Comisión sin autonomía para elegir a la Junta Nacional de Justicia

Subordinación. Grupo es presidido por el defensor del fujicerronismo, Josué Gutiérrez. También lo integran Francisco Morales, otro sumiso del Congreso; el contralor Nelson Shack, quien fue blindado por los legisladores, y la rectora Jeri Ramón.

Al finalizar la legislatura, el proyecto de reforma de Gladys Echaíz para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no obtuvo los 87 votos necesarios para su aprobación. En este contexto, toma relevancia el plan B, que consiste en el proceso de elección de nuevos magistrados mediante una comisión especial cuya composición ha sido anticipadamente determinada por el Congreso.

De momento, el presidente de la comisión especial, Josué Gutiérrez, ya emitió la resolución sobre los integrantes y hay claramente tiene una tendencia inclinada hacia los intereses de los partidos con presencia en el Congreso y, en especial, de Fuerza Popular y Perú Libre.

Presidencia dudosa

De acuerdo a ley, la comisión especial es presidida por el defensor del Pueblo. Por tal motivo, el Congreso se esforzó en poner en dicho puesto a una persona muy afín a sus propósitos.

Josué Gutiérrez fue elegido sin criterios de meritocracia y sin acreditar experiencia mínima en temas de derechos humanos. Su designación se dio como resultado del pacto entre los partidos de la acusada Keiko Fujimori y el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

Producto de este pacto, Perú Libre aportó con votos para que Fuerza Popular coloque a sus allegados en el Tribunal Constitucional y, en correspondencia, la bancada naranja le concedió la Defensoría al cerronismo.

Si la meritocracia debe ser un factor clave para la elección de los nuevos miembros de la JNJ, Josué Gutiérrez sería el menos indicado para dirigir el proceso: apenas se instaló en el puesto, modificó y relajó los estándares y requisitos de la Defensoría para colocar a dedo a sus allegados en altos cargos.

Gutiérrez también presentó un proyecto que ya le aprobó el Congreso, para eliminar el concurso público para la elección de los adjuntos defensoriales.

También es suya la autoría de otro proyecto para que la actual JNJ pueda ser rellenada con quienes sacaron las más bajas calificaciones en el proceso de elección del 2019. Este texto ya fue aprobado en primera votación en el Parlamento.

Plan B para cooptar la JNJ

Cruz Silva, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL), subraya que estamos ante un plan B de las fuerzas del Congreso para cooptar la JNJ o generar su implosión desde dentro.

Sobre la comisión especial, la abogada cuestiona también la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, quien, según detalla, “ha sustentado dos decisiones que violan el Estado de derecho”.

El primer caso es sobre “la liberación ilegal del condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos Alberto Fujimori, yendo contra una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Y el segundo caso es sobre el proceso de amparo de los magistrados de la JNJ Aldo Vásquez e Inés Tello, “violando la independencia del sistema de justicia y el sistema de control”.

Cruz Silva también cuestiona la presencia en la comisión del actual contralor Nelson Shack, quien logró una ley con nombre propio para poder perpetuarse en el cargo. Este funcionario también fue blindado por el actual Congreso, respecto de una denuncia constitucional por negociación incompatible.

La comisión especial también está integrada por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón, quien, según recuerda la abogada del IDL, “ha estado en contra de las bases mínimas del Estado democrático”, durante las protestas sociales.

La comisión también tiene como miembro al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien está en sintonía con el Congreso, en su propósito de eliminar la JNJ.

Gobierno de Dina Boluarte pedirá al Congreso convocar a sesión extraordinaria por delegación de facultades

El Gobierno de Dina Boluarte solicitará al Congreso convocar a sesionar de forma extraordinaria para ratificar en segunda votación la delegación de facultades legislativas que pide el Poder Ejecutivo solicitó y que fue aprobada el pasado 15 de junio. Esta información fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, José Arista.

Con esta solicitud, Boluarte busca delegar al Poder Ejecutivo la facultad de delegar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional por el plazo de noventa días calendario.

Por su parte, el Congreso, durante la primera votación, optó por tratarla de manera individual, el dictamen procedente de la Comisión de Constitución, por lo que las 10 materias y 62 submaterias fueron objeto de debate y reconsideraciones.

Cabe resaltar que durante la primera votación, Martha Moyano, quien preside esta Comisión del Congreso, buscó que esta solicitud del Ejecutivo sea exonerada de una segunda votación; sin embargo, el Pleno optó por rechazarla luego de que Alejandro Soto iniciara la respectiva votación.

Asimismo, el período anual de sesiones 2023-2024 del calendario congresal culminó el pasado sábado. Es por eso que el Ejecutivo busca que los parlamentarios puedan establecer un día más de pleno para tratar este tema, que es crucial para el gobierno.

Esta solicitud debe ser acatada por el Congreso de forma obligatoria, así lo confirmó el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, quien informó que la presidenta tiene esa prerrogativa; no obstante, cuestionó que la presidenta busca que se convoque a sesión solo para este tema.

Dina Boluarte: ¿qué facultades legislativas aprobaron en el Congreso?

En la primera votación, el pleno aprobó los siguientes puntos del texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 7752:

2.1 Referido al fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos.
2.2 Mejora de la calidad de la inversión pública.
2.3. Fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.
2.4. Reducción de costos de transacción.
2.5. Acceso y competencia en servicios financieros.
2.6. Equilibrio fiscal.
2.7. Tributaria.
2.8. Política criminológica y penitenciaria.
2.9. Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.
2.10. Seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.

Dina Boluarte ¿Por qué el Ejecutivo pidió facultades para legislar en diversos temas?

El 3 de mayo pasado, el Ejecutivo solicitó al Congreso facultades para legislar durante 90 días en asuntos relacionados con la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la defensa nacional.

Según el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el objetivo del gobierno es impulsar la reactivación económica, simplificar procesos y reformar la gestión de la actividad empresarial. Además, se pretende hacer más eficiente la recaudación fiscal y fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión tributaria.

Daniel Urresti sería beneficiado con ley fujimorista de amnistía, advierte Carlos Rivera

Luego de que el representante del Estado peruano negara en la audiencia ante la Corte IDH que la iniciativa del Congreso que pretende dar impunidad a los delitos contra los derechos humanos y crímenes de guerra, sea una Ley de Amnistía, el abogado Carlos Rivera advirtió que los imputados de al menos 30 caso saldrían libres de cualquier acusación, entre ellos, Daniel Urresti.

«La consecuencia es, como lo dice textualmente la norma, que se debe considerar nula e inexigible esa resolución sancionatoria. En consecuencia, la persona va a decir ‘se promulgó mi ley’ y, por lo tanto, me voy a mi casa, en los casos que tienen una sentencia condenatoria. (¿Urresti podría beneficiarse?) Sí, claro», respondió el abogado en una entrevista en RPP.

Respecto a las intervenciones de los defensores de esta ley, que en su mayoría son parlamentarios fujimoristas y de sus bancadas satélites como Renovación Popular y Honor y Democracia, quienes argumentan que el Estado peruano es autónomo, el abogado indicó que el Perú firmó un tratado internacional, por lo que está «sometido» a este.

«Primero, un asunto de carácter general, la Corte es un es el órgano de un tratado que el Perú ha firmado y ha ratificado. Por lo tanto, todos los órganos del Estado peruana y la sociedad peruana están, digamos de alguna manera, sometidos a las disposiciones de este tribunal internacional. La Corte consecuentemente, sobre ese entendimiento, ese tipo de principios de derecho internacional actúa sobre la base de sus atribuciones jurisdiccionales y en el caso específico de la audiencia que hemos tenido el día de hoy , lo hace porque ha emitido sentencias en el caso de Barrios Altos, de la Cantuta, y otros casos que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad», manifestó.

En ese sentido, Rivera indicó que el proyecto de Fernando Rospigliosi y José Cueto está basado en una premisa falsa al afirmar que en el Perú los crímenes de lesa humanidad se calificaron así desde que entró en vigencia el Estatuto de Roma, ya que todos los casos fueron sentenciados en base al Código Penal, y que en el transcurso del proceso, por la naturaleza del crimen, este se califica como delito de lesa humanidad.

«En el curso del proceso investigación penal, hay una actividad probatoria que está dando cuenta de que ese no es un delito común, no es un homicidio cualquiera, sino que hay ciertas características y condiciones que determinan que ese crimen expresa una particular gravedad un acto inhumano», comentó.

Dina Boluarte no da entrevistas, pero Gobierno lanza nueva estrategia de comunicación: “Presidencia Informa”

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte continúa su intento de mejorar la comunicar las acciones del Ejecutivo. No obstante, en su abanico de opciones, no se encuentra el hecho de que la mandataria brinde declaraciones a la prensa.

En mayo se presentó a Fredy Hinojosa Angulo como vocero de la Presidencia de la República. Esta designación generó revuelo, ya que la Constitución establece que el vocero oficial del gobierno es el presidente del Consejo de Ministro.

No obstante, este lunes, a través de la cuenta de X de la Presidencia, se lanzó el “microinformativo” denominado ‘Presidencia Informa’. De acuerdo a la publicación, se busca mostrar “las acciones más resaltantes del Gobierno”.

El video es presentado por Sabrina Chiroque, licenciada en Comunicaciones por la Universidad de Lima, quien primero indicó que la presidenta Boluarte supervisó las obras en del Megapuerto de Chancay.

Asimismo, también señala la inauguración de 8 Escuelas Bicentenario “beneficiando a casi 10,00 escolares”. Por último, da detalles del nuevo Centro de Servicios al Contribuyente de Sunat implementado en Ate, para los contribuyente de Lima Este.

Al finalizar el video, la presentadora indica que “todos los lunes” se llevará a cabo este “microinformativo” con “las noticias más importantes del Ejecutivo”.

En tanto, Dina Boluarte sigue sin atender a los periodistas.

Raúl Pérez dice que visita de Boluarte a megapuerto de Chancay «era un evento donde no íbamos a dar declaraciones”

Cuando se le consultó el motivo por el cual el personal de seguridad impidió el viernes último que los periodistas hagan preguntas a la presidenta Dina Boluarte durante su visita oficial al megapuerto de Chancay, respondió: “No tengo conocimiento de qué es lo que ha pasado. Era un evento donde no íbamos a dar declaraciones a la prensa”.

El Instituto Prensa y Sociedad de Perú (IPYS) rechazó hoy las “prácticas adoptadas” por el Ejecutivo que atentan contra el trabajo de la prensa al impedir acceso a información de interés público. En el distrito de Chancay, los periodistas habían sido cercados por el personal de seguridad de la jefa del Estado.

Nación Wampis al ministro Quero: “El abuso sexual contra niños y niñas es un delito”

Firme y claro. La Nación Wampis le respondió al ministro de Educación, Morgan Quero, y expresó que el abuso sexual contra niñas y niños no es una práctica cultural sino un delito.

El mensaje fue difundido por las redes sociales a través de Lennina Tukupi, comunicadora de la organización indígena.

“Señor ministro de Educación, Morgan Quero, el abuso sexual contra niños y niñas no es una práctica cultural de los wampis, es un delito”, expresó.

Tukupi reporta las más de 524 denuncias que se realizaron entre los años 2010 y 2024 que involucran a docentes de la región y detalla que de estos casos solo 24 profesores han sido separados de sus funciones en instituciones educativas del distrito de Río Santiago.

La representante refiere que las autoridades locales han informado al Ministerio de Educación y a la Dirección Regional de Educación de Amazonas sobre la necesidad de sancionar a los directores que encubren estos casos. No obstante, hasta la fecha, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre las medidas a tomar.

“El Estado peruano no garantiza seguridad para niños y niñas wampis”, culmina el pronunciamiento.

INDIGNANTES DECLARACIONES

El Colegio Médico del Perú (CMP) rechazó el domingo la afirmación del ministro de Educación, Morgan Quero, respecto a que las violaciones sexuales contra menores de la etnia awajún, en la región Amazonas, son prácticas culturales.

El exministro Daniel Alfaro consideró “lamentable” que el funcionario haya intentado justificar un delito que debe castigarse con todo el peso de la ley.

La presidenta Dina Boluarte, sin referirse a las condenables palabras de su ministro de Educación respecto de los abusos sexuales contra niñas y niños de la etnia awajún, manifestó que su gobierno tiene el “compromiso” de proteger a “cada niño y niña del Perú” de cualquier tipo de violencia.

Sin embargo, llamó la atención otra voz del gobierno. Como si no hubiese sido suficiente la indignación por las lamentables declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, respaldó las declaraciones de su colega del gabinete.

Hernández coincidió con lo dicho por Quero y afirmó que las agresiones sexuales son “prácticas culturales” cuando fue consultada por el tema.

“Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido. Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir”, afirmó en una rueda de prensa.