Ipsos: Boluarte, Fujimori y Acuña empatados en encuesta de poder

La presidenta Dina Boluarte, junto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el fundador de Alianza para el progreso (APP), César Acuña, lideran la encuesta de poder 2024, sondeo elaborado por Ipsos Perú, para la revista Semana Económica.

Esta es la primera vez en la historia que dos personajes ajenos al Gobierno ocupan una cuota de poder similar a la de un jefe de Estado.

En el primer lugar de la encuesta se ubica Dina Boluarte con un 76%, nueve puntos porcentuales menos respecto al 2023, en segundo lugar se encuentra Keiko Fujiori con un 75% y Acuña con un 71%.

El top 10 de los más poderosos del Perú

Según el sondeo de Ipsos, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, es la cuarta persona más poderosa del país con 39%, seguido de Julio Velarde con un 38% y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, con 37%.

En tanto, el estudio arrojó que el prófugo Vladimir Cerrón es la sétima persona con más poder en el Perú. Completan la lista el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (24%), Alberto Fujimori (21%) y Carlos Rodríguez Pastor (20%)

Ministro Juan José Santiváñez amenaza con denunciar a periodistas que difundan audios con ‘Culebra’

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que denunciará a los periodistas quienes difundan audios en los que se revelaría conversaciones con el capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.

“Nos ha enviado un mensaje (Juan José Santiváñez) en una clara y abierta amenaza en la que anuncia que actuará contra los periodistas que difundan su imagen y estos audios que han sido confirmados por el capitán Junior Izquierdo conocido como ‘Culebra’ y también en una reunión aceptada por el ministro Santiváñez”, señaló la conductora del programa periodístico de Panorama.

En ese sentido, este domingo 1 de setiembre, se conoció un nuevo audio entre el integrante del Poder Ejecutivo y el capitán PNP el cual se escucha que el vehículo presidencial denominado como «cofre» en clave, fue utilizado para facilitar la movilización del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lleva más de 300 días prófugo de la justicia .

En conversación, el capitán Junior Izquierdo le preguntó a Santiváñez Antúnez por qué el auto presidencial fue visto en la playa. El ministro de Estado le contestó que en dicho vehículo estaría movilizando al exfuncionario regional para que la Policía Nacional no lo pudiera capturar tras ser sentenciado por el Poder Judicial en octubre de 2023.

Estos diálogos podrían revelar que el auto de Dina Boluarte habría sido colocado estratégicamente en la playa de Pisco para que luego fuera utilizado por Vladimir Cerrón para que no sea detectado por la Policía Nacional.

«Cuando lo ven en Primax, ya lo habían dejado en Pisco», dice Santiváñez respecto a la foto que se popularizó donde se ve dicho vehículo presidencial en el grifo.

¿Qué funcionarios habrían ayudado a Vladimir Cerrón para que evite entregarse a la justicia?

Tras la difusión de los nuevos audios, los cuales fueron proporcionados por el propio capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, determinados funcionarios gubernamentales y militares habrían colaborado en el encubrimiento y fuga del extitular del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Cerrón.

Asimismo, se menciona la participación de militares activos y presuntamente un general en retiro, quien anteriormente estuvo al mando de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin). No obstante, en el material auditivo no se revelaron las identificaciones de las personas involucradas en posibles actos irregulares, pero hacen referencia a «grandazos» y a un «secretario», el cual se podría presumir que sería el secretario general de Palacio de Gobierno, Enrique Ernesto Vílchez Vílchez.

Además, en la conversación se indica que habría una cooperación entre congresista de la República y otros ocho militantes de la Fuerza Área del Perú en los esquemas de encubrimiento. Santiváñez Antúnez habría detallado la red de protección en torno a Cerrón Rojas, explicando cómo estos funcionarios del Estado de alto rango coordinaron para garantizar la impunidad del sentenciado por corrupción.

«Fue por orden de uso (ininteligible) Esa orden de uso del cofre sale de Palacio, de un funcionario y tenemos el correo electrónico. La cuestión es que ya sabemos, ya hemos identificado, a los dos funcionarios de Palacio. Son grandazos», se escucha en los audios.

PJ evaluará el 3 de septiembre si ordena a la Fiscalía precisar razones por las cuales pidió que Patricia Benavides entregue su celular

El Poder Judicial evaluará el martes 3 de septiembre si ordena al Ministerio Público precisar las razones por las cuales solicito a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, la entrega de su celular en la investigación que le sigue por presunta organización criminal

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso de apelación que presentó la exmagistrada para que se revoque la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el último 25 de abril en la que declaró infundado el recurso de tutela de derechos que presentó para que el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza hiciera estás precisiones.

Patricia Benavides demanda en su recurso de apelación la revocatoria de la decisión adoptada por el juez supremo Checkley Soria, así como el amparo del pedido de su tutela de derechos.

Ante ello, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín escuchara en la fecha programada a las partes involucradas a fin de emitir un veredicto definitivo al respecto.

La sala suprema dispuso, además, requerir al Ministerio Público una copia de la disposición fiscal del último 8 de enero en la que se inició diligencias preliminares sobre este caso.

LA RESOLUCIÓN APELADA

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó Patricia Benavides para que se ordenara a la fiscal suprema Delia Espinoza precisar las razones por las cuales le solicitó entregar, de forma voluntaria, su celular o los teléfonos de su uso personal como parte de la investigación preliminar que se le sigue por presunta organización criminal.

La defensa legal de la exmagistrada demandó que se precise lo siguiente: 1) el tipo de información que se busca extraer (registro de llamadas telefónicas, mensajes de texto, contenido de aplicativos como Whatsapp, chats, llamadas vía aplicativo, archivos de imagen, audio y video, etcétera); 2) las fechas de las comunicaciones que se busca extraer; y 3) las comunicaciones puntuales entre la investigada con personas identificadas.

Los abogados de Patricia Benavides consideran necesarias estas precisiones a fin de evitar que se vulnere el derecho a la intimidad de su patrocinada y que no se continúe con la violación del debido proceso y del derecho de defensa.

No obstante, el juez supremo Checkley determinó que la precisión solicitada por la defensa legal de la suspendida magistrada el último 31 de enero es “extemporánea”, porque se pidió con posterioridad al plazo establecido para la entrega voluntaria de estos equipos que estuvo programado para los días 25 y 26 de enero.

“En principio, se observa que la solicitud de precisión fue presentada el 31/01/2024, esto es, cuando ya habían transcurrido las fechas programadas para la entrega voluntaria (días 25/01/2024 a las 15:00 horas y 26/01/2024 a las 11:00 horas). Si la defensa consideraba que era necesario efectuar alguna precisión en la Disposición N°7 del 22/01/2024, que requirió la entrega voluntaria de celulares, lo lógico y razonable era que la petición sea efectuada antes de dicha fecha”, indica el magistrado en una resolución emitida el último 25 de abril a la que tuvo acceso RPP.

El juez supremo Juan Carlos Checkley remarca que la disposición emitida por el despacho de Delia Espinoza en la que hizo este requerimiento se encuentra fáctica y jurídicamente fundamentada, ya que cumplió con indicar cuáles son los motivos que justifican el pedido de entrega de teléfonos celulares por parte de Patricia Benavides, indicándose expresamente que habría utilizado su teléfono celular y el aplicativo Signal para realizar coordinaciones relacionadas con los hechos investigados.

El magistrado recordó que el Ministerio Público ha señalado que Benavides Vargas habría utilizado el aplicativo Signal, identificándose el número telefónico desde el cual fue utilizado, conforme a la declaración de su exasesor Jaime Villanueva Barreto, quien reveló que la suspendida magistrada habría utilizado dicho aplicativo “con el fin de evitar que identifiquen sus comunicaciones y presuntas coordinaciones ilícitas”.

Checkley Soria también precisa que encontrándose la investigación en una fase de diligencias preliminares no resulta razonable que la defensa de la suspendida magistrada requiera al Ministerio Público un mayor detalle en la información que se pretende recabar del teléfono o teléfonos que se entreguen, como la identificación de las comunicaciones que se extraerán o el nombre de las personas con las cuales se habrían producido dichas comunicaciones, siendo suficiente que se haya indicado que la información a recabar será aquella correspondiente a los hechos investigados, según la delimitación en la disposición de inicio de diligencias preliminares, y de ser el caso, de las disposiciones fiscales que precisen dichos hechos.

“Por lo anterior, al efectuarse el requerimiento de entrega voluntaria de equipos de telefonía no se observa la vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso, al secreto de las comunicaciones, o de alguna garantía constitucional o de norma procesal, sino que el requerimiento fiscal fue emitido conforme a lo estipulado en el artículo 218° numeral 1 del CPP, correspondiendo desestimarse por infundada la tutela de derechos presentada”, concluye el magistrado.

Hania Pérez de Cuéllar tras críticas: «La oración jamás la entenderán quienes buscan corromper a los más frágiles»

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, se pronunció respecto a las críticas que recibió luego de que, el último miércoles, durante una visita oficial a Juliaca, pidió a los presentes que «recen» para que los funcionarios públicos como ella no sean «tentados en robar».

Como se recuerda, el pasado 28 de agosto, durante la colocación de la primera piedra del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado en dicha localidad, la titular de Vivienda dedicó palabras de índole religioso a la población, sobre todo, apuntó a los críticos de la gestión del Ejecutivo.

«Dios está con nosotros porque estamos trabajando por el bien de todos. ¿Seguirán criticando? sí, aprovechando los errores porque los habrá. Van a provocar conflictos, van a mentir, pero yo les digo ahora con seguridad y firmeza: no nos van a detener», sostuvo.

«Con todas las piedras que nos tiren seguiremos construyendo el camino de la dignidad para Juliaca. Yo les pido con profunda humildad que oren, que recen por todas las autoridades para que no flaqueemos, para que no seamos tentados en robar y sigamos trabajando con la frente en alto. En el nombre de Dios y de los apus declaro este proyecto bendecido”, agregó.

«La oración jamás la entenderán quienes buscan corromper a los más frágiles»

Luego de ser criticada por estas expresiones, la ministra de Vivienda, a través de su cuenta en la red social X, indicó este viernes que «la oración jamás la entenderán quienes buscan corromper a los más frágiles».

«La oración es un acto de fe y esperanza. Quienes tratan de desacreditarla deberían reflexionar sobre sus acciones y buscar un cambio hacia el bien. La oración jamás la entenderán quienes buscan corromper a los más frágiles, causar daño y patrocinar la maldad«, sostuvo.

Asimismo, la titular del MVCS señaló que ella es una ministra creyente que cuando habla a un «pueblo creyente» ambos «se entienden».

«La verdad es simple: cuando una ministra creyente habla al pueblo creyente, se entienden. Lo demás es cuento. Hoy es tiempo de que todos los peruanos creyentes elevemos una oración por un Perú reconciliado, más justo y próspero», resaltó.

PJ no puede ordenar prisión preventiva contra Nicanor Boluarte tras cambio de definición de organización criminal, dice abogado

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, sostuvo que el Poder Judicial no puede ordenar una prisión preventiva de 36 meses contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, después que el Congreso de la República cambió la definición de organización criminal.

«Lo único que hace es dilatar una discusión que trae una serie de consecuencias en términos de afectación de derechos, como le digo, afecta mi derecho de contradicción, afecta el derecho de que yo pueda pedir que se controle la tipicidad de la acción y lo más grave: vamos a promover una prisión preventiva sobre la base de un artículo que ha sido derogado en parte. Entonces, ¿cómo puedes meter preso a alguien si la norma que tú estás aplicando ya no existe?», dijo.

Para Luis Vivanco los plazos de la audiencia de caso ‘Los Waykis en la Sombra’ tienen que prolongarse y cumplirse con todos los requisitos. «Una vez que se haya saneado esa perspectiva el requerimiento, ya nos sentaremos a discutir si corresponde o no corresponde una prisión preventiva», añadió.

Rechazan recurso de exjefa de Qali Warma

Este jueves, el Poder Judicial declaró infundado un recurso de cuestión previa presentado por la defensa legal de la exjefa del programa Qali Warma, Griselda Herrera, investigada por tráfico de influencias y organización criminal, por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

La defensa de la investigada pretendía que antes de evaluarse el pedido de prisión preventiva contra su patrocinada, la Fiscalía debía adecuar su requerimiento a los alcances de la Ley 32108, que establece nuevos criterios para tipificar el delito de organización criminal, indica una publicación del Poder Judicial en las redes sociales.

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, afirmó estar de acuerdo con la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho y aclaró que este rechazo al recurso afecta «transversalmente» al caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

«Porque el juez ha expresado claramente que las cuestiones previas únicamente proceden pese a la ausencia de un requisito de procedibilidad expresamente reconocido en la ley (…) Lo que está diciendo el juez es, oye el argumento de fondo no se discute en este incidente. Si tú quieres discutir este argumento, tienes que plantearlo en la vía correspondiente, y la vía correspondiente podría la misma audiencia que va a continuar el día de mañana», dijo.

Nicanor Boluarte es acusado por la Fiscalía de comandar una red de corrupción, ‘Los Waykis en la Sombra’, que designaba prefectos y subprefectos a cambio de «dádivas económicas», aprovechando el «poder de facto» que recibió de la mandataria. Así, el hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte junto a otros funcionarios captaron afiliados para solicitar el registro de Ciudadanos por el Perú en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Jorge Angulo dice que abrazo entre Boluarte y Santiváñez adelanta «juicio de valor» de que ministro «cuenta con el apoyo»

El abrazo de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es un “desacierto”, en medio de la polémica por la filtración de un supuesto audio en el que se escucharía al titular del Mininter contar que la mandataria le pidió la disolución de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) a cambio de su nombramiento. Así lo consideró esta mañana el excomandante general de la Policía, Jorge Angulo.

En La Rotativa del Aire, Angulo Tejada consideró que, si bien el Ejecutivo puede apoyar a Santiváñez Antúnez hasta que una investigación determine responsabilidades, el abrazo representa que se está adelantando “un juicio de valor”.

“Estamos acostumbrados a ver este tipo de descalabros del Gobierno, una serie de desaciertos y hechos… [¿Se refiere al abrazo?] Me refiero en forma general, porque estamos viendo que hay un escenario de una investigación seria frente a un funcionario público [ministro del Interior], prácticamente, con un abrazo, están adelantando un juicio de valor de que cuenta con el apoyo. Puede contar con el apoyo hasta que el órgano jurisdiccional o la investigación determine si hay responsabilidades”, alegó.

El ex alto mando policial consideró así que se debe investigar la denuncia del capitán PNP y agente de la Diviac, Junior Izquierdo (alias ‘Culebra’), quien asegura haber grabado al ministro del Interior días antes de su juramentación al cargo.

“Como un ciudadano más, me da un poco de frustración tener que estar viendo este tipo de noticias donde un alto funcionario se puede haber involucrado en una investigación y en donde ponen en tela de juicio la transparencia de una gestión”, precisó.

En otro momento, el excomandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo Tejada, se refirió a la resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada en parte la demanda de amparo que interpuso contra el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros, por su destitución del cargo el pasado 22 de enero.

En el programa La Rotativa del Aire, Angulo Tejada señaló que la resolución, emitida por el juez constitucional Alexis Anicama Budiel, le ha dado la “razón” por precisar que hubo una afectación al “derecho” y falta de motivaciones en la Resolución Suprema que estableció su salida del puesto y su pase al retiro.

“Estamos evidenciando que efectivamente nos dan la razón de que hubo una arbitrariedad, ilegalidad y fue un acto abusivo que afecta la institucionalidad de nuestra policía”, declaró.