El Poder Judicial de Perú dictó una sentencia de 17 años de cárcel para Frederic Dewald y Francis Toupin, ambos canadienses, y Andrea Bajak, por intentar exportar 98,31 kilogramos de cocaína ocultos en diversos objetos a través del puerto del Callao. La acusación, presentada por la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao, reveló que los involucrados se encargaban de coordinar la compra y traslado de la droga desde almacenes en Villa El Salvador y Chorrillos.
Los envíos fueron camuflados en artículos como cajas chinas, tubos de cortina, adornos de elefantes y maletines, con la intención de evadir los controles aduaneros. La investigación también identificó a Jordi López como proveedor de la cocaína, quien ya había sido sentenciado por este caso. El operativo permitió desmantelar una red internacional que utilizaba rutas y métodos de camuflaje avanzados para transportar drogas fuera del país.
Tráfico de cocaína desde el Callao
Además de la condena de 17 años de prisión, Dewald, Toupin y Bajak deberán pagar una reparación civil al Estado peruano. Dewald deberá abonar S/ 700,000, mientras que Toupin y Bajak deberán pagar S/ 350,000 cada uno. La organización estaba compuesta por ciudadanos de diferentes nacionalidades, incluidos canadienses, peruanos y un venezolano, cada uno desempeñando roles específicos dentro de la estructura criminal.
Dewald y Toupin coordinaban la operación a nivel internacional, encargándose de la compra y el traslado de la droga. Bajak se encargaba de la preparación y el camuflaje de los envíos, mientras que otros miembros de la red, como Pedro Hoyos y Luis Chacín, gestionaban la logística dentro de Perú. Asimismo, Lenin Trauco fabricaba las estructuras metálicas usadas en el transporte.
¿Cómo operaba la organización?
El modus operandi de la organización consistía en esconder la cocaína en objetos comunes, como cajas chinas y tubos de cortina, para luego enviarlos por vía aérea y marítima. La red utilizaba contactos internacionales y rutas comerciales, lo que permitió llevar a cabo múltiples intentos de exportación en 2022 y 2023.
La desarticulación de la red fue el resultado de una investigación liderada por el Ministerio Público del Callao. El 1 de febrero de 2023, un operativo logró la detención de ocho integrantes de la organización, con excepción de Andrea Bajak. La Fiscalía demostró la participación de los acusados en al menos seis intentos de envío de droga al extranjero.
El primer intento detectado involucró el envío de 20,040 kilos de cocaína ocultos en cinco cajas chinas. En otro operativo, las autoridades canadienses incautaron 31,280 kilos de clorhidrato de cocaína escondidos en soportes para cortinas. A pesar de varios intentos adicionales, la droga nunca logró salir del país. Las acciones de inteligencia permitieron rastrear el patrón de camuflaje de la organización y su coordinación internacional.
El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para los detenidos, durante los cuales la Fiscalía consolidó las pruebas necesarias para avanzar en la investigación y lograr la condena de 17 años de los principales responsables.
El decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche por el régimen transitorio de José Jerí, encauza a la empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú) a su inminente privatización, aunque el Gobierno lo niegue. «Este decreto usa textualmente el Decreto Legislativo 674, que fue la base legal de toda la privatización durante el gobierno de Fujimori. Tratan de evitar la palabra privatización usando unidades de valor y figuras disimuladas, pero está diseñado para llevar adelante ese proceso», asegura a este diario Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro.
El primer efecto inmediato será la drástica reducción de personal, que alcanzará a más de la mitad de su planilla en los próximos 30 días. El universo laboral de Petroperú asciende a unos 2.600 trabajadores, y la reorganización interna prevista en el decreto derivará el despido de entre 1.500 a 1.800 empleados, según pudo conocer La República, bajo el argumento de recorte de costos.
La medida dejaría a la empresa con alrededor de 600 trabajadores para sostener todas sus operaciones en todo el país. Para concretar ello, el decreto autorizó un aporte de capital de hasta S/240 millones a fin de financiar los compromisos laborales derivados de los ceses masivos. «Esta estrategia supone una pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas», afirma el expresidente de Petroperú Alejandro Narváez.
Petroperú: el problema no es la planilla
El costo anual de la planilla de Petroperú representa menos del 5% del ingreso total de la empresa, según los estados financieros de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), presentados por Petroperú y revisados por este diario de los periodos 2023, 2024 y 2025 (disponible a setiembre de 2025), por lo que no es a todas luces el factor central de su desfinanciamiento. «El desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de optimización», advierte.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los procesos de reestructuración sin enfoque social generan costos incalculables de largo plazo que superan ampliamente los ahorros fiscales de corto plazo. En el caso Petroperú, se derivaría en costos inmediatos elevados, como indemnizaciones, liquidaciones, provisiones contables, asesorías legales y eventuales procesos judiciales que pueden extenderse durante años.
A contraparte, la deuda acumulada de la petrolera estatal bordea los US$7.000 millones, una cifra que no se ve afectada por recortes laborales ni por la eventual venta de activos inmobiliarios.
Incluso la venta del edificio central de Petroperú, tasado entre US$200 millones y US$500 millones, apenas tendría un impacto marginal frente al tamaño de la deuda. «No hace ni cosquillas a la deuda», afirman fuentes del sector.
Señalan que antes de ejecutar recortes laborales corresponde investigar las gestiones y decisiones de anteriores responsables, incluyendo a «Hugo Velásquez Salazar, Carlos Paredes Lanatta, Óscar Vera, entre otros exfuncionarios y directivos, y priorizar medidas que corrijan privilegios, ineficiencias estructurales y fallas de gestión, sin destruir capacidades internas que Petroperú necesita para sostener sus operaciones y encarar una eventual recuperación».
Para los trabajadores, un factor pernicioso del decreto es la inminente venta de activos estratégicos, que van desde inmuebles hasta unidades como la Nueva Refinería de Talara, no solo considerada el principal activo industrial de la empresa, sino el proyecto energético más importante del país con una inversión superior a los US$5.000 millones. «El principal interés privado no está en salvar a Petroperú, sino en capturar su activo más valioso: la Nueva Refinería de Talara», sostiene Aurelio Ochoa.
La norma autoriza la reorganización de activos en bloques patrimoniales y faculta a ProInversión a definir su transferencia, lo que abre el camino de un desmantelamiento progresivo de la empresa. «Están particionando la empresa. Este es un gobierno transitorio que quiere dejar armado un cambio estructural sobre las empresas estatales. No sé si se vaya a cumplir, pero la intención es clara», afirma.
Despidos en puerta y nueva gerencia en Petroperú
Fuentes del sector advirtieron a La República que asumiría un nueva gerente general en Petroperú, cargo que recaería en Zenaida Calderón, quien el pasado 30 de diciembre sostuvo una reunión con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. Al día siguiente, ambas acudieron al Ministerio de Energía y Minas para reunirse con el ministro Luis Bravo y la presidenta de Petroperú, Elba Rojas, tal como lo demuestran los registros de visitas. En comunicación con este diario, Calderón rechazó sobre dicho nombramiento y señaló que no existió comunicación sobre ese tema en las reuniones que sostuvo.
La eventual designación estaría orientada a ejecutar la ola de despidos amparada en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 pertenecientes a todas sus unidades de negocio de Petroperú. Según pudo conocer este medio, las primeras cartas de cese, muchas ya redactadas, alcanzarían al personal administrativo de la sede central de San Isidro, trabajadores del Oleoducto Norperuano, empleados mayores de 60 años, personal con menos de cinco años en la empresa y trabajadores con sanciones o memorandos internos, entre otros perfiles que vienen siendo evaluados.
No solo administrativos
El drástico recorte de personal no se limitaría a áreas administrativas. Los ajustes alcanzarían también a operaciones críticas, como el Oleoducto Norperuano y las refinerías de Conchán y Talara, que concentran personal altamente especializado. «La pregunta es quién va a operar las refinerías, los lotes y los terminales si se despide a esa masa laboral», sostienen. «Se corre el riesgo de provocar el colapso por falta de personal para luego justificar las privatizaciones», alertan.
Cabe señalar que Petroperú abastece de combustibles a hospitales, aeropuertos, Fuerzas Armadas y regiones donde el sector privado no tiene presencia, especialmente en la Amazonía. En regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, la empresa estatal concentra más del 85% del mercado en zonas donde no existe una presencia del sector privado.
En un escenario de crisis sanitaria o emergencia nacional, advierten, dejar estas funciones en manos exclusivas del sector privado debilitaría la capacidad del Estado para garantizar el suministro.
Alrededor de las 4:20 p. m. del jueves 1 de enero, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tomó conocimiento de la fuga de Rolando Gerónimo Mateo (26), quien cumplía sentencia por el delito de violación sexual en el pabellón 3 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, más conocido como penal de Potracancha.
Según el medio local Página 3, durante las primeras diligencias, las autoridades identificaron una motocicleta que habría servido para facilitar la huida del interno y que pertenecería al padre del sentenciado, quien es natural del distrito de Churubamba.
Tras el hecho, la entidad compartió un pronunciamiento a través de sus redes sociales donde detalló que el prisionero escapó bajo la modalidad de escalamiento en el perímetro comprendido entre los pabellones 1 al 4; es decir, usando una soga trepó uno de los muros del penal del torreón N11.
Reo aprovechó torreones sin vigilancia
El INPE precisó que el servicio de vigilancia externa de la zona denominada “tierra de nadie”, por donde se escabulló Gerónimo Mateo, se encontraba a cargo de la Policía Nacionaldel Perú (PNP), mediante la Sección de Seguridad de Penales (SECSPEN) de Potracancha.
“Hoy los torreones que fueron cubiertos y relevados a las 2 p.m., son T2, T4, T6, T7 y T9, quedando sin efectivos policiales de servicio los torreones T1, T3, T5, T8, T10, T11 y T12, siendo el torreón 11 donde se produjo la fuga”, se lee en el comunicado.
Comunicado de la fuga de Gerónimo Mateo. Foto: INPE.
PNP despliega operativo de búsqueda
La autoridad penitenciaria comunicó la fuga a la PNP para que emprenda las acciones necesarias de búsqueda y recaptura. Por otro lado, informó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan. Por su parte, el gobernador Antonio Pulgar se apersonó al penal de Potracancha tras tomar conocimiento del escape del interno.
Un robo a una vivienda familiar se registró en el distrito de Los Olivos, a solo tres cuadras de la Municipalidad, luego de que un delincuente trepara el muro de una casa y sustrajera diversos artefactos electrónicos valorizados en aproximadamente 3 mil soles, dentro de ellos una Play Station 5. El hecho ocurrió mientras los integrantes de la familia se encontraban descansando al interior del inmueble, sin percatarse del accionar delictivo.
Según la información recabada, los sujetos lograron vulnerar el sistema de seguridad eléctrica con el que contaba la vivienda. Pese a que el predio estaba resguardado, los delincuentes identificaron un punto específico que les permitió escalar sin ser detectados.
Cámaras registraron el accionar de los delincuentes
Las cámaras de seguridad de la zona captaron con claridad la modalidad empleada por los ladrones. En las imágenes se observa cómo dos de ellos ayudan a su cómplice a trepar el muro hasta que logra ingresar a la vivienda. Una vez dentro, los otros dos se retiran momentáneamente del lugar con el fin de aparentar que nada irregular estaba ocurriendo y no levantar sospechas entre los vecinos.
Minutos después, el delincuente que permanecía en el interior comienza a lanzar por encima del muro los objetos de mayor valor. Entre los bienes sustraídos figura una consola PlayStation 5, además de otros artefactos electrónicos y dinero en efectivo. Desde el exterior, sus cómplices reciben los artículos y los ocultan rápidamente.
Tras concretar el robo, los tres sujetos abandonan la zona caminando con tranquilidad, como si se tratara de transeúntes comunes. De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, los individuos ya habían sido vistos merodeando el sector aproximadamente cuarenta minutos antes del atraco, lo que evidenciaría una previa labor de marcaje.
Familia afectada exige mayor seguridad
El propietario de la vivienda señaló que el monto de lo robado ascendería a unos 3 mil soles. Asimismo, indicó que, pese a contar con un sistema de seguridad eléctrica, este no fue suficiente para evitar el ingreso de los delincuentes. Por ello, anunció que reforzará las medidas de protección de su domicilio para prevenir futuros hechos similares.
Vecinos de la zona expresaron su preocupación debido a la cercanía del inmueble con la sede municipal y exigieron mayor presencia policial y patrullaje constante, especialmente durante la noche. El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que analiza las imágenes de seguridad para identificar y capturar a los responsables.
Lamentablemente, una mujer murió quemada en Año Nuevo al intentar salvar a su esposo del incendio de su casa en el distrito de Lima Este de Villa María del Triunfo (VMT).
Catalina Palero, madre de familia de 68 años, no vivirá el 2026 tras querer rescatar a su compañero de vida, que estaba atrapado en las intensas llamas que consumían su vivienda.
Las intensas llamas consumieron muebles, electrodomésticos, ropa y documentos personales, dejando a los sobrevivieentes de la familia en situación de absoluta vulnerabilidad.
Según los familiares de la víctima, el siniestro se habría originado por un corto circuito dentro del hogar, que -a su vez- es producto de los constantes cortes de luz en esa zona.
«Nuestros artefactos se han malogrado, porque se va y viene (la luz). Cuando reclamamos (a la empresa proveedora), no nos hacen caso», denunciaron los deudos en América TV.
En el lugar de los lamentables hechos, «hay cables pelados», que exponen la integridad y la vida de los vecinos, que temen sufrir el mismo trágico destino que Catalina Palero.
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, designó al señor Sergio Iván Atarama Martínez, en el puesto de Gerente General de la Autoridad Nacional de Infraestructura, a partir del 1 de enero de 2026.
La Oficina de Recursos Humanos de la ANIN, concluye que el señor Sergio Iván Atarama Martínez cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función púbica de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM y sus respectivas modificatorias, así como con los requisitos del Manual de Perfiles de Puesto y no se encuentra impedido o inhabilitado para el ejercicio de la función pública, para ocupar el puesto de Gerente General de la ANIN.
La resolución señala que, teniendo en cuenta que el puesto de Gerente General se encuentra vacante en el Cuadro de Puesto de la Entidad, y conforme a los considerandos expuestos, resulta necesario designar a la persona que ejerza las funciones inherentes a dicho puesto.
La publicación de la presente Resolución Jefatural aparece esta mañana en la sede digital de la Autoridad Nacional de Infraestructura (www.gob.pe/anin), y en el Diario Oficial El Peruano.
ENFOQUE REAL 