Las medidas de las municipalidades ante el siniestro en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, lejos de proteger la vida de los usuarios, están generando nuevas víctimas: 100 mil empleos entre directos e indirectos están en suspenso, además más de 2,500 negocios entre locatarios (tiendas que operan dentro de los malls) y módulos de ventas con obligaciones financieras y nuevos stocks para la campaña escolar han dejado de operar, debido al cierre indiscriminado de centros comerciales.

Ayer se cerraron dos nuevos malls con lo que la cifra llegó a 29. Con ello, casi un tercio (31.9%) del total de centros comerciales que opera en el país está paralizado.

Uno de los malls que se cerró en la víspera fue el de Plaza Lima Sur, un local de 116,460.7 m2 (más de 10 veces el Estadio Nacional), de propiedad de Cencosud, construido sobre un terreno perteneciente al Ejército del Perú, en Chorrillos. Este fue clausurado en su totalidad temporalmente, debido al desprendimiento de 10 baldosas del techo del patio de comidas. Caída que habría estado asociada con el temblor ocurrido por la mañana.

La Municipalidad de Chorrillos solo se limitó a cerrarlo, según su subgerente de Inspección y Control de Sanciones del municipio, Roland Jayo, por “riesgos detectados en la infraestructura”, sin ninguna prueba fehaciente que justifique el cierre de todo el centro comercial.

“Las municipalidades están fiscalizando y haciendo su trabajo ex post, pero cerrando los centros comerciales, cuando lo normal cuando te fiscaliza la municipalidad es que los comercios tienen dos días para subsanar”, sostuvo a Perú21, José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP).

Según ACCEP, el cierre de 29 centros comerciales ha afectado a 65 mil personas con empleos directos, muchas de las cuales dependen de ingresos variables, y ha generado la pérdida de aproximadamente 35 mil empleos indirectos.

Además, alrededor de 1,500 locatarios han dejado de operar, enfrentando cuantiosas pérdidas. Una situación similar afecta a más de 1,000 módulos de venta ubicados en los pasillos de los centros comerciales, emprendimientos que apostaron por la formalidad y que ahora se ven perjudicados.

Otras de las principales afectadas son las empresas proveedoras de bienes perecibles para los supermercados, como frutas, verduras, carnes y embutidos. Al impedirse la entrada de personas, los supermercados que operan dentro de los malls deben dejar que estos productos se pierdan.

“Si bien es cierto que hubo una tragedia, la situación ha llegado a un extremo y se ha convertido en una búsqueda de notoriedad por parte de los municipios” señaló Contreras.

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Incapacidad y corrupción

Para el exministro de Economía David Tuesta, el cierre indiscriminado de centros comerciales obedece a la incapacidad de las municipalidades de hacer una buena labor de supervisión y fiscalización, problemática que estaría asociada a una mala descentralización de responsabilidades de los gobiernos subnacionales.

Según Tuesta, este problema se confirma con el caso de la emisión del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Actualmente, las comunas tienen dentro de sus funciones la autoridad para emitir el certificado de construcción, demolición, ITSE y funcionamiento.

El plazo de vigencia del ITSE ha experimentado cambios en el tiempo. Primero fue de un año, luego a 10 años y 2 años. Sin embargo, para Tuesta la garantía de una buena seguridad en las edificaciones no pasa por el plazo del certificado, sino por la capacidad de las municipalidades de contar con ingenieros probos que puedan verificar las estructuras.

Tuesta argumentó que esta falta de personal calificado gatilla que los municipios no puedan prevenir tragedias como la del Real Plaza de Trujillo o que sobrerreaccionen a caídas de baldosas como el cierre de Plaza Lima Sur.

“¿Cuál es la reacción del que no sabe qué hacer?: repartir palo a todo el mundo, cierro y se acabó. Como no sé qué hacer, cierro todo”, subrayó Tuesta.

El también presidente del Consejo Privado de Competitividad planteó que el primer cambio que debería haber para corregir esta incapacidad de los gobiernos subnacionales es generar una suerte de acreditación de capital humano para hacer el trabajo de aprobación de la obra e inspección de edificaciones en los más de 1,000 municipios del país.

Así, de no contar con los ingenieros respectivos, que esta responsabilidad se traslade al gobierno subnacional superior como las municipalidades provinciales, gobiernos regionales o alguna otra instancia del Ejecutivo.

Para Elmer Cuba, socio de Macroconsult, el cierre de centros comerciales es una sobrerreacción de las autoridades, motivada en parte por el temor de que, si ocurre un incidente en su jurisdicción, puedan enfrentar responsabilidades penales o civiles por omisión de funciones. Sin embargo, también advierte que esta situación puede dar lugar a prácticas de corrupción y chantaje.

“En este cierre de centros comerciales, hay de las dos motivaciones. No podría decir cuál de las dos está primando”, dijo Cuba.

Gobierno no debe dar la espalda

Debido a este problema que enfrentan los gobiernos subnacionales, Tuesta afirmó que el gobierno central no debe dar la espalda.  Esto considerando que los centros comerciales son una fuente importante de consumo en nuestro país.

“No he escuchado ningún tipo de comentario del Ejecutivo de qué hacer en el futuro”, comentó Tuesta.

El exministro manifestó que el Ejecutivo como parte de este shock de regulación para fomentar la inversión privada, debe darse cuenta de que no puede dejar la labor de inspección de certificaciones a autoridades que no cuentan con las capacidades para hacer este trabajo.

Aseguró que, si no se hace nada, la posibilidad de crecer 4% como afirmó el ministro de Economía, José Salardi, está en riesgo.

“Nadie dice que se le quite esa autoridad al municipio, pero este debe acreditar que cuenta con el personal calificado para hacer ese trabajo”, concluyó.