La estabilidad del Gabinete Ministerial encabezado por Denisse Miralles pende de un hilo. Las principales bancadas del Congreso de la República parecen haber sellado un pacto de unidad para exigir una reestructuración profunda del Ejecutivo, y han condicionado el voto de confianza a cambios inmediatos en el equipo ministerial y a la ratificación del Estado como administrador de los activos estratégicos de Petroperú.
A puertas de la presentación del voto de confianza el próximo miércoles 18 de marzo, varios legisladores y líderes políticos expresan su rechazo a la composición del gabinete como el resultado de una repartija de cuotas políticas y a sus recientes medidas en medio de la emergencia energética que vive el país.
Condicionan voto de confianza para que no privaticen Petroperú
Diversas bancadas parlamentarias han adelantado que el voto de confianza no está garantizado y que su otorgamiento dependerá estrictamente de un compromiso formal por parte del Ejecutivo: descartar cualquier plan de privatización de Petroperú.
Al respecto, el segundo vicepresidente del Congreso, Ilich López de Acción Popular, se mostró en contra de la elección de la premier Millares y sus funciones, al considerar como improvisaciones las últimas medidas de la emergencia energética y la educación. De hecho, sostuvo que la primera ministra debería meditar la posibilidad de su renuncia.
“Tanta improvisación llevará a que se elija un nuevo presidente en breve tiempo. Ojalá ocurra lo primero”, señaló en su cuenta de X.
La bancada de Podemos Perú elevó la apuesta política también al anunciar que su respaldo al Gabinete está sujeto a una garantía tangible. Guido Bellido informó que el grupo parlamentario exige un compromiso documentado por parte del Ejecutivo que asegure la permanencia de Petroperú bajo administración estatal antes de definir su postura en el voto de confianza.
Según indicó Bellido, el Gobierno no debería entregar las empresas nacionales a compañías privadas o monopolios y advirtió que su bancada necesita garantizar la soberanía energética del país.
“Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gabinete garantice que no se va a privatizar Petroperú. Queremos un compromiso documentado, no solamente palabras”, sostuvo.
En esa misma línea, José Luna, fundador del partido Podemos Perú, manifestó su rechazo a la continuidad del Gabinete Miralles, endureciendo la postura de su bancada frente al Ejecutivo. El político fue tajante al señalar que si no se adoptan acciones concretas para garantizar que Petroperú no será privatizada no darán el voto de confianza.
“Debemos defender nuestros recursos estratégicos y la soberanía energética nacional, dejando atrás la política de favorecer a empresas transnacionales en desmedro de los peruanos”, agregó.
Al respecto, Denisse Miralles señaló que el gobierno de Balcázar adoptó una postura clara frente a los cambios que se realizan en Petroperú para solucionar los problemas financieros que afronta la empresa. Asimismo, señaló que el decreto de urgencia promulgado cuando era ministra de Economía busca optimizar la operatividad y reactivar sus activos.
«Desde el primer momento fuimos bastante claros indicando que Petroperú no se privatiza (…) Nunca estuvo en el plan privatizarla, nunca fue una solución», indicó.
Asimismo, la premier del PCM también se pronunció sobre la virtualidad en las escuelas y recalcó que era una medida necesaria ante la crisis; además, también negó que el reinicio de clases presenciales se deba a una presión de los grupos políticos por el voto de confianza.
«No es la razón (…) al tener prácticamente el 10% de lo que normalmente teníamos de disponibilidad de GNV (…) teníamos una problemática, sino realizamos medidas de priorización, medidas de reducción de tránsito corríamos un gran riesgo (…) estas medidas no son improvisadas (…) Esas medidas han permitido ahorrar, reducir el tránsito vehicular y por tanto el consumo de esos combustibles. El lunes el tráfico en Lima se redujo entre 20 y 30 %», sentenció.
Previo a que el Ejecutivo oficializara la suspensión de las clases virtuales, Keiko Fujimori manifestó que Fuerza Popular condicionaría el voto de confianza a dicha medida. En la misma línea, la bancada de Avanza País adoptó una postura similar y anunció que promovería la interpelación y eventual censura de los titulares de Energía y Minas (Minem) y Transportes y Comunicaciones (MTC), a quienes responsabilizan por la crisis del GNV.
Bancadas piden cambios de Ministros
El gabinete de Denisse Miralles llega al Congreso con un lastre pesado: al menos cinco de sus integrantes enfrentan investigaciones fiscales activas por delitos que van desde colusión agravada hasta presunto genocidio. Este factor ha sido el principal argumento de bancadas como Fuerza Popular, APP y sectores de izquierda para exigir una limpieza inmediata del equipo ministerial.
Al respecto, Diego Bazán, congresista y candidato a diputado por La Libertad de Renovación Popular, recalcó la postura de su partido a negar al Gabinete Miralles por las “cuotas políticas”, pero también indicó que el Ejecutivo debe reestructurar el gabinete y postular perfiles técnicos.
“Se tiene que reformar (…) esperamos que tenga criterio esta vez para poder colocar gente evidentemente técnica sin cuotas políticas dentro de los gabinetes”, mencionó.
Desde las canteras de Alianza para el Progreso, intentan desmarcarse del gobierno interino de José María Balcázar y negar vínculos con el poder de turno. César Acuña sostuvo que no tiene relación con el renunciante Luis Quiroz, que hasta el último 10 de marzo ocupó la cartera de Salud.
Juan Carlos Velasco jura como nuevo ministro de Salud
Frente a este panorama y el pedido de confianza a cuestas, Juan Carlos Velasco Guerrero juró como nuevo ministro de Salud. Su llegada ocurre, sin embargo, horas después de que la misma Denisse Miralles declarara a la prensa que ella no había propuesto a nadie para reemplazar a Luis Quiroz. “No tenemos pensado hacer ese cambio inmediatamente», señaló.
Esta situación se suma a la nube de cuestionamientos alrededor del gabinete, recordando que la primera ministra había informado que al asumir el cargo, no conocía los nombres del equipo ministerial que la acompañaría. Además, pese a las investigaciones fiscales en su contra, diversos ministros permanecen en sus carteras con la expectativa de recibir el respaldo del Congreso durante la sesión de confianza.
El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, acumula investigaciones por colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo. Es el perfil más resistido por la oposición de derecha. Así como Jiménez, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, se encuentra investigado por colusión simple.
Hugo Begazo, ministro del Interior, también es investigado por la presunta falsificación de un documento público para el saneamiento de una comisaría de Santa Anita cuando se desempeñaba como jefe de región policial.
Wilfredo Alejandro Sifuentes, ministro de Vivienda, cuenta con seis procesos abiertos por usurpación de funciones, lavado de dinero y aprovechamiento indebido del cargo.
Lo mismo ocurre con Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, quien enfrenta una pesquisa por omisión de funciones y genocidio, vinculada a su rol previo como ministra de Desarrollo Agrario y Riego durante las protestas sociales ocurridas en el gobierno de Dina Boluarte, entre 2022-2023.
En el caso de Denisse Miralles, titular del PCM, es investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo; sin embargo, la primera ministra no ha detallado el delito por el que es investigada.
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