Jhon Torres Yataco, es ahora un suboficial de la Policía Nacional que, tras el asesinado de 18 personas el 09 de enero de 2023 a manos de efectivos policiales y militares, renunció a la institución policial.
En diálogo con La República reveló que los supuestos enfrentamientos con la policía fueron creados por la propia policía. Detalló que el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (Use), a quien identificó como el “Mayor Tapia”, días antes le pidió cuotas para comprar avellanas.
Estos aparatos explosivos, utilizados comúnmente en fiestas patronales, fueron utilizados por agentes terna contra los propios miembros del orden. Explicó que de ese modo se instigaba a manifestantes hacer lo mismo pero a la vez se tenía el argumento perfecto para decir que los miembros del orden eran atacados por vándalos con el propósito de deslegitimar las protestas.
“Yo lo he visto. Yo he estado ahí. Yo se todas las órdenes que han dado. (…) Yo doy fe que dentro de la Use estaba vestido de civil. Los oficiales lo planearon. En la formación [dentro del aeropuerto] nos dijeron que los que estaban protestando eran terroristas de sendero”, aseguró a La República.
Torres Yataco aseguró los manifestantes nunca ingresaron al interior del aeropuerto y que los enfrentamientos tuvieron lugar en el exterior del primer terminal aéreo pero, desde un sector de medios de comunicación, se vendió tal como mensaje con el propósito que el gobierno tenga el argumento adecuado para justificar la represión que terminó con la muerte 18 civiles en un solo día.
Contó que decidió renunciar porque le pareció injusto todo lo que sucedió. “No podía aceptar que el Estado, mate con impunidad violando los Derechos Humanos de los asesinados. Después que vi las fotos de las personas que habían muerto, lo pensé y decidió renunciar al día siguiente, el 10 de enero de 2023 y veinte días después emití un video con mi versión de los hechos”, aseguró.
John Torres, que ahora espera graduarse como abogado tras culminar sus estudios de derecho, afronta un proceso en la fiscalía policial militar por los delitos de deserción, ofensas e insultos al superior, por pedir la renuncia Boluarte, en su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas. El proceso sigue en curso. Contra él pidieron cuatro años de cárcel.
La Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú convocó a un paro nacional de 72 horas a partir del próximo lunes 19 de enero, en rechazo al noctámbulo decreto de urgencia N.° 010-2025, publicado por el transitorio régimen de José Jerí, el cual conduce la privatización de la empresa petrolera.
Las movilizaciones arrancarán con una jornada de protesta desde este miércoles 14 de enero, la cual incluye plantones y concentraciones en la Plaza San Martín, el edificio corporativo de Petroperú (San Isidro) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También se han programado vigilias descentralizadas en el norte, centro y sur del país. El paro nacional comenzará a las 00:00 horas del 19 de enero y comprenderá a todos los trabajadores de la empresa.
Un día después, el 20 de enero, los sindicatos llevarán a cabo una marcha con concentración en la Plaza Dos de Mayo, en coordinación con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las protestas culminarán el 21 de enero con nuevos plantones frente al MEF.
«Gobierno está llevando a Petroperú al colapso»
El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denunció que el Gobierno de José Jerí y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comandado por Denisse Miralles están conduciendo deliberadamente a la empresa estatal hacia una situación de colapso financiero.
Según los trabajadores, el Poder Ejecutivo ha optado por negar respaldo explícito, retrasar decisiones importantes y mantener a Petroperú en un prolongado estado de incertidumbre que destruye su credibilidad ante los mercados. «Esta incertidumbre no es casual ni inevitable; ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera», señalaron.
El gremio responsabilizó directamente al MEF, bajo la conducción de la ministra Denisse Miralles, por no haber diseñado un plan serio de estabilización y por transmitir al mercado la señal de que Petroperú es una empresa prescindible.
Fitch retira todas las calificaciones crediticias a Petroperú
En las últimas horas, en atención al decreto de urgencia que encamina la privatización de la petrolera, la calificadora de riesgo Fitch Ratings retiró todas las calificaciones crediticias de Petroperú y dio por terminada su cobertura analítica, al señalar que no cuenta con información suficiente y confiable para adoptar una decisión de calificación.
La agencia precisó que la medida se tomó sin emitir una acción de calificación, en un momento en el que la posición de liquidez de la empresa es débil y las conversaciones con el Gobierno aún se encuentran en curso.
Esta situación podría ser replicada en cadena en los próximos días por demás calificadoras como Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s, lo que profundizaría el aislamiento financiero de la petrolera estatal.
Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), la decisión de Fitch no es un hecho aislado, sino una alerta sobre la falta de conducción y gobernanza. «Lo más grave es que este escenario era evitable con una conducción seria: cronogramas claros, transparencia oportuna, vocería técnica, y un plan de estabilización coherente, comunicable y verificable», indicaron.
Además, criticaron las irresponsables declaraciones, casi a diario, de la ministra de Economía Dennise Miralles y el premier Ernesto Álvarez, que trajeron abajo la cotización de los bonos de 82% a 72% y que han agravado no solo la incertidumbre, sino que, en solo dos meses de gobierno, han originado una crisis sin precedentes en la historia de Petroperú.
«Cinco presidentes de directorio, cuatro gerentes generales y una contra campaña que, pareciera, orquestada con toda la mala intención de quebrar la petrolera estatal», señalaron.
Privatización de Petroperú se financiará con recursos públicos
Este domingo, el Gobierno autorizó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) transfiera S/86,4 millones a ProInversión para financiar estudios y asesorías vinculados al proceso de privatización de Petroperú.
La medida fue oficializada en el diario oficial El Peruano y corresponde al primer desembolso de los S/144 millones autorizados para que ProInversión asuma la debida diligencia, valorización de activos y estructuración legal y financiera de los bloques patrimoniales de la empresa estatal. Aún resta transferir S/57,6 millones.
Según el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, el decreto no busca rescatar a la empresa, sino «desmembrarla y venderla en condiciones desfavorables para el Estado peruano«.
El decreto contempla dividir en uno o más bloques patrimoniales los bienes de Petroperú, que pueden incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, una de las infraestructuras más modernas de América Latina y una vida útil económica estimada de 70 años, la cual es mirada con apetito por los privados.
Días antes de la resolución ministerial, ProInversión había solicitado «con carácter de urgencia» que Petroperú realice directamente la transferencia del monto, pese a la crítica situación financiera de la empresa, cuyo flujo de caja se destina principalmente al pago de acreencias, bonos y proveedores.
Tras los cuestionamientos, la agencia retrocedió y el requerimiento fue trasladado al Minem. Según la resolución, los recursos provendrán del presupuesto del Pliego 016 (Minem) y serán registrados como gastos corrientes en el rubro de donaciones y transferencias.
A estos montos se suman otros S/240 millones necesarios para financiar la ola de despidos, que podría afectar a cerca de 1.800 trabajadores, equivalente a casi el 70% de la planilla, pese a que el gasto laboral representa menos del 5% de los ingresos de la petrolera, según datos auditados y revisados por este diario en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En total, el proceso implicaría el uso de hasta S/297 millones en recursos públicos.
Agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto cabecilla de la banda de extorsionadores ‘Los Amigos del Sur’, que estaría integrada por remanentes de la peligrosa organización criminal ‘Los Trujillanos’.
El sujeto fue identificado por la PNP como José Carlos Rodríguez Fernández (39), alias ‘Chon’; quien fue intervenido en un operativo realizado en la urbanización Prolongación Benavides, en el distrito limeño de Surco.
En su poder, el sospechoso tenía un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita, teléfonos celulares y otros documentos, según fuentes policiales consultadas por RPP.
Para la Policía Nacional, ‘Los Amigos del Sur’ está vinculada a actos de extorsión contra diversas empresas de transporte formales e informales.
Cabe mencionar que, días atrás, fueron detenidos tres presuntos integrantes de la organización criminal, en un operativo realizado en Villa María del Triunfo.
“Del mismo nivel de Erick Moreno Hernández”
Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, destacó la captura de alias ‘Chon’, al que puso a la misma altura que el peligroso cabecilla criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, actualmente recluido en Paraguay.
“Estamos hablando de la captura de uno de los principales cabecillas del Cono Sur, del mismo nivel de Erick Moreno Hernández, quien operaba en el norte”, resaltó el alto mando.
El jefe policial indicó que este sujeto no solo estaría detrás de atentados contra empresas de transporte, sino también de otros cabecillas criminales.
“Sobre él también parte de las otras organizaciones que pugnan por la hegemonía habían decretado su sentencia de muerte y, por eso, estaba yéndose de un distrito a otro”, manifestó.
“Ha caído efectivamente con un arma de fuego, con dinamita, que son los objetos materiales para finalmente concretar un hecho criminal de sangre. Pero lo más importante es la valiosa información que tiene en los tres equipos de celulares que ha caído y una laptop”, sentenció.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura de alias ‘Chon’, líder de una banda criminal “dedicada a la perpetración de actos extorsivos en agravio de empresas de transporte formal e informal”.
El presidente de la república, José Jerí Oré, lideró en Palacio de Gobierno la ceremonia de ascenso de un policía que abatió a un delincuente que había atentado contra un chofer de transporte público.
El suboficial Eriksson Roy Pozo Reátegui también había participado en mayo del año 2024 en el rescate de la empresaria Jackeline Salazar, secuestrada por el cabecilla criminal Erick Moreno, alias el Monstruo. El mandatario José Jerí llamó a seguir el ejemplo del agente policial y recordó que solamente unidos se podrá derrotar a la criminalidad.
“La delincuencia es el enemigo número uno del Estado y tenemos que golpearlo con todo, al amparo de la ley y sin dudas ni temores”, sostuvo.
PRESIDENTE JERÍ RESPALDÓ ACCIÓN DE SUBOFICIAL DE LA PNP
El jefe de Estado mencionó que, en momentos en que se necesitan referentes y ejemplos aparecen buenos policías como Pozo Reátegui, quien días atrás actuó sin dudar, conforme al reglamento y la ley, frente a un delincuente que asesinó previamente a un transportista, en el distrito de Comas.
“Esta ceremonia de ascenso responde a un reconocimiento y compromiso pleno del Gobierno y del Estado. Necesitamos más Eriksson, policías valientes que, conforme a ley, actúan sin dudar”, enfatizó.
En ese sentido, el mandatario expresó a los integrantes de la Policía Nacional su total respaldo y defensa.
Eriksson Roy Pozo Reátegui fue ascendido de manera excepcional a suboficial de primera por acción distinguida.
Su intervención policial recibió el respaldo de vecinos y autoridades. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el alto mando policial destacaron la reacción oportuna y valiente del suboficial, quien actuó pese al riesgo.
El Poder Judicial, a través del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dictó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el marco de las investigaciones del caso ‘Los Socios del Callao’ por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.
De igual manera, el juez Edie Solórzano Huaraz ordenó la búsqueda y captura del ahora extitular del Gore del Callao, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre, día en que los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP allanaron su domicilio como parte de las indagaciones. Esta diligencia se realizó 6 días después de que las fuerzas del orden tuvieran la autorización del sistema judicial para llevar a cabo el allanamiento y detención.
De acuerdo con el magistrado, si bien Castillo Rojo cuenta con arraigo familiar, incurrió en conductas que evidencian un riesgo de fuga y de elusión de la justicia. Asimismo, la Fiscalía señaló que, al haber ostentado el máximo cargo en el Gore Callao, Castillo “habría permitido y facilitado un esquema de direccionamiento de contrataciones públicas”, lo que supuestamente afectó gravemente los recursos públicos esenciales.
Por ese motivo, con la finalidad de garantizar la presencia del imputado en el proceso penal y el adecuado desarrollo de la investigación, se impuso prisión preventiva contra Castillo. Cabe precisar que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva; sin embargo, solo se dictaron 24 meses.
La medida también alcanza al asesor FAG del Gore Callao, Jimmy Whu Cárdenas; la jefa de la Oficina de Logística del Gore Callao, Hiromi Zúñiga Jáuregui; el coordinador y supervisor de contrataciones sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT del Gore Callao, Wilmer Meza Natividad.
Asimismo, se impuso prisión preventiva a la especialista en adquisiciones del Gore Callao, Nancy Oriunda Quilca; el encargado del almacén del Gore Callao, César Arango Huaringa; el proveedor del Gore y Cafed Callao, Rafael Moscaisa Gutiérrez; la presunta intermediaria, Carmen Blanco Rivera. En cuanto al proveedor Luis Blanco Cabrera, se le impuso detención domiciliaria por 24 meses.
Al igual que con Castillo, se ordenó la búsqueda y captura de Whu Cárdenas, Zúñiga Jáuregui, Oriunda Quilca y Blanco Rivera.
En tanto, se impuso medidas con restricciones a Víctor Zambrano Portilla, Jaime Liza Ríos, Marco Rojas Gálvez y Roberto Rosales Carazas, quienes deberán presentarse a las citaciones del Ministerio Público y Poder Judicial cada vez que sean requeridos, pasar validación biométrica cada 30 días, abonar una caución económica de S/12.000 en un plazo de 20 días calendario y pedir permiso para viajar al interior del país.
Las defensas legales de los imputados sobre los que pesa prisión preventiva señalaron que apelarán la decisión del magistrado.
La Fiscalía allanó el domicilio de Ciro Castillo en el marco de las investigaciones del caso ‘Los Socios del Callao’. Foto: Composición/LR
Ciro Castillo: el caso
De acuerdo con la investigación fiscal, Ciro Castillo habría dirigido una presunta organización criminal dentro del Gore Callao y el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), en los cuales se direccionaron 63 contrataciones por un monto total de S/1.461.121,10, entre enero del 2023 y febrero del 2024.
Según el Ministerio Público, funcionarios y empleados del Gobierno Regional habrían utilizado sus posiciones para adjudicar contratos de hasta 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a dos proveedores, con el objetivo de eludir los procesos de selección legales. Además, cuando se realizaban licitaciones en otros sectores, las empresas modificaban sus actividades registradas en la Sunat para obtener dichos contratos.
La Fiscalía detalló que en el Gore Callao, un total de 34 órdenes de compra y 3 de servicio se destinaron a favor de un proveedor por S/874.575, mientras que existen otras 16 y 3 adjudicaciones por los mismos conceptos por S/518.525 para otro contratista
En el Cafed se habría seguido el mismo modus operandi por contrataciones por S/44.196 y S/23.825.
La Corte Suprema revisará la resolución judicial que rechazó el pedido del expresentador de televisión Andrés Hurtado, mejor conocido como ‘Chibolín’, para que se archive el delito de tráfico de influencias que le atribuye la Fiscalía Suprema en la investigación preparatoria que afronta junto a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y otros, ante dicha instancia del Ministerio Público.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró «bien concedido» el recurso de apelación que presentó Hurtado contra la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, el 12 de agosto pasado, en la que se declaró “infundada” una excepción de improcedencia de acción que presentó su defensa legal, el último 19 de marzo.
En dicho recurso, se solicitaba el sobreseimiento o archivo definitivo del delito de tráfico de influencias que se le imputa respecto a tres hechos que se investigan en la referida carpeta fiscal y que, además, se anulen los antecedentes penales y judiciales que se hubiesen generado respecto a este ilícito penal.
En ese sentido, la defensa legal del expresentador de televisión demanda en su apelación, presentada el último 22 de agosto, que se revoque la resolución o auto impugnado y, reformándola, se declare fundada la excepción de improcedencia de acción que dedujo en este caso.
¿Qué alega la defensa de Andrés Hurtado?
En la apelación, se alega que no puede existir tráfico de influencias en cadena pues, para la configuración delictiva, debe haber influencias real o simulada (vinculación o cercanía) sobre un funcionario o servidor público que este conociendo o haya conocido algún procedimiento penal o administrativo, y que además se vulneró el principio de imputación necesaria, pues no se precisó cuál de los verbos rectores se habría presentado en el presente caso, así como tampoco de qué manera se habría recibido o entregado dinero.
Ante ello, el Tribunal Supremo determinó -mediante una resolución a la que tuvo acceso RPP– que en este caso se cumplen los presupuestos procesales establecidos en el Código Procesal Penal para que la apelación sea admitida, por lo que oportunamente se deberá señalar fecha y hora de la audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
Cabe precisar que ‘Chibolín’ también es investigado en la Fiscalía Suprema por el presunto delito de cohecho activo específico en agravio del Estado dentro de este proceso penal.
En ese caso, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos investiga al expresentador de televisión por, presuntamente, haber actuado como intermediario en el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei en favor de la ahora suspendida fiscal Elizabeth Peralta, para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, y otros dos hechos.
Andrés Hurtado está actualmente recluido en el penal de Lurigancho debido a un mandato de prisión preventiva por 18 meses relacionado a esta investigación preparatoria que afronta ante dicha Fiscalía Suprema.
Asimismo, afronta otra investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el trámite que realizó a favor del futbolista Roberto Siucho, en 2019, ante la Superintendencia Nacional de Migraciones para renunciar a su nacionalidad peruana a fin de que pudiera jugar en China.
La resolución apelada
Mediante una resolución emitida el 12 de agosto de 2025 -a la que tuvo acceso RPP– el magistrado Checkley Soria determinó que, a través de una excepción de improcedencia de acción, no corresponde determinar si un investigado o imputado por un delito, efectivamente, lo cometió, ni tampoco corresponde determinar cuál fue su grado de participación (coautoría o autoría, complicidad primaria o secundaria, o instigación), ya que ello deberá ser evaluado y definido en la etapa procesal correspondiente.
“Tratándose del delito de tráfico de influencias, al resolver la excepción de improcedencia de acción, no le corresponde al juez dilucidar la probanza de los aspectos típicos del artículo 400° del Código Penal, específicamente, si se invocaron o si se tenían las influencias, o si se ofreció interceder ante ellas; habiendo quedado establecido que los hechos imputados en los tres casos investigados, sí constituirían delito de tráfico de influencias, corresponde desestimar la excepción de improcedencia de acción planteada”, precisa el juez supremo en su resolución.
ENFOQUE REAL 