El gobierno de José María Balcázar declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 30 días ante el aumento de la criminalidad. La norma dispone control policial con respaldo militar y permite la restricción de derechos constitucionales en las zonas intervenidas.
«Declarar por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú determina las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos», se lee en el Decreto.
Durante la vigencia de la medida podrán limitarse la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, entre otros derechos. Además, los eventos públicos masivos requerirán autorización previa de las autoridades.
El decreto dispone patrullaje integrado de Policía, Fuerzas Armadas y serenazgo en zonas consideradas críticas, así como operativos de control de identidad en espacios públicos, transporte y viviendas, de ser necesario.
También se establece la prohibición de que dos adultos circulen en una misma moto lineal, salvo excepciones específicas, y se autoriza el decomiso de armas ilegales y otros elementos vinculados a actividades delictivas.
«Prohibición del tránsito de dos (2) personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular L1 y L3 (motos lineales). Se exceptúa el cumplimiento de la presente restricción al personal de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, del Serenazgo Municipal y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en ejercicio de sus funciones; así como, para el traslado del cónyuge, conviviente declarado conforme a ley, hermanos e hijos mayores de edad, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad inscritas en el registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS», agregan.
La norma señala que la declaratoria responde al incremento de homicidios, extorsiones y otros delitos violentos registrados en Lima y Callao. El Ejecutivo indicó que las medidas buscan restablecer el orden interno y reducir los índices de criminalidad en ambas jurisdicciones.
De Soto afirmó que, al recibir la propuesta de Balcázar, dejó claro que no sería “pantalla de nadie” y exigió discreción para elegir a sus ministros. Sin embargo, la designación inesperada de Denisse Miralles como jefa de Gabinete frustró la juramentación prevista
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