de la Nación.