Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo, pide dinero por Yape para pagar reparación civil y no ir a prisión

El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, volvió a generar controversia tras realizar un llamado público a sus seguidores para que le transfieran dinero con el objetivo de reunir S/50 mil y cumplir con el pago de una reparación civil derivada de un proceso judicial.

A través de una transmisión difundida en su cuenta de Facebook, Fernández sostuvo que fue citado por el Poder Judicial para una audiencia programada para el 26 de junio, luego de que uno de sus querellantes solicitara la revocatoria de la pena suspendida que se le impuso en un proceso por difamación.

Audiencia por pedido de cárcel efectiva

Según explicó el exburgomaestre, el solicitante es Víctor Burgos Mariños, quien obtuvo una sentencia favorable en una querella por difamación.

“Este sujeto llamado Víctor Burgos Mariños, que me ha ganado la querella, pues ahora está solicitando la revocatoria de pena de prisión suspendida. Quiere que vaya a la cárcel”, manifestó Fernández durante la transmisión.

Asimismo, indicó que la audiencia fue programada para las 9:00 de la mañana del 26 de junio y que su asistencia es obligatoria.

De acuerdo con sus declaraciones, el pedido de cárcel efectiva estaría relacionado con el incumplimiento del pago de la reparación civil fijada en el proceso judicial.

Asegura que bancos rechazaron otorgarle un préstamo

Fernández señaló que intentó obtener un préstamo bancario para cubrir el monto requerido, pero aseguró que las entidades financieras rechazaron su solicitud debido a una investigación por presunto lavado de activos.

“El señor del banco me dice que no me puede dar préstamo porque tengo denuncia de lavado de activos”, sostuvo.

No presentó documentación pública durante la transmisión que respalde la negativa de las entidades financieras mencionadas.

Llamado a sus seguidores y polémica por el término “esclavos”

Ante la imposibilidad de acceder a financiamiento, el exalcalde optó por solicitar apoyo económico a través de transferencias realizadas por sus seguidores.

Durante su mensaje, utilizó el término “esclavos” para referirse a parte de las personas que siguen sus transmisiones.

“Belmont tiene a sus espartanos, pero yo tengo a mis esclavos”, expresó.

Posteriormente, en otra transmisión, precisó que con esa expresión hacía referencia a simpatizantes de otras agrupaciones políticas que también observan sus contenidos en redes sociales.

Continúan las controversias alrededor del exalcalde

Fernández ha protagonizado diversas polémicas públicas durante los últimos años debido a sus declaraciones en redes sociales, enfrentamientos con autoridades y procesos judiciales.

La audiencia del próximo 26 de junio podría definir si mantiene la pena suspendida impuesta previamente o si se evalúa una eventual modificación de las condiciones establecidas por el Poder Judicial.

Allanan inmuebles en Lima y Huaraz por presunta contratación irregular de docentes en Escuela PNP de Yungay

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ejecutó el allanamiento simultáneo de tres inmuebles en la ciudad de Lima y uno en Huaraz, además de intervenir las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP) con sede en Yungay.

La diligencia se llevó a cabo a raíz de una investigación por el presunto favorecimiento en el proceso de selección y contratación de 32 docentes, tanto del ámbito civil como policial.

Según la tesis fiscal, estos profesionales habrían sido incorporados a la institución educativa policial a pesar de unas presuntas observaciones respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las bases de la convocatoria.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Fiscalía, los hechos materia de investigación están directamente relacionados con la convocatoria correspondiente al primer periodo académico para el desarrollo de unidades didácticas y actividades extracurriculares.

Este proceso formativo estaba dirigido a los estudiantes de la PNP en la modalidad presencial de la promoción 2025-I Justicieras. Las autoridades buscan determinar bajo qué criterios se pasó por alto las exigencias académicas y administrativas en la selección de la plana docente para este grupo.

Elementos incautados y delitos investigados

Durante el despliegue del operativo, el personal fiscal y policial logró incautar dinero en efectivo, váuchers de transacciones y depósitos electrónicos, así como equipos tecnológicos que incluyen teléfonos celulares, laptops y memorias externas. Asimismo, se retuvo material documental como agendas, cuadernos, apuntes y los currículums de los postulantes involucrados.

El Ministerio Público precisó que esta compleja investigación se lleva a cabo por la presunta comisión de los delitos de colusión, negociación incompatible y tráfico de influencias, en agravio del Estado peruano.

Megapuerto de Corío: aprueban dictamen para evitar conflictos e invasiones en los terrenos del proyecto

La Comisión de Vivienda del Congreso aprobó un dictamen que busca resolver el control y saneamiento de los terrenos donde se desarrollaría el megapuerto de Corío (Arequipa), iniciativa que demandaría alrededor de US$7.000 millones en inversión. Aunque el proyecto ya fue declarado de interés nacional en 2022, la propuesta del Parlamento reconoce que aún faltan mecanismos para ordenar la propiedad de los predios.

Así, se busca ordenar, sanear y asegurar los terrenos donde se proyecta levantar el futuro puerto, la plataforma logística, la zona industrial y la denominada ciudad puerto.

Es decir, antes de atraer inversionistas o construir muelles, el Estado necesita tener control legal y físico sobre el territorio donde se desarrollará el proyecto.

Por ello, el dictamen declara de interés nacional la ejecución integral del Hub Logístico Multimodal Megapuerto de las Américas Corío y el saneamiento físico-legal de los terrenos destinados a su implementación.

Puerto de Corío: Riesgos que podrían complicar el proyecto

El dictamen advierte que el área donde se desarrollaría Corío «presenta riesgos concretos» que podrían afectar su viabilidad futura. Entre ellos menciona ocupaciones informales, superposición de derechos y problemas relacionados con la situación registral de algunos terrenos.

Estas dificultades podrían convertirse en trabas para esta obra de gran envergadura si no se toman medidas desde ahora. Por ello, se plantea ordenar y asegurar los terrenos antes de que aparezcan nuevos conflictos.

Según reza un informe técnico del Gobierno Regional de Arequipa, se recomienda proteger las áreas destinadas al proyecto para evitar invasiones y nuevas ocupaciones informales que puedan afectar su desarrollo.

La mirada recae en el saneamiento físico-legal de los predios, un proceso que busca identificar quién es propietario de cada terreno, resolver potenciales conflictos y garantizar que las áreas necesarias para el proyecto queden disponibles.

El rol lo asumiría la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) que tendría como tarea iniciar las acciones para identificar, sanear y transferir predios estatales al Gobierno Regional de Arequipa.

Con esta medida se busca evitar que varias entidades tengan control sobre diferentes partes del territorio destinado al proyecto.

Según el sustento de la iniciativa, cuando existen varias titularidades y competencias dispersas suelen aparecer retrasos, duplicidad de funciones y dificultades para tomar decisiones.

La meta es que exista una sola entidad responsable de gestionar el territorio donde se desarrollará Corío.

Es decir, la apuesta es resolver primero los problemas vinculados a la propiedad de la tierra para evitar que se conviertan en un obstáculo cuando el proyecto entre en etapas más avanzadas.

Corío, uno de los mayores proyectos portuarios del país

El Megapuerto de las Américas Corío es una de las principales apuestas logísticas del sur peruano.

De acuerdo con las estimaciones del Gobierno Regional de Arequipa, la inversión total rondaría los US$7.000 millones, aunque el desarrollo se realizaría por etapas. La primera fase demandaría alrededor de US$650 millones para la construcción del núcleo portuario inicial.

El proyecto contempla una amplia zona logística, áreas industriales y una futura ciudad puerto, con la intención de convertir a Corío en un nodo estratégico para el comercio internacional y la integración de corredores bioceánicos.

Una de sus principales ventajas es su profundidad natural, que permitiría recibir embarcaciones de gran capacidad, incluyendo buques Post-Panamax y Ultra Large Container Vessels.

Recordemos que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que el plan maestro preliminar del Megapuerto de Corío sería presentado el 15 de mayo, en coordinación con la Autoridad Portuaria Nacional y ProInversión. Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado públicamente sobre la entrega o presentación oficial de dicho documento.

Este instrumento definirá los lineamientos para el desarrollo del proyecto y servirá como parte de la estrategia para atraer inversión nacional e internacional.

Según el alto funcionario, existe interés de inversionistas procedentes de China, Estados Unidos y Alemania, además de cientos de empresas vinculadas a distintas etapas del megaproyecto.

Fiscalía pide 8 años de cárcel para el general PNP Víctor Zanabria por civiles heridos en las protestas de 2022

La Fiscalía especializada en Derechos Humanos ha solicitado ocho años de prisión efectiva para el general y exjefe de la PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang, a quienes se les acusa de ‘omisión’ por no haber evitado las graves lesiones que sufrieron dos ciudadanos durante las manifestaciones de diciembre de 2022. El caso se encuentra actualmente en la fase de control de acusación en el Poder Judicial, un paso previo antes de decidir si se inicia un juicio de manera oficial.

La acusación fiscal se centra en la represión ocurrida el 12 de diciembre de ese año. Según las investigaciones, el ciudadano Renato Murillo quedó en estado de coma durante doce días tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, mientras que Benedicto Huaccachi fue herido en la pelvis por un proyectil similar. Además de la privación de su libertad, las autoridades exigen que Zanabria y Chang paguen una reparación económica a las víctimas y que se les prohíba ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.

El Ministerio Público también ha solicitado siete años de prisión para el teniente Luis Bazán, señalado como el autor directo del disparo contra Murillo. Asimismo, se piden seis años de cárcel para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita; tres años para el suboficial Dino Tarrillo; y dos años para el suboficial Eder Tasayco y el mayor José Solari, acusados también por omitir su deber de detener los abusos.

Este no es el único proceso que enfrenta Zanabria. La Fiscalía recordó que existe otra acusación en su contra con un pedido de 35 años de cárcel por el delito de homicidio calificado. Este segundo caso corresponde a la muerte de Víctor Santisteban, un manifestante que falleció tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza durante las marchas en Lima, en enero de 2023.

El debate por el fuero militar: «Es una medida inconstitucional»

Este pedido de prisión coincide con un proyecto de ley aprobado en primera instancia por el Congreso de la República, el cual busca que los delitos cometidos por policías y militares sean juzgados de forma exclusiva por el Fuero Militar Policial. Al respecto, La República conversó con Germán Vargas, secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), advirtió que crímenes de esta gravedad no pueden ser derivados a la justicia militar, ya que constitucionalmente no les corresponde.

«El fuero militar y policial es un fuero excepcional y tiene que ver con infracciones de función que perturban la misión de la institución. La tortura, las ejecuciones o las lesiones graves no tienen nada que ver con esa misión. Por lo tanto, no son delitos de función, sino crímenes ordinarios y gravísimos que deben juzgarse en la justicia ordinaria», explicó Vargas.

El especialista calificó la iniciativa del Parlamento como una «medida de impunidad inconstitucional» que contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Advirtió que, de validarse esta ley, se estarían negando los derechos a la verdad y la justicia de las familias afectadas.

Además, sostuvo que la aprobación del proyecto de ley significaría un retroceso hacia la época de los años 90, cuando se creaban «fueros de privilegio» para encubrir a malos elementos castrenses.

Un Congreso que legisla a favor de la impunidad

Para el representante de la CNDDHH, no es una coincidencia que el Legislativo intente aprobar estas reformas justo cuando avanzan las acusaciones penales contra altos mandos como el general Zanabria.

Vargas señaló que existe una estrategia de encubrimiento que se viene arrastrando de forma y que cuenta con el respaldo de bancadas mayoritarias dentro del actual Congreso.

«Esto no es coincidencia ni es algo espontáneo. Desde el año 2024 se empezaron a dar una serie de leyes de impunidad, como la ley de amnistía o la de prescripción de crímenes de lesa humanidad. Hay una responsabilidad muy grande de parte de partidos políticos que buscan favorecer la defensa de personas investigadas por estos crímenes».

PNP detuvo a presuntos implicados en ataque armado contra la empresa de transportes Z Buss

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos presuntos implicados en uno de los atentados perpetrados recientemente contra la empresa de transporte interprovincial Z Buss.

Los sospechosos fueron intervenidos cuando se desplazaban en una motocicleta, en la intersección de la avenida Santa Rosa y el jirón Rejalgar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

El comandante PNP Anthony Barrios, jefe encargado de la División de Investigación de Homicidios, identificó a los detenidos como André David Serquén Lamadrid (21), de nacionalidad peruana; y el venezolano Axel Alejandro Briceño Sidrán (20).

“El ciudadano peruano que conducía la moto tiene antecedentes. Fue detenido por tenencia ilegal de armas el 15 de septiembre del año pasado, y este sujeto venezolano se viene haciendo las indagaciones correspondientes a fin de establecer por dónde hizo su ingreso (al país), fecha”, refirió.

Según el alto mando, los detenidos pertenecerían a la banda criminal ‘Los Cono Norte King’.

Los detenidos son de nacionalidad peruana y venezolana.
Los detenidos son de nacionalidad peruana y venezolana. | Fuente: PNP

Atentados contra la empresa Z Buss 

El comandante Barrios señaló que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, los dos detenidos habrían participado en el atentado perpetrado contra la empresa Z Buss el pasado 10 de junio.

En aquella oportunidad, un trabajador del consorcio fue baleado en la estación ubicada en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Independencia. El hombre sobrevivió al ataque, pero tuvo que ser hospitalizado.

Antes de este atentado, se registraron otros tres ataques contra la empresa. El pasado 4 de junio, delincuentes balearon la fachada de la estación de la empresa, en Independencia. Días después, el 8 de junio, delincuentes lanzaron una piedra con un mensaje amenazante a un bus del consorcio. 

Y el pasado 9 de junio, sujetos desconocidos lanzaron una granada de guerra contra el negocio. El dispositivo no llegó a estallar, por lo que personal de la UDEX tuvo que realizar una detonación controlada.

Periodista Pável Yábar denuncia asalto y secuestro con presunto amedrentamiento político

El periodista independiente Pável Yábar denunció haber sido víctima de un asalto y secuestro con presunto amedrentamiento político en Lima Norte, luego de ser interceptado por sujetos armados que lo retuvieron durante varias horas dentro de un taxi, le quitaron sus pertenencias y accedieron a la información de su teléfono móvil.

El hecho ocurrió cuando el comunicador abordó un taxi en Los Olivos, tras cenar en las inmediaciones de Mega Plaza. Según su relato, el vehículo avanzó unas cuadras y se detuvo de forma repentina. En ese punto, dos personas habrían ingresado al auto: una en la parte delantera y otra en la posterior.

Yábar señaló que el sujeto ubicado en la parte trasera lo sujetó por la fuerza, mientras el conductor continuaba la ruta. Cuando intentó bajar del vehículo, los ocupantes lo habrían intimidado para impedirlo y le ordenaron permanecer sentado bajo amenazas. “Me decían que tranquilo, que no pasaba nada, que íbamos a pasear, pero no me dejaban bajar”, declaró el periodista, al describir los primeros minutos de la retención.

El comunicador afirmó que durante el trayecto fue amenazado con un arma de fuego y despojado de sus pertenencias. Luego, los atacantes le exigieron las claves de acceso a su celular y comenzaron a revisar sus redes sociales, aplicaciones y contenido personal mientras el vehículo seguía desplazándose por distintos puntos de Lima Norte.

“Me sacaron la billetera, el celular, mis lentes y mis llaves. Después empezaron a revisar todo lo que tenía en el teléfono”, indicó.

Yábar añadió que los sujetos le preguntaron por su trabajo y su posición política. En ese momento, según su denuncia, escuchó una frase que interpreta como un elemento clave del presunto amedrentamiento. “Me preguntaron por quién voté y dijeron: ‘¿por qué no aceptan que ganó Keiko?’”, relató. Además, los sujetos lo obligaron a transferir un total de S/3 mil 500 soles.

ANP pide investigación independiente y alerta por posibles represalias

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, señaló que el caso del periodista Pável Yábar debe ser investigado con independencia y rapidez. Indicó que ya existe una denuncia formal y que las autoridades deben garantizar que no haya interferencias en el proceso.

La dirigente explicó que el gremio ha solicitado a las autoridades competentes que actúen de inmediato para esclarecer lo ocurrido. “No podemos dejar estos casos en la nebulosa, tienen que esclarecerse rápidamente”, afirmó Lainez.