Marcha de la ‘Generación Z’: anciano atacado por la PNP presenta contusiones y recibirá asesoría legal para realizar denuncia

Marcelo De La Cruz Mitma, un anciano de 69 años, fue atacado salvajemente por la Policía Nacional del Perú (PNP) el sábado 27 de septiembre. El hecho sucedió mientras protestaba junto con la ‘Generación Z’ de manera pacífica en el Centro de Lima contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. En la noche del último fin de semana, un efectivo policial, hasta ahora no identificado, agarró su bastón tonfa y lo impactó contra el rostro del adulto mayor. En consecuencia, De la Cuz Mitma quedó malherido mientras su ceja sangraba.

Un día después, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, informó sobre el estado de salud de Marcelo. El MIMP comunicó —como era de esperarse— que el anciano cuenta con contusiones en el rostro. Además, adelantó que recibirá asesoría legal para denunciar los hechos en su contra por parte de la PNP, adscrita al Ministerio del Interior.

Luego del ataque registrado en la avenida Abancay, diversos brigadistas y voluntarios atendieron al anciano con la finalidad de salvar su integridad física y su estado de salud. La agresión provocó la indignación en los demás protestantes, debido a que Marcelo de la Cruz solo se encontraba caminando desarmado y sin generar disturbios por delante del contingente policial.

Sin embargo, este no fue el único acto de represión y agresión por parte de los efectivos policiales. Diversas cámaras de seguridad, gremios y medios de comunicación reportaron que ciudadanos recibieron impactos de perdigones y que los miembros de las fuerzas del orden actuaron de manera desproporcionada contra los protestantes.

«Desde el Gobierno reiteramos nuestro respeto al derecho ciudadano a la protesta pacífica y rechazamos cualquier tipo de agresión. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y el respeto hacia las personas adultas mayores, quienes merecen una vida libre de violencia y en condiciones de plena dignidad», dijo el ministerio.

 Tweet del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Tweet del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

CNDHH reporta 18 heridos en manifestaciones contra Dina Boluarte y Congreso

De acuerdo con las cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el sábado 27 de septiembre se registró 18 personas heridas, entre ellas un periodista y un brigadista debido a la represión policial. Además, condenaron el actuar de la PNP, exigieron el cese de las agresiones.

«Hacemos un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos a velar por la integridad de la ciudadanía que, con justo derecho, se manifiesta. Ante la movilización convocada para mañana, domingo 28 de septiembre, es urgente que se adopten garantías para una protesta segura», solicitaron.

 Informe de la CNDDHH

Informe de la CNDDHH

PNP dice que investigará los hechos

La PNP se investigará a sí misma. A través de su cuenta de X, anunció que, desde la Inspectoría General, «iniciará el procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades».

Por otro lado, la PNP, sin hacer mea culpa de la represión y las agresiones, exhortó a la ciudadanía a «proteger a personas vulnerables durante las movilizaciones, evitando llevar adultos mayores o menores de edad».

Además, señaló que la información recabada será remitida a la Fiscalía para que actúe en el marco de sus competencias legales.

La verdad de EsSalud por dentro: trabajadores advierten volver a huelga nacional

“Me han reprogramado la cita dos veces en menos de tres meses; no llegó el doctor la semana pasada porque estuvo en huelga, me acaban de decir”, cuenta Abraham Vargas. Tiene 78 años y un problema en el corazón que lo lleva a realizarse exámenes al menos una vez al mes. O al menos así debería ser.

Cuenta que el problema de las citas lo ha tenido siempre. No vive cerca, y cuando llama para consultar la disponibilidad de una consulta en cardiología nunca le contestan. Cuando va presencial, como le sucedió esta semana, le dicen que deberá entrar a una lista de espera sin fecha específica.

“Me puede dar un paro en cualquier momento, y la verdad no siento que a los médicos les importe. No parece que le importe a alguien en este hospital, cuando yo siempre aporté”, dice Abraham a Perú21. Cuenta que hizo una cola de 30 minutos para que, al llegar al counter, le dijeran que no había citas hasta, al menos, seis meses. Pero que podía entrar en una lista de espera y quedar atento a su celular.

Abraham fue una de las decenas de personas que se vio obligada a pararse en una fila de consulta externa para intentar sacar cita esta semana, días después de que cesó la huelga nacional que realizaron durante quince días miles de trabajadores de Essalud, entre médicos, enfermeras, técnicos, trabajadores CAS, etc.

Ellos aseguran que lo hicieron porque sus condiciones de trabajo no eran óptimas y porque están “defendiendo los derechos de los asegurados”. En el papel, el único acuerdo ejecutado es la exclusión de un decreto legislativo que obligaba al Seguro Social a rendirle cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas, hecho que no les satisfacía.

Lo cierto es que, una semana después del cese de la huelga, los problemas de los asegurados siguen vigentes y agudizados. Y en el caso de los trabajadores de Essalud, no han visto resueltos los pedidos puestos sobre la mesa días antes. Ellos mismos fueron  los que visibilizaron el otorgamiento de la buena pro a una compra internacional de cloruro de sodio que involucra una diferencia de más de 30 millones de soles en comparación con las tarifas del mercado nacional.

El onceavo presidente ejecutivo de la entidad, Segundo Acho, aseguró a Perú21 (ver recuadro) que están poniendo en marcha las mejoras. Los gremios aseguran que su permanencia no es idónea, mientras está pendiente del voto un proyecto de ley que plantea que el directorio del Seguro Social elija su presidente, en vez de que lo haga el Gobierno.

HABLAN LOS TRABAJADORES

Perú21 pudo conversar con más de diez gremios de trabajadores que llevaron a cabo la huelga nacional en el Seguro Social, quienes aseguraron que en caso la autoridad no cumpla con las promesas del acuerdo, volverán a una huelga nacional.

“Hay una dicotomía de alto riesgo, cada año el Seguro recauda más de 17 mil millones de soles, pero el modelo de gestión no responde a las reales necesidades de los asegurados. La corrupción también ubica a Essalud en el tope de las instituciones con el más alto índice de corruptela”, mencionó Santiago Vinces, secretario general del Sindicato Nacional de Médicos del Seguro.

Él niega que la solicitud principal de quienes participaron de la huelga haya sido un aumento de sueldo, tal como lo anunció el Seguro en un comunicado.

La licenciada Vilma Alvarado, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social, advirtió que el cese de la huelga en Essalud no significa que los problemas de fondo estén resueltos.

“Como enfermeras tenemos funciones y actividades específicas en todos los niveles de atención: hospitalización, emergencias, cuidados críticos, pediatría, neonatología. Sin embargo, trabajamos sin los insumos básicos”, señaló. Entre las carencias mencionó jeringas, equipos de volutroles, llaves de doble y triple vía, que muchas veces son de mala calidad o simplemente no están disponibles.

Alvarado reconoció que, en ocasiones, el personal se ve obligado a cubrir estos gastos. “A veces sí, porque no podemos dejar sin tratamiento al paciente”, afirmó. En otros casos, incluso los familiares de los asegurados deben comprar insumos para que el tratamiento se realice de forma adecuada.

La dirigente subrayó que esta situación expone tanto a los pacientes como al personal. “Cuando una jeringa de 10 mililitros se usa en pediatría, resulta difícil medir dosis pequeñas y se corre riesgo de accidentes. Esto obliga a los padres a colaborar comprando lo necesario”, explicó.

Respecto al levantamiento de la medida de fuerza, Alvarado indicó que lo conseguido es un compromiso institucional para mejorar equipamiento, infraestructura y equipos biomédicos, pero advirtió que el sindicato realizará un seguimiento estricto. “Queremos que la institución cumpla con su obligación de dar una atención de calidad, sin desabastecimiento”, expresó.

Por su lado, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Beneficiarios CAS-COVID de Essalud, Mireille Quispe Rojas, señaló a Perú21 que la reciente huelga del gremio tuvo como uno de sus principales motores la denuncia de corrupción en las compras institucionales.

“Hay mucha corrupción en Essalud. Hemos podido percibir que ha habido una compra de los sueros fisiológicos con precios muy altos, lo que afecta el presupuesto y genera deficiencias en la atención de los pacientes”, afirmó. Según explicó, en las farmacias de la institución no hay medicamentos suficientes y los asegurados deben regresar varias veces para conseguir los fármacos que les corresponden.

El secretario general del Sindicato Unitario de Nutricionistas de Essalud, Germán Reyes, señaló a este diario que la problemática en el Seguro Social afecta directamente el trabajo de su gremio, que enfrenta un déficit de personal y carencia de equipos básicos para la atención.

“Tenemos baja cantidad de profesionales nutricionistas en el Perú. Hay lugares donde no hay nutricionistas, se cubre con serumistas o locadores de servicio”, explicó. Además, detalló que en su labor diaria carecen de materiales esenciales como tallímetros, balanzas y equipos para realizar diagnósticos y evaluaciones nutricionales.

El dirigente indicó que, pese a la firma de compromisos, los problemas de fondo no se han resuelto. “Vamos a estar constantemente monitorizando que se cumplan los acuerdos. Entendemos que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero nuestra labor como sindicato es fiscalizar”, señaló.

Uno de los principales problemas es la sobrecarga laboral. Reyes precisó que un nutricionista llega a atender hasta 200 o 250 pacientes en hospitalización, cuando lo adecuado sería entre 40 y 50. “Eso no nos permite realizar una evaluación nutricional personalizada y adecuada para cada paciente”, advirtió.

El caso de Abraham y de miles de asegurados refleja que, pese al levantamiento de la huelga, los problemas en Essalud permanecen: largas colas, falta de citas, desabastecimiento y personal sobrecargado. Los gremios que paralizaron 15 días insisten en que lo conseguido hasta ahora es apenas un compromiso en el papel y advierten que, si la institución y el gobierno no cumplen, volverán a tomar las calles. 

RESPONDE ESSALUD

El presidente de Essalud dio a Perú21 su versión sobre los cuestionamientos:

“Hay algunos establecimientos de salud con brecha de personal asistencial porque el número de médicos especialistas, enfermeras e integrantes de otros grupos ocupacionales es insuficiente. Sin embargo, también normas legales han obligado a la institución a incorporar a personal, por lo que se hizo una evaluación integral para identificar las diferentes brechas y redistribuir el recurso humano.

Pese a eso en algunos establecimientos de salud aún estamos carentes de recursos humanos. Además, cada año cesan 300 a 400 trabajadores del régimen del Decreto Legislativo 276, lo que hace incluso más profunda la brecha de personal en algunos establecimientos de mayor complejidad. En la práctica, Essalud está implementando medidas orientadas a cerrar la brecha de personal asistencial para optimizar la atención de los pacientes asegurados. Según lo dispuesto en la Ley N.° 32136, entre octubre y noviembre próximos se llevará a cabo un proceso de promoción interna. Sobre el desabastecimiento, estamos en permanente vigilancia del ‘stock’ de medicamentos e insumos médicos en las diferentes redes asistenciales y prestacionales de Essalud. Nuestra prioridad es la atención de calidad y calidez a los asegurados, y para ello es fundamental que las redes cuenten con los medicamentos e insumos. Nuestra preocupación es constante y trabajamos de manera preventiva en ese aspecto.

Según la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), de Essalud, a la fecha, en todas las redes asistenciales y prestacionales del país, hay un abastecimiento del 90.41% en el rubro de medicamentos, de 90.55% en material de laboratorio y de 87.78% en el rubro de laboratorio. En coordinación con las gerencias de las redes, se están depurando y actualizando los presupuestos no ejecutados de enero a junio de este año para cumplir un compromiso de ejecución del 99% en esos rubros hasta noviembre próximo. En cuanto a las compras, el 13% corre a cargo de la CEABE y el 87%, a cargo de las redes.

Es importante resaltar que durante la paralización se cumplió con el 80% de las citas externas en todas las redes asistenciales y provinciales del país. El porcentaje de ausentismo se vivió más en Lima. Estamos desarrollando un plan de reprogramación de citas según la realidad de cada red prestacional y asistencial. La estrategia es la optimización de espacios y la implementación de un tercer turno en consultas externas, con el consecuente aumento de horario de atención, y la apertura de turnos de noche y de sábados y domingos, salas de operaciones”.

Caos en el Centro de Lima: Manifestantes ocasionan daños al ornato en el Jr. de la Unión

La nueva marcha contra el Gobierno, el Congreso y la inseguridad ciudadana convocada para hoy, sábado 27 de septiembre, ha traído graves daños a la vía pública en el Centro de Lima. Decenas de protestantes ingresaron al Jr. de la Unión para ocasionar destrozos al ornato, pasada las 9 de la noche. 

(Noticia en desarrollo…)

Congreso exige explicaciones por presunta filtración policial a ‘El Monstruo’

El impacto que ha generado la captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay, no solo ha sacudido a las autoridades del sistema judicial y policial del país, sino que también ha abierto una profunda grieta de dudas sobre la transparencia interna de la Policía Nacional del Perú (PNP). A raíz de ello, el congresista Edward Málaga Trillo ha solicitado de forma oficial la citación del ministro del Interior, Carlos Malaver, y del suspendido comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, ante la Comisión de Defensa del Parlamento.

El motivo de esta solicitud no es menor: existen graves acusaciones de una presunta filtración de información dentro de la PNP que habría favorecido la huida de uno de los delincuentes más buscados del país.


¿Qué dijo Erick Moreno tras su captura?

Erick Moreno Hernández, cabecilla de una organización criminal acusada de secuestro, extorsión y sicariato, fue detenido el 25 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay, tras una operación coordinada entre Interpol y las autoridades peruanas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones del propio detenido al momento de ser presentado ante el tribunal.

Según sus palabras, habría recibido apoyo de miembros de la Policía Nacional para evadir los operativos que buscaban capturarlo. Estas afirmaciones, aunque no han sido corroboradas oficialmente, encendieron las alarmas dentro del Congreso y la opinión pública, cuestionando el verdadero alcance de la corrupción interna dentro de la institución policial.


¿Qué solicita el congresista Edward Málaga?

Mediante un oficio dirigido a la presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, el congresista Edward Málaga formalizó su pedido para que el ministro Malaver y el general Zanabria comparezcan públicamente. El documento remarca la necesidad urgente de brindar una explicación clara, oficial y sustentada sobre las supuestas irregularidades cometidas por agentes de la PNP en este caso emblemático.

Además, Málaga enfatiza que este caso no debe ser tratado como un hecho aislado, sino como un síntoma de un problema estructural que podría estar afectando directamente la efectividad de las fuerzas del orden en la captura de otros criminales peligrosos que, hasta hoy, siguen prófugos.


¿Cuál es el impacto de estas sospechas en la PNP?

El caso “El Monstruo” ha generado una situación incómoda para la Policía Nacional del Perú, justo en un momento donde el gobierno de Dina Boluarte intenta fortalecer la seguridad ciudadana. De hecho, la presidenta felicitó públicamente a la PNP por la captura internacional durante su intervención en la Convención Minera Perumin 2025 en Arequipa. Sin embargo, la sombra de una posible filtración podría desdibujar ese logro.

Edward Málaga advierte que esta situación mina la confianza ciudadana en la Policía, y resalta que “las declaraciones del detenido no pueden ser pasadas por alto”. En este contexto, considera urgente que se conozcan las medidas preventivas y correctivas adoptadas dentro de la institución para sancionar posibles actos de encubrimiento o corrupción.


¿Qué se espera del ministro Malaver y del general Zanabria?

Ambos funcionarios tienen la oportunidad –y la responsabilidad– de aclarar públicamente las acciones emprendidas por el Ministerio del Interior y la PNP frente a esta grave denuncia. En particular, el Congreso espera conocer:

  • ¿Existieron agentes que filtraron información clave a Erick Moreno?
  • ¿Se han iniciado investigaciones internas?
  • ¿Cuáles son las sanciones previstas en estos casos?
  • ¿Qué estrategias se están implementando para evitar futuras fugas?
  • ¿Se están depurando las filas policiales de agentes corruptos?

De acuerdo con Málaga, una respuesta vaga o evasiva solo alimentaría el escepticismo social y dañaría la legitimidad de toda la institución policial.


¿Qué dice la ciudadanía?

En redes sociales, las reacciones han sido mixtas. Si bien hay sectores que celebran la captura internacional de “El Monstruo”, otros exigen mayor transparencia y justicia real, especialmente cuando se trata de mafias que operan con redes infiltradas incluso dentro del Estado.

“El verdadero logro será cuando sepamos que no hay más policías encubriendo a delincuentes”, escribió un usuario en X (antes Twitter).


¿Por qué es importante esta citación para el futuro de la seguridad ciudadana?

El caso de Erick Moreno Hernández representa mucho más que la detención de un criminal: es una oportunidad crítica para evaluar la integridad del sistema policial y el compromiso del gobierno con una lucha frontal y honesta contra el crimen organizado.

La citación al ministro del Interior y al comandante de la PNP podría abrir la puerta a reformas estructurales que garanticen que este tipo de complicidades no se repitan. De lo contrario, cada operativo exitoso corre el riesgo de ser empañado por dudas legítimas sobre su transparencia y autenticidad.


¿Se atreverá el Congreso a llegar al fondo del asunto?

La Comisión de Defensa tiene una responsabilidad histórica en sus manos. Dejar pasar este caso sin una investigación profunda significaría un grave retroceso en la lucha contra la criminalidad y la corrupción interna. Por ello, la ciudadanía estará atenta a lo que ocurra este lunes en el Congreso, cuando se espera que este y otros temas vinculados a la seguridad nacional sean debatidos con seriedad y rigor.

Padre de joven preso por protestar en Marcha de la Generación Z señala que su hijo tiene epilepsia y trabaja

Samuel Rodríguez, el joven de 21 años que fue condenado a cumplir una prisión preventiva de 3 meses, acusado de haber golpeado a un efectivo policial durante la ‘Marcha de la Generación Z’ acontecida este 21 de septiembre; sufre de epilepsia. Así lo acreditó por intermedio de una declaración jurada su padre Mario Rodríguez, quien también acreditó que su menor hijo trabaja dentro del negocio familiar, por lo que tendría arraigo familiar y social y la medida de prisión preventiva dictada en su contra no respondería a los causales necesarios y básicos para que sea promulgada.

Rodríguez, además de tener que consumir una medicación constantemente por su condición como persona con epilepsia, se encuentra recluido con heridas superficiales -provocadas por los disparos de perdigones que impactaron en su cuerpo durante la protesta- y con lesiones traumáticas corporales, acreditadas por un informe médico del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

 Declaración jurada del padre de Samuel Rodríguez | Foto: LR.

La acusación fue realizada por Christian Gutiérrez de la Cruz, fiscal penal titular de Lima Centro. Además, la prisión preventiva de 3 meses en contra de Rodríguez fue dictada por el 21 ° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima. La medida fue dictada este 25 de septiembre y, al día siguiente, el joven fue trasladado al penal de Ancón II.

Rodrigo Noblecilla, abogado de Samuel, señaló que la detención de su patrocinado ha sido realizada de manera irregular: “Se ha enviado a Samuel a prisión, pese a que el Decreto Legislativo 1585 —aplicado en su momento a Kenji Fujimori para concederle arresto domiciliario— señala que la pena efectiva debe ser excepcional y reservada para delitos graves con sanciones mayores a diez años. En otras palabras, quienes sobornan, saquean y dañan al país desde hace décadas reciben un trato con guantes de seda, mientras a un joven de apenas 21 años se le impone prisión preventiva —no una sentencia— como escarmiento, dirigido tanto a los manifestantes en general como a la llamada generación Z en particular”, publicó el letrado en su cuenta de Facebook.

Teníamos identificados hasta 15 policías que apoyaban a ‘El monstruo’, dice exjefe policial

La noche del último miércoles, Erick Moreno Hernández, alias ‘El monstruo’, fue capturado en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Al día siguiente de su detención, el líder de ‘Los injertos del cono norte’ dijo a la prensa que había recibido información de algunos efectivos policiales peruanos sobre los operativos de búsqueda en su contra. “Siempre, siempre”, fue su respuesta a una periodista que le hizo la consulta.

Dos días después de su captura, el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, señaló que cuando se encontraba en funciones identificaron hasta15 policías que apoyaban a Moreno Hernández.

“Hasta ese momento teníamos entre 13 y 15 identificados policías de otras unidades [que apoyaban a ‘El monstruo’]. De otras unidades, de comisarías, Dipincri, de unidades especializadas, en emergencias. [Eran] suboficiales. Después ya se sabe que ha habido hasta tres [o] cuatro que ya están incluidos, incluso mencionados en expedientes fiscales que siguen trabajando”, expresó.

“De ahí se tenía información fuera de pantalla sobre que había un envío de dinero hacia cierto nivel de oficialidad. Entonces, eso no se puede hablar mientras no se pruebe. [¿Cómo envío de dinero a ciertos oficiales?] Que le estaban pagando a ciertos oficiales de alto mando”, acotó.

Asimismo, precisó que también accedió a audios que probarían que dos alcaldes también estarían involucrados con ‘El monstruo’; sin embargo, evitó dar nombres.

“A mí me han hecho escuchar muchos audios de conversaciones con alcaldes, por ejemplo: ‘El monstruo’ con alcaldes. [¿Puede mencionar que alcaldes?] No podría mencionarlo. [¿Cuántos por lo menos?] Por lo menos con dos. [¿Congresistas?] Después se tiene la información porque ‘El monstruo’ tiene relación con ciertos personajes de construcción civil y estos personajes de construcción civil luego aparecen en el Congreso. Entonces, ahí vemos como que hay una relación y luego nos enteramos que había una repartija de los cupos y también de los pagos de las aportaciones que van a construcción civil”, señaló.

‘El Monstruo’ era el brazo armado de una organización más grande

Asimismo, Francisco Rivadeneyra afirmó que Erick Moreno Hernández era parte de una organización más grande, en la cual cumplía el papel de “brazo armado”.

“Aparte había otra investigación de una parte de cabeza, no cabeza de ‘El monstruo’, sino cabeza de una estructura más grande, una mafia, donde había otros personajes y ‘El monstruo’ estaba aquí abajo. […] Él era el brazo armado de esa organización [que era más grande]. Entonces, yo veo esta investigación más esta otra investigación, más el trabajo que estaba desarrollando y yo digo: ‘uy’, esto es grande”, señaló.