Un nuevo episodio de violencia sacude a Trujillo. Un presunto sicario logró ingresar al principal hospital de la ciudad con una identidad falsa para intentar acabar con la vida de un paciente que había sobrevivido a un reciente atentado.
El hecho ocurrió en el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde un joven de 19 años, identificado como Juan Sánchez Noriega, fue intervenido cuando intentaba asesinar a un paciente internado. Según las investigaciones, el sujeto se hizo pasar por familiar para evadir los controles de seguridad del nosocomio.
De acuerdo con la Policía, el presunto sicario llevaba una ampolla con una sustancia letal que pretendía administrar a su víctima. La rápida intervención del personal de inteligencia permitió frustrar el ataque antes de que se concretara.
Las indagaciones revelan que el ingreso del joven no habría sido casual. Un médico del hospital, identificado como Nilton David Chávez Castañeda, fue detenido junto a una mujer —pareja del intervenido— por su presunta implicancia en la coordinación del atentado. Según la hipótesis policial, los contactos se habrían realizado mediante mensajes.
El paciente al que intentaron asesinar ya había sido blanco de un ataque días atrás en el distrito de La Esperanza, donde sujetos armados acribillaron el vehículo en el que se trasladaba. En ese hecho murió su acompañante, mientras que él logró sobrevivir y fue trasladado al hospital, donde nuevamente se convirtió en objetivo.
El cabecilla terrorista Víctor Polay Campos, miembro del sanguinario Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pidió que lo dejen en libertad luego de recibir un pedido de prisión preventiva en su contra por el denominado caso Las Gardenias, por el que asesinaron a 8 personas el 31 de mayo de 1989 en Tarapoto, región San Martín.
Como se conoce, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a cargo del juez Fernando Valdez, varió la comparecencia simple por 18 meses de prisión preventiva contra Polay Campos el 5 de diciembre de 2025.
Hoy, en la audiencia celebrada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, se evaluó la apelación que presentó la defensa del terrorista para que se le imponga comparecencia simple y pueda abandonar el penal de la Base Naval del Callao, en donde está preso desde 1992.
En la sesión, su abogado, Segundo Burgos, planteó una cuestión previa para que la audiencia sea reprogramada, pero esta fue declarada improcedente por el juez.
Burgos sustentó el pedido de apelación de la variación de comparecencia simple a prisión preventiva señalando que «no hay graves ni fundados elementos de convicción».
Según dijo, «está acreditado los 8 muertos y está acreditado quién es el autor directo, que es Humberto Manrique». Lino Humberto Manrique Tuya, exintegrante del MRTA, figura en la investigación formal junto a Víctor Polay. Tiene un mandato de 18 meses de prisión preventiva en contra y se ha dispuesto su orden de captura nacional e internacional, al estar fuera del país.
«No hubo ninguna orden del MRTA, no hubo ninguna orden de la dirigencia, no hubo ninguna orden de mi defendido, Víctor Polay Campos. El hecho de disparar fue un acto autónomo de él, que estaba junto a otro miliciano, ante una circunstancia específica que lo iban a asaltar, y para evitar ser reconocido dio muerte a estas personas», manifestó.
Asimismo, enfatizó en que «los 8 muertos no son homosexuales, no hay ningún odio discriminador, tampoco fue en un lugar llamado Las Gardenias, eso es falso. Por tanto, no hay móvil discriminatorio, no son homosexuales, no hubo cuestión de la dirigencia sino que fue un hecho circunstancial, de acto propio».
El caso Gardenias como uno de los crímenes de odio más brutales del terrorismo en el Perú. Terroristas del MRTA irrumpieron en un bar y secuestraron a ocho personas de la comunidad LGBTIQ. Según las autoridades fiscales y judiciales, el ataque fue parte de una supuesta «limpieza social» terrorista.
En tanto, sobre el asesinato de Fransuá Pinchi, una estilista trans, ocurrido el 30 de setiembre de 1990, Burgos señaló que «no hay elementos de convicción respecto a la existencia del delito y a la participación de mi defendido. Lo único que hay en este hecho es el acta de defunción, pero se está imputando homicidio, terrorismo. No hay acta de necropsia, levantamiento de cadáver».
Lo mismo dijo sobre la muerte de Silvano Vela, asesinato en agosto de 1991, y de Salomón Pérez Armas, el 12 de julio de 1992. Según la tesis fiscal, el conocido como «Pacharaco» fue sacado de la vivienda de una amiga para luego aparecer muerto en una zanja cerca del puente Paychuma.
«En todos los hechos negamos que sea el MRTA», culminó el letrado.
La Fiscalía solicita 25 años de cárcel por homicidio calificado y cadena perpetua por terrorismo agravado por estos crímenes. Por ahora, pesa un mandato de prisión preventiva por 18 meses contra Polay. También solicitó 365 días multa como pena accesoria, la cual asciende a S/3,434.65.
MINISTERIO PÚBLICO RESPONDE
Al respecto, el fiscal Temo Michel Morales Cruzado, mencionó en la audiencia que estos asesinatos «responden a un plan operacional lesivo a los derechos humanos»
«Este plan se encuentra sustentado en una política de limpieza social que ha sido objetivo de publicación y difusión en un semanario, al cual se le aplicó el rotulo de ‘El camino de la revolución peruana’, del Comité Central del MRTA, publicación del año 88, antes de estos 4 hechos que hemos descrito», explicó.
Morales dijo que esta política tenía como objetivo «crear un hombre nuevo, un concepto filosófico que para esta organización era fundamental». Como parte de la directriz, se pretendía «erradicar a aquellos sujetos que para ellos eran considerados personas indeseables o que serían consideradas como lacras sociales».
«¿Y quiénes son considerados lacras sociales según el plan operacional? Personas consideradas homosexuales, drogadictos, prostitutas. ¿Qué implica esto? Una grave violación de los derechos humanos», prosiguió.
Respecto a los cuestionamientos sobre la autoría mediata, el fiscal señaló que el MRTA «no constituye una organización delictiva común, sino una estructura jerárquica, organizada y formalizada que cuenta con un estatuto». Además, «todas las estructuras se subordinaban al Comité Central y el Comité Ejecutivo Nacional, denominado Dirección Nacional».
Imagen
POLAY NIEGA TODO
Al final de la audiencia, el propio Polay Campos tomó la palabra. Al inicio de su intervención pidió al tribunal que sea «un poco benevolente, comprensivo, porque está en juego una cadena perpetua, mejor dicho está en juego una condena a muerte enmascarada».
Señaló que la Fiscalía «está profundamente equivocada», porque cuando se referirían a construir una sociedad y un hombre nuevo, hacían alusión a un hombre «libre de todo vicio, libre de todos los males de la sociedad capitalista».
Que sepamos ni la homosexualidad ni la prostitución es un vicio ni lacra social. Entonces cuando el MRTA dice ‘estas lacras sociales del sistema capitalista’ se está refiriendo a la miseria, a la pobreza, a la explotación, y dice ‘erradicaremos’, no dice ‘mataremos’, porque con la lógica de la Fiscalía entonces habría que matar a todos los pobres, a todos lso tuberculosos, a todos los corruptos», continuó.
El cabecilla terrorista añadió que, bajo esa lógica, en esta época electoral, la Fiscalía debería presumir que los candidatos presidenciales van a acabar con los corruptos y pobres cuando dicen ‘erradicaremos la corrupción’ o ‘erradicaremos la pobreza’.
«Están inventando una palabra que dice ‘limpieza social’ que no existe en ningún documento del MRTA. Yo jamás podría plantear eliminar a los miembros de la comunidad LGTBIQ+. La lectura que hace la Fiscalía es homofóbica, porque dice: lacras sociales igual a homosexuales», culminó.
Polay Campos añadió que cuando cayó la dictadura de Alberto Fujimori, luego del año 2000, pidió perdón a las víctimas, reconoció que ya no existe lucha armada y ha buscado la reconciliación del país. «¿Qué peligro represento al país?», demandó al juzgado.
El colegiado, integrado por los magistrados José Odicio Bueno, Iván Alberto Quispe Aucca y María Esther Felices Mendoza, dejaron el caso al voto, con lo cual decidirán si mantienen la prisión preventiva contra Polay, y permanece en la cárcel, o le imponen comparecencia simple y sale en libertad.
Un bus interprovincial de la empresa Turismo Chocano sufrió un grave accidente la madrugada de este martes en la Carretera Central, luego de que rocas de gran tamaño se desprendieran de un cerro e impactaran contra la unidad en el sector Batanchaca – Pikilhuanca, en la jurisdicción de Huariaca, región Pasco.
El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a 4:00 horas, cuando el vehículo, que cubría la ruta Huánuco–Lima, fue alcanzado en plena marcha. El impacto afectó principalmente la parte superior del bus, generando escenas de desesperación entre los pasajeros.
De manera preliminar, se reportó la presencia de personas fallecidas y varios heridos, quienes fueron auxiliados y trasladados de emergencia a establecimientos de salud de la zona.
Hasta el lugar llegaron equipos del Ministerio de Salud, personal del centro de salud de Huariaca y efectivos de la Policía de Carreteras, quienes realizaron labores de rescate y atención a los afectados. Los heridos fueron evacuados al hospital de Huariaca para su atención.
Según los primeros reportes, el accidente habría sido provocado por la caída de rocas debido a factores climatológicos en la zona, lo que generencias para identificar a las víctimas y determinar las circunstancias exactas del accidente, mientras se mantiene la alerta por posibles nuevos deslizamientos en este tramo de la carretera.
Un agente de la Policía Nacional murió en un trágico accidente de tránsito, registrado la tarde de ayer, martes, en plena Vía de Evitamiento, a la altura del puente Caquetá, en la jurisdicción de San Martín de Porres (SMP).
Según información preliminar, el agente -que se desplazaba junto con un acompañante en una motocicleta- fue atropellado por un camión, en circunstancias que son motivo de investigación.
El policía murió en el acto, mientras que su acompañante resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro médico.
La zona donde ocurrió el trágico accidente cuenta con cámaras de seguridad de la concesionaria, cuyas imágenes serán determinantes para establecer responsabilidades en este caso.
Congestión vehicular
Debido al fatal accidente, el tránsito en la Vía de Evitamiento en el sentido sur-norte estuvo interrumpido, lo que generó gran congestión vehicular.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la concesionaria Lima Expresa informó que la Vía de Evitamiento se liberó a las 6:32 p.m. “luego de la llegada del fiscal y que nuestro equipo retirara el vehículo siniestrado”.
El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fue insultado y agredido por un grupo de transportistas a su salida del Gobierno Regional. El incidente ocurrió minutos después de una mesa de diálogo sobre la problemática en la vía Libertadores, donde los gremios mantienen un paro indefinido para exigir al Ejecutivo el mantenimiento de la ruta. Al finalizar el encuentro, el gobernador anunció una suspensión del paro por diez días mediante un acta firmada que diversos dirigentes rechazaron.
Tras el encuentro, que no contó con la presencia de los titulares del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Oscorima afirmó el acuerdo de la suspensión de la protesta con el gremio: “Hemos firmado un acta en la que ellos se han comprometido a levantar el paro durante 10 días, ya que se deben firmar convenios importantes con el MEF y el MTC”. Sin embargo, estas declaraciones provocaron la indignación de los manifestantes, quienes lanzaron objetos y desperdicios contra la autoridad al grito de “Wayki mentiroso” y “Si no hay solución, el paro continúa”.
La versión del Gobierno Regional fue negada por el gremio. “A ningún acuerdo se ha llegado. El paro no se va a levantar (…) Huancavelica, Apurímac y Ayacucho vamos a seguir en pie de lucha hasta que se solucione la vía Libertadores”, sostuvo un dirigente para el medio Estación Wari.
Previo al enfrentamiento, el gobernador detalló cómo se llevaría a cabo el restablecimiento de la carretera. “Nosotros vamos a reconstruir 71 kilómetros del tramo de La Oroya a Rumichaca. Por lo tanto, los transportistas han expresado su tranquilidad y confianza. Tengan la plena seguridad que vamos a cumplir con ese compormiso”, sostuvo. Además, Oscorima agregó que, de acuerdo con el Decreto de Emergencia, se tendría 180 días de plazo para el mantenimiento de la vía.
El gobernador informó además que se ha programado una nueva mesa de diálogo en la sede del MTC para el próximo lunes, donde se espera la participación del ministro. En el encuentro se abordará la problemática del transporte de minerales en el deterioro acelerado de la vía Libertadores.
Comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que la ausencia del titular del sector, Aldo Prieto, en la reciente convocatoria no se debe a una cancelación de su parte. “Ante publicaciones que vienen circulando sobre un supuesto «incumplimiento de visita ministerial» en Ayacucho, aclaramos que se trata de información falsa, por lo que no existe tal cancelación.
Además, el comunicado señala que el ministro se encuentra coordinando con el Gobierno Regional de Ayacucho para establecer soluciones que beneficien a ambas partes “Estamos trabajando de manera permanente y articulada con el Gobierno Regional de Ayacucho para dar soluciones concretas, como la declaratoria de emergencia en la Vía Los Libertadores, además de la programación de reuniones con autoridades y dirigentes de #Huancavelica y #Ayacucho, este viernes 27 y lunes 30 de marzo”.
La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR PNP), a través de su unidad en Cajamarca, desarticuló la banda criminal denominada “Los Pro 200 Mil Soles de Miguel Iglesias”, la cual estaría integrada por miembros de la Municipalidad de Miguel Iglesias.
La intervención se realizó de manera simultánea en el cercado de la provincia de Celendín y en el distrito de Miguel Iglesias, cuyo alcalde fue detenido por los agentes en la sede municipal.
Durante el operativo se logró la detención del alcalde en funciones de la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias, Santos Alejandro Delgado Díaz (41), así como del gerente municipal Edson Ronald Mendoza Domínguez (47) y la secretaria Mirella Mendoza Bustamante (27), por su presunta implicancia en el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
De acuerdo a las investigaciones, los detenidos habrían solicitado la cuantiosa suma utilizando procedimientos administrativos aparentemente regulares dentro de los sistemas de gestión pública para concretar el acto ilícito.
ENFOQUE REAL 