Cesar Acuña: ciudadano denuncia entrega de víveres con material de Alianza para el Progreso durante período electoral

Un reciente video difundido en TikTok y compartido por el portal Epicentro muestra cómo una camioneta alusiva a los colores e imágenes de campaña vinculadas a César Acuña es utilizada para repartir cajas de leche entre vecinos de una localidad. Las imágenes evidencian que una colaboradora de campaña, vestida con indumentaria relacionada con Alianza para el Progreso y con su líder, César Acuña, distribuye las cajas de leche junto con publicidad de este partido.

Según pudo constatar el propio Epicentro, la camioneta captada está registrada como propiedad del exgobernador regional de La Libertad. Se trata de una camioneta Hilux del año 2026.

Cabe mencionar que, según la Ley de Organizaciones Políticas, la entrega de dádivas, regalos, dinero u otros bienes por parte de un candidato o su equipo a ciudadanos durante épocas electorales está completamente prohibida. Esto se debe a que puede configurarse como una conducta clientelista orientada a asegurar votos a cambio de beneficios inmediatos.

Hasta el momento, César Acuña y Alianza para el Progreso no se han pronunciado sobre este hecho.

Poder Judicial confirmó la autorización de levantar el secreto bancario de Pedro Castillo en caso ‘Los Niños’

El Poder Judicial confirmó la autorización judicial que permitió levantar el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo y un grupo de congresistas por el caso ‘Los Niños’.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar «infundado» el recurso de apelación que presentó la legisladora de la bancada de Acción Popular, Silvia Monteza, para revocar la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley el 21 de abril del 2,025.

En dicha resolución, el magistrado declaró «fundado en parte» el requerimiento que hizo el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación para que se levante el secretario bancario de Monteza y los demás implicados en este caso respecto al periodo comprendido entre el 21 de julio del 2021 al 31 de diciembre del 2022.

La defensa legal de la legisladora sostenía que en la resolución apelada no se consideró que su patrocinada goza de inmunidad parlamentaria, por lo que se está vulnerando el procedimiento especial para el procesamiento penal de altos funcionarios, el requerimiento fiscal desde su interposición resulta absolutamente nulo de pleno derecho porque se ha realizado sin autorización previa del Congreso de la República y que el mismo no supera el test constitucional de proporcionalidad ni se ha demostrado que la medida sea idónea necesaria y ponderada ni tampoco se acreditar que la información bancaria sea imprescindible para esclarecer los hechos.

No obstante, el tribunal supremo determinó que la recurrente no ha demostrado que la resolución impugnada incurre en los agravios que plantea en su recurso de apelación ni tampoco se desvirtúan los fundamentos que sustentan la decisión recurrida. «Por consiguiente, se debe destinar el recurso y ratificar la decisión venida en grado».

«Alegar que, por su condición de congresista, la recurrente no es pasible de ser investigada por presuntos hechos delictivos carece de asidero legal porque no contraviene norma constitucional ni legal alguna», indicó la sala suprema.

El colegiado supremo remarca también que el requerimiento fiscal está sustentado con suficientes elementos de convicción que persuaden de la existencia de sospecha razonable y además, la idoneidad y la necesidad de la medida se manifiestan porque la información bancaria requerida contribuirá a determinar o descartar las imputaciones que le atribuye la Fiscalía.

Organización criminal y tráfico de influencia

El 25 de julio del 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo y un grupo de congresistas, incluida la legisladora Silvia Monteza, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado a raíz del caso ‘Los Niños’.

El Ministerio Público atribuye a dicho grupo de parlamentarios ser parte de una presunta organización criminal denominada ‘Los Niños’ que habría encabezado el entonces presidente Pedro Castillo, a través de la cual habrían ofrecido votar en contra de mociones de vacancia y censura solicitadas en contra del exmandatario y de los integrantes de sus gabinete ministerial, así como votar a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el exjefe de Estado a cambio de que estos legisladores manejen ministerios u oficinas públicas descentralizadas.

Ya no es “Lima, potencia mundial”: Rafael López Aliaga promete ahora que Perú será “potencia turística”

Siguen las frases rimbombantes. Pese a que como alcalde metropolitano no convirtió a Lima en potencia mundial, tal como lo prometió en campaña electoral, el hoy candidato presidencial Rafael López Aliaga ha ofrecido ahora que el Perú será “potencia turística” en un eventual gobierno de Renovación Popular.

Mediante un nuevo plan de gobierno, distinto al que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), López Aliaga ha prometido que convertirá al país “en una potencia turística, para lo cual habrá un shock de inversiones en infraestructura para unir a todos los pueblos”.

Sin detallar acciones sino generalidades, el líder de Renovación Popular señaló que, cuando termine su mandato, el número de turistas internacionales se elevará de 4 millones en el 2025 a 10 millones en el 2031. “Se hará posible la meta con la promoción del turismo internacional complementada con el shock de inversiones de infraestructura vial, aeroportuaria, hotelera y gastronómica”, sostuvo.

En su plan de gobierno se indica que impulsarán una mejora de la conectividad área, marítima y terrestre, acompañada de procesos aduaneros y migratorios digitalizados. “Esto facilitará la movilidad de los turistas, reducirá las barreras (visados) y agilizará los controles”, se agrega. Pero no se da más detalles de cómo se logrará todo ello.

«Un Dubái en la Costa Verde»

Esta no es la primera vez que Rafael López Aliaga anuncia este tipo de promesas. En octubre pasado, ofreció habilitar un ‘Dubái’ en la Costa Verde si es que ganaba las próximas elecciones generales del 12 de abril.

Logrará esto último, según él, mediante el turismo de cruceros que ha ido planeando tras los viajes internacionales que realizó como alcalde de Lima.

“(Esta actividad) se concentra poco en el Callao. Lo que hemos hecho es un máster plan con la Costa Verde y los viajes a Arabia Saudita, a Qatar y a Emiratos Árabes fueron, justamente, para involucrar a la inversión extranjera en tener un ‘Dubái’ en el Perú”, dijo por esos días.

Es preciso mencionar que el candidato de Renovación Popular se encuentra vinculado al sector turístico porque mantiene acciones en negocios hoteleros y ferroviarios en el Cusco, lo que podría ser también un potencial conflicto de intereses.

Propuestas inviables

En otros sectores, López Aliaga ha propuesto al menos 15 promesas que han sido calificadas de populistas, inviables y controversiales por los expertos.

En seguridad, propuso la construcción de cárceles en la selva para que estén ‘vigiladas’ por serpientes (shushupes). También planteó que los extranjeros indocumentados usen grilletes electrónicos o sean expulsados por barcos. A eso se suma el regreso de los jueces sin rostro y la salida de la Corte IDH.

En otros temas, anunció que otorgará DNI a los concebidos, creará una criptomoneda peruana oficial para atraer capitales al país y habilitará que el Banco de la Nación compre oro informal a través de una empresa que certifique la trazabilidad.

Además, propuso llevar la capital del Perú a Junín y construir 14 aeropuertos en 5 años; principalmente el que conecte Oxapampa (Pasco), que fue fundada en 1891 por colonos austroalemanes, con Frankfurt (Alemania).

Parte de una estrategia

Para el politólogo politólogo Eduardo Salmón, estas propuestas son presentadas para llamar la atención, hacerse más conocido y ganar votos entre los electores conservadores y aquellos que exigen mano dura.

“Estas propuestas son una estrategia. Lo que realiza, primero, es llamar la atención apelando a lo estrambótico, a lo absurdo, porque sabe que le falta ser conocido fuera de Lima. Por otro lado, con sus desatinos e improperios, busca también mantener a un sector reaccionario y conservador que se identifica con él”, explicó Salmón.

César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: «No fue para pedir ministerios»

El candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, reconoció en una conferencia de prensa que se comunicó con Hernando de Soto antes de la toma de juramento del nuevo gabinete ministerial de Denisse Miralles. Sin embargo, según la versión del exgobernador de La Libertad, su intención de comunicarse no era para interceder en la conformación del gabinete, sino felicitarlo.

«Tan pronto me entere por los medios de comunicación que nuestro amigo Hernando de Soto había aceptado ser premier lo que hice fue el sábado en la tarde llamarlo para felicitarlo, porque era una muy buena noticia para el Perú (…) Por si acaso no lo he llamado para pedir ministerios, lo he llamado para felicitarlo», señaló en una conferencia de prensa.

El excongresista mencionó que mantiene amistad con De Soto, razón por la cual buscó comunicarse con él desde el pasado 21 de febrero. Al no obtener respuesta, dejó un mensaje y volvió a llamar el domingo, pero nuevamente el excandidato a la presidencia no respondió.

«Sábado no me contestó, entonces al siguiente día yo lo llamé de nuevo y no me contestó, les voy a enseñar las llamadas, porque acá las cosas son claras. No hay muchas llamadas. La llamada del sábado a las 10:39 de la noche. El día domingo a las 7:15 de la noche, no me contestó y como no me contestó (…) le escribí con tanto cariño: ‘te estaba llamando por agradecerte haber aceptado ser el primer ministro, con esto demuestras cuando te interesa el país, todo mi apoyo, un abrazo’. Entonces no son muchas llamadas como dan a entender muchos medios, son dos llamadas que no me contestó y aquí están las pruebas que fueron para felicitarlo. «, recalcó.

Las declaraciones del líder de Alianza Para el Progreso responden a lo dicho por Hernando De Soto, quien aseguró tener un «par de decenas de llamadas» de Acuña. El que hasta ayer se veía como primer ministro, indicó que no le contestó a él ni a otro representante de «algún partido político» porque se considera «independiente».

Acuña niega haberse comunicado con Balcázar

En otro momento de la conferencia de prensa, Acuña intentó negar su relación y presencia en el gobierno interino, asgurando que no llamó al presidente José María Balcázar para recomendar a personas como ministros dentro del Gabinete. Respecto a las acusaciones de presuntos beneficios a través de ministerios, señaló que no los necesita para su campaña.

«No he llamado al presidente para que designe tal o cual ministro, yo no gano nada que tal o cual ciudadano sea ministro. No gano nada, yo estoy preocupado en otras cosas y además yo no gano nada de los ministerios porque porsiacaso yo no necesito de los ministerios para ganar la campaña, mi campaña lo hago con mi trabajo, con mi esfuerzo, trabajo de más de 45 años, así que yo lamento que ayer toda la tarde, casi todos los medios Acuña y Acuña», dijo.

Denisse Miralles sobre salida de Hernando De Soto: «quería hacer cambios adicionales»

La flamante premier, Denisse Miralles, reveló las razones que llevaron a que Hernando De Soto se bajara del barco horas antes del anuncio del nuevo gabinete ministerial de José Bálcázar.

La presidenta del Consejo de Ministros reveló que la ceremonia se suspendió debido a que el economista Hernando De Soto pretendía modificar la lista de ministros pactada, a último minuto.

«Él había informado que quería hacer cambios adicionales», reveló Miralles.

Según la premier, los ministros habían sido citados a las 8 de la mañana en Palacio de Gobierno con la intención de realizar la ceremonia de juramentación al mediodía, sin embargo, el presidente Balcázar anunció que De soto había planteado modificaciones a la nómina de ministros que ya se encontraba lista.

Ante el escenario de incertidumbre y la presión de los ministros, el Ejecutivo se habría visto obligado a buscar una alternativa inmediata, con la finalidad de evitar la paralización de las acciones estatales.

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CANCILLER APOYÓ EL CAMBIO

Por su parte, el cancillero Hugo de Zela respaldó la versión de la premier haciéndo hincapié en que la situación de emergencia nacional ameritaba un gabinete lo antes posible.

«Había que tomar una rápida decisión sobre quién iba a ser primer ministro ante la posición que había tomado el señor De Soto de no querer continuar siendo primer ministro, porque los nuevos cambios que él había propuesto no habían sido aceptados por el presidente», explicó el canciller.

Este hecho llevó a que, finalmente, Denisse Miralles aceptara el cargo de presidenta del Consejo de Ministros y el resto del gabinete jurara por el cargo el mismo día pero en horas de la noche.

PREMIER RECHAZA DECLARACIONES

Respecto a las declaraciones vertidas por Hernando De Soto sobre la presencia de cuadros vinculados a Alianza para el Progreso y sectores «cerronistas» en el nuevo gabinete Balcázar, la premier mostró su total rechazo y pidió evitar especulaciones sobre su nombramiento.

«Yo soy una funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política, nunca la he tenido y yo respondo a mi país», manifestó.

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano por la demora injustificada de más de 20 años en cumplir una sentencia judicial que favorecía a un jubilado, lo que constituyó una violación a sus derechos humanos. La resolución fue comunicada el 2 de diciembre de 2025.

El caso se remonta al 24 de julio de 2003, cuando los tribunales peruanos ordenaron que Eduardo Nicolás Cuadra Bravo fuera incorporado al régimen pensionario correspondiente al Decreto Ley n.º 20.530. A pesar de la claridad del fallo, no se determinó con certeza qué conceptos debían tomarse en cuenta para el cálculo de su pensión y, por lo tanto, la cantidad que le correspondía.

Durante años, la deuda por su pensión llegó a S/ 1.124.705,50. Foto: difusión

A consecuencia de ello, durante las décadas que duró el proceso, el monto varió reiteradas veces —en incrementos y reducciones—, lo que ocasionó una deuda por dicho adeudo, que ascendió a S/ 1.124.705,50 millones con el Banco de la Nación. Para cumplir con la obligación, la entidad le redujo un 20% de su pensión mensual.

Al analizar el caso, el Tribunal determinó que el caso del señor Cuadra Bravo derivó de una problemática estructural en Perú: la demora injustificada e innecesaria en la ejecución de decisiones judiciales. En ese sentido, la institución declaró que el país violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1, 25.1 y 25.2.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la integridad personal y el proyecto de vida del agraviado.

Fallo de la Corte IDH

Como parte de la condena, la Corte Interamericana ordenó una serie de medidas obligatorias contra el Estado peruano para reparar el daño causado a Cuadra Bravo. En primer lugar, dispuso que el país no pueda exigirle ni cobrarle ningún monto por concepto de supuestas deudas derivadas de su pensión. En consecuencia, el adeudo de más de S/ 1,1 millones quedó sin efecto.

Además, como medida de satisfacción, ordenó que el Estado publique un resumen de la sentencia en el Diario Oficial El Peruano y en un medio de amplia circulación nacional, así como difundir el fallo completo en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial por al menos un año.

Respecto a la reparación económica, la entidad estableció el pago de US$10.000 por daño material, debido a los descuentos indebidos realizados a su pensión, y de US$20.000 por daño inmaterial, por la incertidumbre y la afectación a su proyecto de vida tras más de 20 años sin conocer el monto que debía percibir. Asimismo, dispuso el pago de US$10.000 por costas y gastos del proceso judicial en Perú y de US$5.000 por su representación legal ante el sistema interamericano.