Hoy, 26 de septiembre, se lleva a cabo un paro de transportistas en Lima y Callao en protesta contra las extorsiones a las empresas de transporte. Este paro no ha sido una represalia para los delincuentes, ya que ocurrió un reciente ataque de extorsionadores en San Juan de Lurigancho.
En la madrugada de hoy, en el paradero de ETUSA en Huáscar, una línea que cubre la ruta desde SJL hasta Chorrillos, fue blanco de extorsionadores. La banda conocida como “La batería de los panameños” dejó un artefacto explosivo junto con un mensaje amenazante. Los transportistas han señalado que es la primera vez que son víctimas de extorsión.
Debido a estas amenazas, los choferes se han visto obligados a detener sus actividades, afectando cerca de 100 unidades de transporte. La situación ha generado una gran preocupación entre los conductores y la población en general, subrayando la necesidad de medidas más efectivas para combatir la extorsión y garantizar la seguridad en el sector transporte.
Transportistas se dirigirán al Congreso
Choferes y trabajadores del sector se concentraron desde las primeras horas de la mañana en la Plaza de Acho para expresar su rechazo al amedrentamiento que vienen sufriendo. Los manifestantes marcharán hacia el Congreso y Palacio de Gobierno, exigiendo ser escuchados por la presidenta Dina Boluarte.
Se conoce que el paro de transportes afectará a aproximadamente a un millón de personas, entre pasajeros, choferes y trabajadores de las empresas de transporte.
Paro de transportistas. Foto: GEC
¿Qué empresas de Transporte acataron el paro?
Edgar Vitor Galarza, secretario general de Transportes Unidos, indicó algunas de las empresas que no saldrán a operar:
El Megapuerto de Chancay podría contribuir con hasta 0.9% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2025; así lo informó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en una conferencia de prensa.
“Estamos esperando que contribuya con 0.3% en la primera fase de operación y 0.9% si se hace todo, considerando que falta infraestructura, obviamente. Si se completan todos los aspectos que necesitaría tener (el puerto) para que opere bien, podría aportarse 0.9% del PBI en el 2025, en la fase de operaciones”, expresó en el último Reporte de Inflación.
Anteriormente, el presidente del BCR informó que con las operaciones del Megapuerto de Chancay, habrá un efecto importante en la economía peruana, pero se debe trabajar las carreteras y la infraestructura para la influencia del terminal portuario.
“Creo que será importante. Hay que mejorar todas las vías de comunicación y también tendría que haber habilitación urbana en la zona”, sostuvo.
Megapuerto de Chancay a pocos meses de inaugurarse
Este mes de noviembre se inaugurará el Megapuerto de Chancay y, con ello, se fortalecerá el vínculo comercial entre Sudamérica y Asia, sobretodo en China, puesto que se convertirá en un hub regional que redistribuirá la carga de Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
Adicional a ello, se prevé que el Megapuerto de Chancay genere 1,300 puestos de trabajo directos, y alrededor de 8,000 empleos indirectos.
El Ministerio de Educación (Minedu) anunció a las 6:50 de la mañana de este jueves 26 de septiembre que las actividades en los colegios de Lima Metropolitana se realizarán de forma remota. La medida responde al paro de transportistas en la capital, la cual busca que el Gobierno emita una respuesta ante la creciente ola de extorsiones a la que se están enfrentando.
Mediante un comunicado en sus redes sociales, la entidad gubernamental informó «que las actividades laborales en los colegios de Lima Metropolitana se desarrollarán de manera remota».
«Esto permitirá que nuestros estudiantes realicen sus clases sin interrupciones a través de esta modalidad en todas las instituciones educativas», se lee.
Sin embargo, el anuncio llegó a pocas horas de que la jornada laboral y las clases en las instituciones educativas inicien. De hecho, Latina Noticias captó a una cantidad importante de escolares que han salido de sus casas para dirigirse a sus centros educativos.
Recordemos que son más de 30 empresas de transportes que no circularán en Lima este jueves y buscan una respuesta por parte del gobierno.
La Contraloría General de la República evidenció que seis servidores públicos del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), percibieron ingresos simultáneos de otras entidades públicas por la suma total de S/ 395 mil durante el período 2020 – 2024, por lo que incumplieron la prohibición de doble percepción de ingresos del Estado, tal como está establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Servicio Civil, la Ley Marco del Empleo Público y otros reglamentos vigentes.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 067-2024-OCI/5297-AOP, el PRONIS hizo entrega a su Órgano de Control Institucional (OCI) los legajos y reportes de una muestra de servidores bajo la modalidad de Contrato por Administración de Servicios (CAS) y luego de un cruce de información con el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se advirtió que percibieron ingresos provenientes por locación de servicios en otras entidades del Estado.
Según los contratos CAS suscritos por estos seis servidores del PRONIS, existe el Anexo N° 1 con una Declaración Jurada de no estar inhabilitado, sancionado o no tener impedimentos, donde quedó establecido que no percibirán otros ingresos del Estado diferentes al que se deriven del contrato administrativo de servicios suscritos con la entidad.
No obstante, de la revisión hecha a los reportes de la plataforma del buscador público de órdenes de compra y órdenes de servicio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en los portales de Transparencia de distintas entidades públicas, se advirtió que los seis profesionales del PRONIS realizaron servicios a otras entidades, mediante locación de servicios, entre los años 2020 y 2024.
El primer caso corresponde a un servidor que tuvo vínculo laboral con el PRONIS entre el 5 de octubre del 2020 y el dos de marzo del 2024, e inclusive tenía la condición de CAS indeterminado desde el 28 de octubre del 2022. Sin embargo, dicho servidor había suscrito ocho órdenes de servicios con cuatro entidades públicas por los que recibió S/ 91 mil de ingresos complementarios.
Los S/ 91 mil fueron otorgados al servidor del PRONIS a través de dos órdenes de servicios especializados en evaluación de expedientes técnicos en telecomunicaciones para la obra del Centro de Salud Huepetuhe y Centro de Salud Laberinto, emitidas el 15 de abril de 2021 por el Gobierno Regional de Madre de Dios por S/ 5000 cada una. Otras dos órdenes corresponden al Gobierno Regional de Junín del 24 y 30 de junio del 2021 por la contratación de un profesional en tecnología de la información para la obra de mejoramiento del Hospital Pichanaki, por la suma de S/ 13 mil cada una.
También recibió S/ 3900 y S/ 9100 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú por dos órdenes de servicio para la contratación de un profesional especialista en sistema de comunicaciones, monitoreo e informática y la contratación de un profesional especialista en sistema de comunicaciones, suscritas el 18 de julio de 2022 y el 3 de febrero de 2023, respectivamente.
Este mismo servidor recibió S/ 21 mil por cada una de las dos órdenes de servicio con la Unidad Ejecutora de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior para la elaboración de propuestas de términos de referencia para la consultoría de proyectos a realizarse en La Libertad, Cajamarca, Puno, Huancavelica, entre otros. La primera orden de servicio se emitió el 18 de octubre de 2023 y la segunda el 22 de noviembre de 2023.
El segundo caso comprende a un servidor del PRONIS que laboró en dicha entidad entre el 11 de setiembre de 2020 y el 31 de diciembre del mismo año, pero en ese lapso suscribió dos órdenes de servicio con la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por los que recibió S/ 12 500. La primera orden se emitió el 8 de octubre de 2020 por el servicio de elaboración de expediente en instalaciones sanitarias por S/ 5500 y la segunda se emitió al día siguiente (9 de octubre) para la elaboración de expediente en instalaciones sanitarias para el suministro de agua y desagüe.
Según el informe de Contraloría, el tercer caso corresponde a otro servidor que laboró en el PRONIS entre el 7 de diciembre del 2020 y el 30 de setiembre de 2021 pero en ese periodo fue beneficiado con tres órdenes de servicio emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por un total de S/ 60 mil (S/ 20 mil cada una). Las órdenes de servicio se emitieron en abril, junio y agosto del 2021 para el servicio de asistencia legal.
El cuarto caso es de un servidor público que recibió un total de S/ 130 500 por órdenes de servicio emitidas por el Gobierno Regional de Junín (tres por S/ 34 mil, S/ 15 mil y S/ 15 mil), la Municipalidad Distrital de Chorrillos (dos por S/ 19 350 y S/ 18 650), el Programa Nacional de Infraestructura Educativa -PRONIED (S/ 26 mil) y Municipalidad Distrital de Llusco en Cusco (S/ 2500).
Tales órdenes se emitieron en los meses de marzo y noviembre del 2020, así como en mayo y junio del 2021, pese a que el vínculo contractual del servidor con el PRONIS fue de diciembre de 2018 a setiembre del 2021.
El quinto caso corresponde a una servidora pública del PRONIS que recibió S/ 29 mil por tres órdenes de servicio, de las cuales una fue emitida en mayo del 2021 por la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS), adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por S/ 8000, y dos fueron emitidas en mayo y agosto del 2021 por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS por S/ 14 mil y S/ 7000, respectivamente. Dicha servidora tuvo vínculo con el PRONIS entre setiembre del 2020 y del 2021.
El último caso corresponde a otra servidora que tuvo vínculo con el PRONIS entre el 4 de diciembre del 2020 y 30 de setiembre del 2021, pero en marzo, junio, agosto y setiembre del 2021 fue beneficiada con la emisión de órdenes de servicio del Instituto Tecnológico de la Producción por un total de S/ 72 mil.
Los hallazgos del informe de la Contraloría fueron comunicados al titular del PRONIS y se le recomendó adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, para superar estos hechos irregulares.
Luego de analizar las denuncias y los testimonios correspondientes al ‘Caso Sodalicio’, el papa Francisco decidió expulsar al arzobispo emérito de Piura, monseñor José Antonio Eguren, y otros nueve integrantes de dicha congregación.
Según informó la Conferencia Episcopal Peruana mediante la difusión de un comunicado de la Nunciatura Pública, esta decisión se informó esta mañana, miércoles 25 de septiembre de 2024, tras la finalización de la ‘Misión Especial’.
Vale resaltar que el Santo Padre le encargó este estudio a S.E. Mons. Charles J Scicluna, Arzobispo de Malta y Secretario Adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y a Mons. Jordi Bertomeu Farnós, oficial de dicho Dicasterio.
«Se ha considerado el escándalo producido por el número y gravedad de los abusos denunciados por las víctimas, contrarios a la vida equilibrada y liberadora de los consejos evangélicos en el contexto del apostolado eclesial», se lee.
Casos:
Abuso físico, incluso con sadismo y violencia;
Abuso de conciencia, con métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados
Abuso espiritual, con instrumentalización en el fuero externo de la información obtenida en el fuero interno no sacramental o dirección espiritual
Abuso del cargo y de autoridad, con episodios de hackeo de las comunicaciones y acoso en el lugar de trabajo así como encubrimiento de los delitos cometidos en el seno de esta institución
Abuso en la administración de los bienes eclesiásticos
Abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo.
Miembros del Sodalicio expulsados por el Papa Francisco:
Exsuperior general, Eduardo Antonio Regal Villa
Arzobispo emérito de Piura, S.E. Mons. José Antonio Eguren Anselmi
Exsuperior regional, reverendo Rafael Alberto Ismodes Cascón
Exsuperior regional, reverendo Erwin Augusto Scheuch Pool
Exformador, Humberto Carlos Del Castillo Drago
Exformador, Oscar Adolfo Tokumura Tokomura
Exformador, reverendo Daniel Alfonso Cardó Soria
Exmiembro incorporado, Ricardo Adolfo Trenemann Young
Exmiembro incorporado, Miguel Arturo Salazar Steiger
La situación de Andrés Hurtado continúa complicándose. La empresaria Lizet Dunant llegó al Perú para denunciar nuevamente al presentador de televisión por el presunto delito de estafa, en un caso que data del 2015.
Al lado de su abogado Gino Romero, la empresaria se acercó esta mañana a la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay (Cercado de Lima), para dar más detalles de la acusación contra el controvertido conductor de televisión, quien sigue detenido preliminarmente en la Prefectura de Lima.
Dunant acusa a Hurtado de haberla estafado con la suma de 185 mil dólares. De acuerdo con su relato, ella y su esposo, Eduardo Dunant, entregaron el dinero para invertir en el ‘Circo de Andrés y Josetty’, que se iba a realizar del 15 de julio al 15 de agosto de 2015; sin embargo, el espectáculo nunca se concretó y el dinero nunca fue devuelto.
“Él me dijo que era la persona indicada para hacer el negocio. En ese entonces, el comenzaba con la ayuda social y comenzó a mostrarme… y me dice ‘vamos a hacer el negocio del circo’”, comentó a los medios de comunicación.
El abogado Romero complementó que, antes del pago total por el espectáculo, Hurtado Grados le pedía dinero al matrimonio con la excusa de “ayuda social”.
“Primero, le pidió que done para ayuda social, mis patrocinados tienen dudas de que se haya utilizado ese dinero en esa ayuda social. ¿Cuánto le solicitó? Hablaron de 150 mil dólares, pero al final con documentos y contratos se le entregó la suma de 185 mil dólares para el circo”, señaló el letrado.
“Antes de que ella [Lizet Dunant] pueda invertir; él, en varias oportunidades, le pidió donaciones para esa ayuda social que él se jactaba que hacía con dinero ajeno”, agregó.
Dunant retornó al país al conocer la detención preliminar de Andrés Hurtado en el marco de la investigación que se le sigue por presuntos delitos como tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho, y anunció que está dispuesta a ir “hasta las últimas consecuencias”.
ENFOQUE REAL 